Las autoridades filipinas han sometido a niños a un trato absurdamente abusivo por incumplir el toque de queda y las reglas de cuarentena impuestas para limitar la exposición al COVID-19.
La policía y los funcionarios locales en varias partes del país han maltratado a personas detenidas por violar las regulaciones relacionadas al COVID-19, incluso encerrándolas en jaulas para perros y obligándolas a permanecer sentadas durante horas a pleno sol.
Las informaciones que grupos de defensa de los derechos del niño en Manila han compartido con Human Rights Watch muestran que los niños se encuentran entre aquellos que enfrentan estos tratos crueles, inhumanos y degradantes por violar las medidas de emergencia para frenar la pandemia.
En la provincia de Cavite, dos niños fueron encerrados en un ataúd el 26 de marzo como castigo por violar el toque de queda. El 20 de marzo, funcionarios de la ciudad de Santa Cruz, provincia de Laguna, confinaron a cinco jóvenes dentro de una jaula para perros. En Binondo, Manila, los funcionarios de la aldea arrestaron a cuatro niños y cuatro niñas el 19 de marzo por violar el toque de queda. A siete de los menores les cortaron el cabello a la fuerza, mientras que al que se resistió lo desnudaron y le ordenaron que volviera a casa caminando.
Incluso cuando arrestan a los adultos, pueden crear riesgos para los niños. Hasta el 30 de marzo, las autoridades habían arrestado a más de 17.000 personas por violaciones de las medidas de emergencia del COVID-19, según Rappler. En algunos casos, titulares del cuidado de niños han sido arrestados por violar las regulaciones del COVID-19. En la ciudad de Tacloban, una madre fue arrestada el 24 de marzo por permitir que sus hijos jugaran al aire libre.
Pero las cosas podrían empeorar aún más. El miércoles, el presidente Rodrigo Duterte, cuya guerra letal contra las drogas ha acabado con la vida de miles de personas desde 2016, dijo que sus órdenes a la policía y al ejército durante la pandemia fueron: “si hay problemas, (...) mátenlos a tiros”.
Filipinas ya ostenta un terrible historial de criminalización de los niños, con miembros del Congreso que intentan reducir la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 12 años, y algunos han propuesto que se reduzca hasta los 9. En caso de promulgarse, más niños y de edades menores podrían acabar entre rejas en peligrosos centros de detención.
Human Rights Watch ha instado a los gobiernos a priorizar el derecho a la salud y respetar los derechos humanos de todas las personas en su respuesta a la pandemia del COVID-19. Encerrar a las personas por violar las medidas de emergencia, como los toques de queda y las reglas de cuarentena, en realidad puede aumentar la transmisión de enfermedades si las personas tienen que estar muy cerca las unas de las otras en los centros de detención. Los niños no deberían enfrentar sanciones penales por violar las medidas de emergencia.
En su lugar, las autoridades filipinas deberían centrarse en medidas que realmente puedan ayudar a detener la propagación del COVID-19.
