Los valientes activistas de todo el mundo que hacen frente a los intereses económicos empresariales y gubernamentales se enfrentan con frecuencia a una reacción violenta. Los individuos y las comunidades están amenazados, y los activistas pueden ser arrestados o asesinados, con total impunidad, en represalia por alzar la voz en contra de los abusos a los derechos laborales, sobre los peligros ambientales y por el desplazamiento causado por los proyectos de infraestructura a gran escala; por citar algunos de los ejemplos recurrentes.
La represalia en contra de activistas que promueven la transparencia corporativa y que combaten la corrupción relacionada con las empresas es menos conocida, pero igual de peligrosa. Rafael Marques de Morais, un prominente defensor de los derechos humanos y periodista de investigación de Angola, puede ser la excepción, Él es conocido mundialmente por exponer abusos vinculados a la corrupción en las industrias petrolera y de "diamantes de sangre" y por nombrar a las empresas y a las personas presuntamente responsables. Marques ha sido encarcelado, repetidamente acosado e incluso golpeado. En el más reciente esfuerzo por silenciar sus denuncias, se enfrenta actualmente a un juicio penal por difamación.
Muchos de los compañeros de Marques, también activistas anti-corrupción, se enfrentan a retos similares. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha reconocido que las y los activistas que trabajan por la “buena gobernanza” pueden ser considerados defensores/as de derechos humanos. De hecho, su trabajo para evitar el soborno, fomentar la apertura del gobierno y garantizar la transparencia corporativa fortalece los derechos económicos y sociales, al combatir el desvío de fondos públicos y fomentar las inversiones sociales. Además, ellos/as buscan promover un espacio para la participación social, en línea con una agenda de derechos. Algunos de estos/as activistas, sin embargo, evitan esa etiqueta, ya que la protección de los derechos humanos es sumamente controversial en sus países.
El trabajo pro transparencia puede tocar temas muy sensibles, como los lucrativos acuerdos entre los gobiernos y las empresas para extraer recursos naturales. Un amplio y creciente movimiento viene empujando que se divulgue públicamente los pagos realizados por parte de las empresas de petróleo, gas y minas a los gobiernos. Grupos no gubernamentales se están preguntando cómo se gastan esos ingresos, quiénes son los dueños de las empresas que se benefician de las concesiones, y los términos de los contratos que firman con los gobiernos. Actores poderosos pueden sentirse muy amenazados por tales acciones.
En julio, activistas que solicitaban una mayor transparencia y equidad en los acuerdos celebrados entre el gobierno de Níger y una empresa minera extranjera fueron detenidos. Los mismos fueron puestos en libertad tras presión internacional.
En Azerbaiyán, grupos independientes que trabajan pro transparencia corporativa y contra la corrupción también han sido blancos, en el medio de una ofensiva gubernamental de gran alcance en la que los principales dirigentes de derechos humanos han sido encarcelados o exiliados. Activistas pro transparencia han sido tachados por la prensa como traidores y presionados por los funcionarios del gobierno para que pongan fin a críticas que podrían dañar la reputación comercial de Azerbaiyán. Las autoridades congelaron sus cuentas bancarias personales e institucionales de manera arbitraria y sin dejarles alternativas. Además, han sido sometidos a interrogatorios intimidatorios, falsas inspecciones fiscales y amenazas directas a su seguridad.
Durante una misión a Azerbaiyán en agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos identificó algunas de estas preocupaciones y expresó su esperanza de que el gobierno aliviara las severas restricciones sobre la financiación extranjera para grupos civiles. En cambio, en octubre el parlamento aprobó cambios que harán con que sea aún más difícil para ellos recibir fondos del exterior.
Curiosamente, el único organismo internacional que censuró a Azerbaiyán por su represión no es uno de derechos humanos. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es una coalición internacional de empresas, gobiernos y grupos de la sociedad civil formados para fomentar la información pública acerca de los sectores de petróleo, gas y minería. Su objetivo es mejorar la gobernanza y el desarrollo al poner los datos a disposición de los ciudadanos, de manera que puedan utilizarlos para presionar por una mejor gestión de los recursos naturales y los ingresos resultantes de su explotación.
Las normas de la EITI reconocen que, para que el proceso funcione, sectores civiles requieren un "entorno propicio" para participar, criticar y aportar libremente al debate público y a la toma de decisiones del gobierno sobre la gobernanza de los recursos naturales. La Iniciativa está finalizando una nueva edición de su Protocolo de la Sociedad Civil para afianzar estos criterios, los cuales han sido aplicados de manera inconstante.
El empeoramiento de las restricciones en Azerbaiyán eventualmente provocó la reacción de los liderazgos de la EITI. En octubre, el Presidente de la Iniciativa anunció que estas condiciones ‘claramente problemáticas’ habían despertado su ‘profunda preocupación’ y que pediría una revisión formal en enero. Este acto dio a entender que la adhesión de Azerbaiyán a la Iniciativa estaba en riesgo.
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), otro esfuerzo internacional del que Azerbaiyán se enorgullece, también aprobó recientemente una nueva política sobre la protección de los espacios cívicos en los países participantes. Las disposiciones actualizadas de la EITI y la OGP buscan fortalecer la protección para los activistas pro transparencia. Aunque lejos de ser perfectas, ojalá adecuen dichas iniciativas a los estándares internacionales de derechos humanos.
Con el Foro de las Naciones Unidas en Ginebra establecido para nuevamente hacer hincapié en el marco de "proteger, respetar y remediar" de los Principios Rectores de la ONU, es hora de estudiar la forma de garantizar que todos los/as defensores/as que trabajan en temas de empresas y derechos humanos estén protegidos de cualquier daño, que sus derechos sean respetados y que tengan acceso a la justicia. A medida que nos enfrentamos a este serio desafío, debemos incluir muchos más activistas pro transparencia en nuestro entendimiento sobre las y los defensores de derechos humanos.
Lisa Misol es asesora sénior de empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. Síguela en Twitter en @LisaMisol
