(París)—Guinea Ecuatorial incluyó a un abogado francés especializado en temas de corrupción en una orden de detención dictada contra 16 personas, presuntamente en represalia por su participación en un juicio por blanqueo de capitales contra el hijo mayor del Presidente, señalaron hoy diez organizaciones de derechos humanos y lucha contra la corrupción. En la orden se acusa a los 16 destinatarios de blanqueo de capitales y de contribuir a financiar el “terrorismo y la proliferación del tráfico de armas en África Central”.
En la orden judicial también se identifica a personas que ya se encuentran bajo custodia policial, acusadas de participar en un intento de golpe de Estado en diciembre de 2017. Estas personas no han establecido comunicación con sus familiares o abogados desde que fueron detenidas, por lo que existe una fuerte preocupación de que puedan haber sufrido torturas u otros malos tratos y, en algunos casos, se teme incluso por su vida, señalaron las organizaciones.
“El gobierno de Guinea Ecuatorial ha empleado todos los artilugios posibles para proteger al hijo del presidente frente a señalamientos creíbles de que se habría apropiado de fondos públicos por más de € 100 millones (US$113 millones) para solventar una vida fastuosa en París”, expresó Tutu Alicante, director de EG Justice, una organización que promueve los derechos humanos y la transparencia en Guinea Ecuatorial. “Al parecer, ahora están inventando cargos como represalia contra quienes colaboraron con el tribunal francés para que se lo condenara por los delitos que cometió”.
Las organizaciones son Human Rights Watch, EG Justice, Sherpa, Amnistía Internacional, Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Corruption Watch UK, Rights and Accountability in Development, TRIAL Internacional, y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
El 23 de enero, el ministro de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial divulgó un comunicado de prensa, en el que acusó a 16 personas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. En la lista se incluía al abogado William Bourdon, fundador del grupo de incidencia legal contra la corrupción Sherpa, quien impulsó demandas en Francia contra familiares directos de varios jefes de Estado acusados de malversar fondos públicos. El comunicado no indica cuáles son las pruebas que dan sustento a las acusaciones.
“Lo que se está viendo en Guinea Ecuatorial en este momento no es algo nuevo, sino que forma parte del histórico patrón de silenciamiento de voces críticas que aplica el gobierno. Es habitual que funcionarios hostiguen, intimiden y detengan arbitrariamente a defensores de derechos humanos, abogados, miembros de la oposición política y cualquier persona que se atreva a hablar contra los abusos gubernamentales”, expresó Marta Colomer, responsable de campañas de Amnistía Internacional para África Occidental.
En 2008, Sherpa presentó una acción penal en representación de Transparencia Internacional – Francia contra Teodorín Nguema Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, que en ese entonces se desempeñaba como ministro de Bosques. La denuncia le atribuía haber gastado en Francia más de € 100 millones (US$113 millones), robados de las arcas públicas, para comprar una mansión, una flota de automóviles de alta gama, obras de arte, joyas y otros artículos de lujo. El derecho francés permite que organizaciones civiles presenten denuncias penales.
En 2017, el tribunal francés condenó en ausencia a Nguema Obiang a tres años de cárcel en suspenso, y al pago de una multa de € 30 millones (US$34 millones). El gobierno de Guinea Ecuatorial defendió enérgicamente a Nguema Obiang, hasta el punto de nombrarlo vicepresidente poco después de que el tribunal elevara la causa a juicio y de demandar a Francia ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que había violado la inmunidad diplomática de Nguema Obiang. Los cargos presentados contra quienes impulsaron el juicio serían un intento de actuar en represalia contra estas personas y de desacreditar en mayor medida el proceso.
Al menos dos de las personas identificadas en la orden de detención —Onofre O. Otogo Ayecaba y Héctor-Santiago Ela Mbang— quedaron bajo custodia policial en Guinea el 28 de diciembre de 2017, un día después del intento de golpe. Fueron arrestados junto con decenas de otras personas acusadas de haber tenido participación en el hecho. Está previsto que el juicio vinculado con el golpe de Estado se realice en las próximas semanas, pero existen motivos de peso para temer que ambos hombres hayan sido asesinados mientras se encontraban a disposición de las autoridades.
Un abogado que representa a Ela Mbang y otros nueve detenidos indicó a las organizaciones que no se ha permitido que abogados ni familiares se comunicaran con ellos desde su detención, ni tampoco se ha informado a sus abogados sobre las novedades legales en la causa. Posteriormente, el 11 de febrero, una fuente de noticias independiente informó que las autoridades entregaron el cuerpo de Otogo Ayecaba a sus familiares.
Poco después de ser detenido, Ela Mbang fue obligado a hablar en la televisión estatal y a implicar a varias personas en el golpe. Su abogado manifestó que el gobierno no reconoció haber detenido a su cliente. Señaló que teme que Mbang también esté muerto y que su nombre se haya incluido en la orden de detención para que el gobierno pueda afirmar que no está detenido, sino que se encuentra prófugo.
Diversos señalamientos creíbles sobre torturas y muerte en otro caso reciente vinculado con opositores políticos agudizan el temor por la situación de estos detenidos. En diciembre de 2017, poco después del intento de golpe, la policía detuvo a 147 miembros de una organización política opositora llamada Citizens for Innovation (CI), muchos de los cuales sostienen haber sido torturados mientras estaban detenidos. Dos miembros murieron durante la detención. Según abogados que conocen la causa, estas muertes fueron resultado de torturas.
Algunas de las demás 13 personas incluidas en la orden de detención de enero de 2019 están pidiendo asilo fuera del país, y se desconoce el paradero de otras.
“Considerando los nefastos antecedentes de abusos del gobierno, la comunidad internacional debería estar dando la voz de alarma sobre el trato que reciben estos detenidos”, indicó Sarah Saadoun, investigadora sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. “Las embajadas extranjeras en el país deberían exigir ver pruebas que justifiquen la orden de detención e insistir en que se brinde a los abogados acceso a las personas detenidas que ya estén bajo custodia. Las embajadas deberían realizar un atento seguimiento del caso para asegurarse de que estas personas reciban un juicio justo”.
