El informe de 74 páginas, “‘We Know Our Lives Are in Danger’: Environment of Fear in South Africa’s Mining-affected Communities” (Sabemos que nuestras vidas corren peligro: Clima de temor en comunidades afectadas por la minería en Sudáfrica), y el video que lo acompaña, citan señalamientos de activistas sobre intimidación, violencia, daño a la propiedad, uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones pacíficas y detenciones arbitrarias, como reacción ante sus actividades que ponen de manifiesto el impacto que tienen los proyectos de minería en sus comunidades. A menudo los municipios interponen obstáculos a los organizadores de protestas sin ningún fundamento jurídico. Las autoridades no han investigado adecuadamente señalamientos de abusos, y algunas empresas de minería recurren a demandas totalmente infundadas y campañas en los medios sociales, como medidas para contrarrestar la resistencia a sus proyectos. El Gobierno tiene la obligación constitucional de proteger a los activistas.
“En comunidades de toda Sudáfrica, los derechos de los activistas a organizarse en forma pacífica para proteger sus medios de vida y el medioambiente de los daños de la minería se encuentran amenazados”, expresó Matome Kapa, abogado del Centre for Environmental Rights. “Las autoridades sudafricanas deberían abordar las consideraciones sobre los riesgos ambientales y de salud vinculados con la minería, en vez de hostigar a los activistas que las expresan”.
El Centre for Environmental Rights, groundWork, Earthjustice y Human Rights Watch documentaron acciones deliberadas contra defensores de derechos comunitarios en las provincias de KwaZulu-Natal, Limpopo, Northwest e Eastern Cape, entre 2013 y 2018. Las organizaciones realizaron entrevistas a más de 100 activistas, líderes comunitarios, organizaciones ambientales, abogados que representan a activistas, policías y funcionarios municipales. Los investigadores también se comunicaron con los organismos gubernamentales pertinentes y con muchas de las compañías mineras en las áreas alcanzadas por la investigación. Respondieron cuatro de las once empresas contactadas. El Consejo de Minerales de Sudáfrica, que representa a 77 compañías mineras, incluidas algunas en las áreas investigadas, ha señalado “no tener conocimiento de amenazas o ataques contra defensores de derechos comunitarios en los lugares donde desarrollan actividades sus miembros”.
Numerosos miembros de comunidades de zonas mineras han sufrido amenazas, agresiones físicas o daños a su propiedad que, según creen, serían consecuencia de su activismo. Indicaron haber sufrido agresiones, intimidación, amenazas y daños a la propiedad.
“Sabemos que nuestras vidas corren peligro”, afirmó un activista de KwaZulu Natal. “Esto es parte de la lucha”. Las mujeres a menudo tienen un rol de liderazgo en la expresión de estas problemáticas, y esto las convierte en posibles blancos de hostigamiento y ataques.
Un caso que tuvo amplia repercusión, ocurrido en Xolobeni, en la provincia Eastern Cape, fue el asesinato de Sikhosiphi “Bazooka” en su propia vivienda, en marzo de 2016. Él y otros miembros de la comunidad habían expresado su rechazo al desplazamiento y la destrucción ambiental que provocaría el proyecto de la sociedad australiana Transworld Energy and Mineral Resources de instalar una mina de extracción de titanio. No hubo detenidos en relación con el homicidio.
Sin embargo, muchos de los ataques no se han denunciado o no han tenido repercusión, en parte por el temor a sufrir represalias y debido a que la policía a veces no investiga las agresiones, concluyeron las organizaciones.
“Las autoridades y las empresas sudafricanas deberían asegurar que no haya ninguna tolerancia a las amenazas y los abusos contra los defensores de derechos en comunidades afectadas por la minería”, destacó Katharina Rall, investigadora de temas ambientales de Human Rights Watch. “El Gobierno y la policía tienen la obligación de investigar los incidentes y trabajar con las empresas mineras a fin de generar un entorno propicio para la libertad de expresión y la denuncia de las amenazas contra defensores”.
En muchos casos, los municipios violaron los derechos de los ciudadanos a la libertad de reunión, e impusieron requisitos legales adicionales para las protestas, pese a las garantías constitucionales establecidas en el derecho sudafricano. En otros casos, fueron las mismas empresas las que solicitaron que los activistas comunitarios les informaran sobre las próximas protestas previstas, alegando falsamente que existía tal exigencia legal.
Algunas empresas han recurrido a la justicia para hostigar a activistas, y han reclamado el pago de multas, pedido órdenes judiciales que impidieran las protestas o presentado gravosas demandas. Estas demandas infundadas –que se conocen como “Pleitos estratégicos contra la participación pública” (Strategic lawsuits against public participation, SLAPP)– son un fenómeno cada vez más común a nivel mundial, que Sudáfrica podría contrarrestar adoptando nuevas leyes. Los SLAPP pueden silenciar a los activistas, al obligarlos a sobrellevar el costo y la carga que supone armar una defensa legal. Las empresas también han recurrido a campañas en medios sociales para acosar a los activistas y las organizaciones que cuestionan sus operaciones, con el consiguiente costo emocional y para la reputación que esto supone.
“Los municipios y las empresas de minería pretenden que no haya protestas”, opinó Ramin Pejan, abogado de Earthjustice. “Al reprimir las protestas no se solucionan los problemas subyacentes en estas comunidades y, adicionalmente, tienen la obligación legal de reconocer los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica”.
Las organizaciones también identificaron un patrón de conducta policial indebida en comunidades afectadas por la minería, que incluyen dispersar protestas por medios violentos o interceptar y detener arbitrariamente a manifestantes. Miembros de la policía sudafricana también han herido a manifestantes pacíficos al arrojar gases lacrimógenos y disparar balas de goma.
“Combinados, estos patrones de violencia policial y las tácticas de las empresas crean un clima de temor entre los defensores de derechos comunitarios y las organizaciones de justicia ambiental en Sudáfrica”, apuntó Robby Mokgalaka, gerente de la campaña sobre el carbón “Coal Campaign” de groundWork. “Para algunos, esto ha significado reducir su activismo, o directamente abandonarlo. Sin embargo, para muchos, ha implicado poner en riesgo su vida mientras siguen adelante con la lucha”.
