La arremetida contra opositores en Venezuela ha provocado miles de detenciones arbitrarias, el procesamiento de cientos de civiles en tribunales militares, torturas y otros abusos contra personas detenidas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corto plazo. Los abusos han contribuido a un éxodo masivo del país. Venezuela también sufre una emergencia humanitaria que ha dejado al país sin capacidad para afrontar la pandemia, que incrementará la carga para el sistema de salud y podría elevar el número de enfermos y muertos por causas tratables o que podrían prevenirse con vacunas.
“Ahora no es el momento de deportar a venezolanos”, expresó Bill Frelick, director de derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch. “Necesitan protección temporal porque actualmente no pueden regresar a Venezuela de manera segura”.
Al 14 de abril de 2020, en Venezuela había 189 casos confirmados de COVID-19. Es probable que la cantidad real sea mucho mayor, dada la escasa disponibilidad de pruebas, la falta de transparencia del gobierno al brindar datos epidemiológicos oficiales, la sobrepoblación en las zonas de bajos recursos y en las cárceles, y la situación generalizada de acceso limitado al agua en hospitales y viviendas.
Según las Naciones Unidas, más de 4,9 millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años. La gran mayoría se encuentra en América Latina o en el Caribe. Hasta marzo de 2020, había más de 108.000 solicitantes de asilo venezolanos en Estados Unidos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en junio de 2019 que en EE.UU. hay cerca de 200.000 ciudadanos venezolanos que reunirían los requisitos para obtener TPS.
El objeto del Estatus de Protección Temporal es proteger a los ciudadanos y residentes habituales de países que atraviesan condiciones extraordinarias y temporales, de la posibilidad de ser enviados de regreso a esos países si no pueden hacerlo en condiciones seguras. A diferencia del asilo, que implica un proceso que busca establecer una protección permanente, para el Estatus de Protección Temporal no se requiere que la persona demuestre un temor debidamente fundado de ser perseguida. En vez de eso, designa a personas de una determinada nacionalidad como beneficiarios de protección, debido a que no pueden regresar en condiciones de seguridad por las circunstancias temporarias y generalizadas en su país de origen.
Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch han demostrado que mucho antes de la pandemia de COVID-19, el sistema de salud venezolano ya había colapsado; que habían aumentado las cifras de mortalidad materna e infantil; se habían propagado enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como sarampión y difteria; y habían incrementado drásticamente enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis. Aunque las autoridades venezolanas dejaron de publicar datos oficiales sobre nutrición hace varios años, las investigaciones realizadas por organizaciones y universidades venezolanas han documentado altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil.
La responsabilidad por la emergencia humanitaria, que se ha agudizado desde 2017, recae principalmente en las autoridades venezolanas, sostuvo Human Rights Watch. Durante la presidencia de Nicolás Maduro, las autoridades no se han ocupado de abordar la crisis, sino que han hecho lo posible para negar y ocultar su gravedad. Además, han hostigado y perseguido a profesionales de la salud que cuestionan al gobierno por no actuar ante la emergencia humanitaria y la pandemia.
El colapso del sistema de salud y la censura de datos de salud pública dificultan que Venezuela pueda afrontar la COVID-19. En el Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019, que clasifica a 190 países, Venezuela ocupa la posición 180, ubicándose entre los países menos preparados para responder con rapidez y mitigar la propagación de una epidemia. Esta posición también sitúa a Venezuela última entre los países latinoamericanos.
Si bien se desconoce cuál es la tasa de mortalidad específica de la COVID-19 y es probable que varíe según la disponibilidad de tratamiento y otros factores, algunas estimaciones la ubican entre el 1 % y el 3 %. Es muy probable que la tasa de mortalidad sea mayor en Venezuela, donde no hay capacidad para brindar atención de alta complejidad debido a la falta de equipos básicos para radiografías, análisis de laboratorio, camas de terapia intensiva y respiradores, y donde, por la falta de suministro de agua, los profesionales de la salud no pueden ni siquiera lavarse las manos, elemento indispensable para contener la propagación de la COVID-19.
Human Rights Watch indicó por primera vez en marzo de 2019 que EE. UU. debía concederles TPS a los venezolanos. Human Rights Watch también ha instado a los países vecinos de Venezuela a brindar protección temporaria regional a los venezolanos, otorgándoles estatus legal durante un período preestablecido, al menos hasta que se resuelvan sus solicitudes individuales de protección.
“El gobierno de Trump debería conceder el TPS a los venezolanos sin que se lo ordene el Congreso”, subrayó Frelick. “Sin embargo, si el gobierno no actúa con rapidez, el Congreso debería intervenir y otorgar ese estatus a los venezolanos por los próximos 18 meses”.
