(Nairobi) – El lamentable ataque perpetrado en la Universidad de Garissa, en el noreste de Kenia, exige una respuesta prudente por parte de las fuerzas de seguridad del país para llevar ante la justicia a los responsables y prevenir nuevos atentados, indicó hoy Human Rights Watch. Se han confirmado al menos 147 muertos y 80 heridos como resultado del ataque del 2 de abril de 2015.
“Este ataque nefasto contra estudiantes muestra un desprecio absoluto por la vida humana”, observó Leslie Lefkow, subdirectora para África de Human Rights Watch. “A fin de contrarrestar eficazmente la amenaza, las fuerzas de seguridad kenianas deberían garantizar que la respuesta se ajuste a la legalidad y respete los derechos humanos”.
La Universidad de Garissa fue atacada por hombres armados cerca de las 5:30 a.m. del 2 de abril, según se informó en los medios. Al Shabab, la organización armada islamista somalí, se atribuyó responsabilidad por el ataque ante periodistas y publicó una declaración en su página web.
La magnitud del incidente —el más grave ataque terrorista perpetrado en Kenia desde el atentado con explosivos contra la embajada de Estados Unidos en 1998— se pudo conocer a medida que sobrevivientes lograban escapar del predio universitario durante el transcurso de la jornada. Los hombres armados mantuvieron rehenes a alumnos y trabajadores de la universidad durante horas.
Esa noche, el gobierno confirmó que 147 personas habían muerto y que la toma ya había concluido. El retiro de los cuerpos del edificio de la universidad donde estuvieron retenidos los rehenes se extendió durante la noche, y al 3 de abril el número de muertos ascendía a 170, conforme indicó una fuente independiente en Garissa. El secretario de interior y coordinación nacional, Joseph Nkaissery, anunció que los cuatro hombres armados involucrados en el atentado habían sido abatidos por miembros de las fuerzas de seguridad kenianas.
Lo relatado por residentes y por testigos del atentado sugiere que muchas de las víctimas habrían sido asesinadas indiscriminadamente, al menos al inicio del incidente.
Ibrahim Ismail, un hombre de 26 años que vive a tres kilómetros de la universidad, dijo a Human Rights Watch que “Al Shabab miente al afirmar que liberaron a musulmanes. Uno de los guardias que murió en el ataque era musulmán”. También coincide con esta opinión un activista de derechos humanos de 42 años que vive en Garissa y es padre de tres hijos. “Tenemos familiares en la universidad a quienes Al Shabab no les perdonó la vida. Este ha sido un tremendo golpe para todos nosotros. Claramente, estaban atacando a todos los civiles, con independencia de su religión”.
Los relatos de otros testigos que fueron difundidos por los medios indican que, en algunos casos, los agresores habrían escogido específicamente a estudiantes cristianos para matarlos durante la toma.
La Universidad de Garissa se fundó hace varios años como extensión de la Universidad de Moi, con sede en el Valle del Rift, en el marco de un intento gubernamental por generar mayor apertura en la región del noreste, la cual se halla en gran parte marginada, y cuya población está integrada mayoritariamente por musulmanes de la etnia somalí. Si bien la mayoría de los 900 alumnos que se estima que hay en la universidad provenían aparentemente de otras partes de Kenia, también asisten a esta institución numerosos estudiantes de la región.
Los atentados con explosivos y otros ataques perpetrados por Al Shabab en la capital somalí, Mogadiscio, y en otras localidades controladas por el gobierno a menudo hieren o matan a civiles, o están específicamente dirigidos a estos. Recientemente, el 27 de marzo, al menos 14 personas murieron durante un sofisticado ataque en un importante hotel de Mogadiscio.
Es común que Al Shabab reclute y utilice a niños, y en el pasado ha atacado a alumnos, escuelas y otros establecimientos educativos. Por ejemplo, en diciembre de 2009, un hombre que se inmoló al detonar una carga de explosivos provocó la muerte de 19 personas durante una ceremonia de graduación de alumnos de la carrera de medicina, en Mogadiscio. En octubre de 2011, Al Shabab se atribuyó responsabilidad por un ataque con explosivos en Mogadiscio en el cual murieron 70 personas, incluidos estudiantes que estaban aguardando que publicaran los resultados de exámenes en el Ministerio de Educación.
“Esta no sería la primera vez que Al Shabab ataca deliberadamente a estudiantes, escuelas y establecimientos educativos”, observó Lefkow. “Ya sea en Somalia o en Kenia, no hay en ningún caso una justificación válida para atacar a jóvenes que pretenden estudiar y aprender en un entorno seguro”.
Los ataques contra civiles en Kenia se han intensificado desde octubre de 2011, cuando tropas de ese país ingresaron a Somalia en el contexto de los operativos militares contra Al Shabab. El grupo armado ha asumido responsabilidad por varios ataques de magnitud perpetrados en Kenia en los últimos 20 meses, incluido el atentado de septiembre de 2013 en Westgate, un concurrido centro comercial en Nairobi, en el cual murieron 67personas, y dos ataques en el condado de Mandera ocurridos a fines de 2014, durante los cuales perdieron la vida en total 64 personas. Si bien estos incidentes suscitaron interés internacional, durante años han sido frecuentes ataques de menor magnitud en la región noreste de Kenia.
Las acciones de Kenia para abordar el agravamiento de la inseguridad han estado opacadas por graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas por miembros de las fuerzas de seguridad.
En el noreste de Kenia, así como en la región costera y en el barrio Eastleigh de Nairobi, se han registrado preocupantes incidentes de abusos por miembros de las fuerzas de seguridad y trato discriminatorio de las comunidades musulmanas y la etnia somalí. Policías y soldados kenianos han detenido arbitrariamente y maltratado a ciudadanos kenianos y refugiados somalíes en el noreste, incluso en las proximidades de Garissa, en respuesta a ataques por milicias presuntamente vinculadas con Al Shabab.
Los reclamos de que se investiguen abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad y las recomendaciones para que se implementen reformas exhaustivas, incluidos aquellos planteados por la Autoridad Independiente de Vigilancia de la Actuación Policial (Independent Policing Oversight Authority, IPOA) de Kenia, han sido en general ignorados por el gobierno.
“La conmoción y la rabia que provocó este ataque son totalmente comprensibles, pero el gobierno debería evitar reacciones instintivas que puedan cercenar derechos”, sostuvo Lefkow. “Es indispensable que se lleven a cabo operativos de seguridad pública que respeten el derecho keniano e internacional”.
