El gobierno debería divulgar más información sobre el papel de Haspel en el programa de RDI, pero lo que ya se ha dado a conocer sobre ella debería descalificarla para ocupar el puesto de directora de la CIA o cualquier otro cargo de posiciones gubernamentales superiores.
“La decisión del presidente Donald Trump de nombrar a alguien directamente involucrado en la supervisión de la tortura estadounidense de detenidos y la destrucción de pruebas constituye una burla a las leyes que prohíben la tortura”, dijo Nicole Austin-Hillery, directora ejecutiva del programa para EE.UU. de Human Rights Watch. “La confirmación de Haspel en un momento en el que el propio presidente estadounidense ha respaldado la tortura enviaría un mensaje de que las violaciones de los derechos fundamentales no sólo serán toleradas, sino también recompensadas”.
