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Zimbabue: Las fuerzas de seguridad plantean un riesgo electoral

Los presuntos partidarios de la oposición son víctimas de homicidio, palizas y tortura

(Johannesburgo, 5 de junio de 2013) – El “gobierno de unidad” de Zimbabue debe llevar a cabo reformas para garantizar que las fuerzas de seguridad del Estado actúen de una manera imparcial y profesional antes de que el país celebre sus elecciones nacionales en 2013, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 44 páginas, “The Elephant in the Room: Realigning the Security Sector Ahead of Zimbabwe’s Elections” (“El elefante en la habitación: Enderezando el sector de la seguridad antes de las elecciones de Zimbabue”), describe cómo las fuerzas militares y de seguridad de Zimbabue han interferido en los asuntos políticos y electorales del país en apoyo al presidente Robert Mugabe y su partido político, ZANU-PF, impidiendo que los zimbabuenses ejerzan sus derechos a la libertad de expresión, asociación y voto. Esto quedó particularmente en evidencia durante la última ronda de las elecciones presidenciales en junio de 2008, cuando el ejército cometió abusos generalizados, incluyendo homicidios, palizas y torturas. Desde entonces, el liderazgo de las fuerzas armadas, la policía y el organismo de seguridad interna, la Organización Central de Inteligencia, se ha mantenido inalterada y abiertamente a favor de Mugabe.

“Incluso los máximos líderes de las fuerzas de seguridad amenazan y atacan a los presuntos detractores de Mugabe, por consiguiente los zimbabuenses tienen poca fe en las próximas elecciones”, dijo Tiseke Kasambala, directora de incidencia política en África para Human Rights Watch. “El gobierno de unidad en Zimbabue va a tener que controlar a las fuerzas de seguridad y evitar su intervención en la política si quiere que las elecciones tengan sentido”.

Desde la creación del gobierno de unidad en septiembre de 2009, varios oficiales militares de alto rango han expresado públicamente su apoyo a Mugabe y el ZANU-PF y han denigrado al primer ministro Morgan Tsvangirai, líder del partido de oposición, el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC por sus siglas en inglés). El 1 de mayo, el Comisario General de la Policía, Augustine Chihuri, dijo públicamente que las fuerzas de seguridad nunca se reunirían con Tsvangirai para discutir reformas de seguridad y que cualquier persona que planteara la cuestión corría el riesgo de ser arrestada.

Así mismo, el 4 de mayo, el comandante de las Fuerzas de Defensa de Zimbabue, el general Constantine Chiwenga, hizo declaraciones parecidas al semanario estatal The Sunday Mail en las que aseveró que no se reuniría con Tsvangirai para discutir reformas de seguridad: “No tenemos tiempo para tratar con traidores. Es evidente que Tsvangirai es un paciente psiquiátrico que necesita un psiquiatra competente”.

Las manifestaciones partidistas de los dirigentes de las fuerzas de seguridad se reflejan en las acciones que están emprendiendo las fuerzas de seguridad sobre el terreno, dijo Human Rights Watch. El 7 de mayo, la policía arrestó a Dumisani Muleya, editor del semanario Zimbabwe Independent, y Owen Gagare, su redactor jefe, después de que el periódico publicara un artículo que decía que Tsvangirai se había reunido con los jefes de las fuerzas de seguridad. La policía interrogó a los dos hombres y los detuvo durante ocho horas, para luego acusarlos o en virtud de la Ley sobre el Acceso a la Información y Protección de la Intimidad de “publicar o difundir falsedades perjudiciales sobre el Estado”.

Investigaciones de Human Rights Watch hallaron que el Ejército Nacional de Zimbabue ha desplegado soldados en todo el país, para intimidar, golpear y abusar de presuntos partidarios del MDC y detractores del gobierno. En algunas ocasiones, estos soldados han utilizado pretextos como la distribución de alimentos, proyectos en escuelas comunitarias e incluso un “proyecto de investigación de la historia del ejército” para conseguir entrar en varias comunidades.

El 17 de marzo, un día después de un referéndum sobre la nueva Constitución, cinco soldados armados y uniformados se acercaron a un partidario del MDC en Mataga Growth, en la provincia de Midlands, y le exigieron saber si había votado “sí” en el referéndum. El partidario del MDC dijo a Human Rights Watch:

Cuando les dije que había votado a favor del proyecto de Constitución, acto seguido me preguntaron por qué llevaba una camiseta del MDC. Pero antes de que pudiera responder, comenzaron a golpearme y a darme patadas en todo el cuerpo. Me dijeron que tengo que votar por ZANU-PF en las próximas elecciones sin falta o si no volverían a por mí.

Human Rights Watch ha documentado y ha recibido informes de abusos en Buhera, Nyanga, Chipinge y Mutare, en la provincia de Manicaland; Gokwe, Zhombe, Mberengwa y Silobela, en la provincia de Midlands; y Chivhu, Marondera y Uzumba, en la provincia de Mashonaland Oriental.

“Las leyes y la Constitución de Zimbabue requieren la neutralidad y la imparcialidad de las fuerzas de seguridad, pero las fuerzas de seguridad no han dado señales de que vayan a cumplir con sus obligaciones”, advirtió Kasambala. “El gobierno debería enviar un mensaje claro y disciplinar o castigar al personal de seguridad y los soldados que violan la ley por razones políticas”.

El gobierno de unidad debería adoptar medidas urgentes para garantizar la neutralidad política de las fuerzas de seguridad de Zimbabue, recomendó Human Rights Watch, con el respaldo de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC), el organismo regional integrado por 15 países de África meridional.

El gobierno debe investigar y procesar los presuntos abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad. Asimismo necesita dirigir públicamente el liderazgo de las fuerzas de seguridad para que lleven a cabo sus responsabilidades de manera profesional e imparcial y sancionar adecuadamente a los líderes que no lo hacen.

“SADC debería optimizar el comportamiento de las fuerzas de seguridad, un pilar fundamental prioridad en la hoja de ruta de Zimbabue para unas elecciones creíbles, libres y justas”, recomendó Kasambala. “Las próximas elecciones serán un paso importante para poner fin a una crisis de derechos humanos que afectan al país desde hace muchos años”.

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