(Beirut) – Las autoridades egipcias han desplegado desde fines de abril de 2020 una abusiva campaña contra mujeres influencers de las redes sociales por cargos que violan sus derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la no discriminación, dijo hoy Human Rights Watch.
Las autoridades han arrestado al menos a 15 personas, incluida una adolescente de 17 años tras publicar un video en el que alegaba haber sido golpeada y violada, por cargos vagamente formulados como violar “la moral pública” y “socavar los valores familiares”. Tres de los detenidos son hombres acusados de ayudar a dos de las mujeres. Muchas de las mujeres fueron arrestadas en base a lo que las autoridades consideraron videos “indecentes” en redes sociales, especialmente la aplicación TikTok. Sin embargo, en la mayoría de los videos y las fotos, las mujeres aparecen completamente vestidas, a veces cantando o bailando. Las influencers procesadas cuentan en las redes sociales con centenas de miles o incluso millones de seguidores.
“Arrestar a mujeres y niñas por motivos poco claros tras publicar videos o fotos de sí mismas en redes sociales es discriminatorio y vulnera directamente su derecho a la libertad de expresión”, aseguró Rothna Begum, investigadora senior de los derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Monitorear la conducta pacífica de las mujeres en línea suena a un nuevo intento por controlar su uso de los espacios públicos”.
Estos enjuiciamientos parecen ser el primer uso de los cargos morales bajo la ley de delitos cibernéticos de 2018. Declaraciones del fiscal general indican que estos procesos penales, en algunos casos, comenzaron después de que los “usuarios de redes sociales” se quejaran de los videos en la página de Facebook de la Fiscalía.
Los tribunales ya han sentenciado a dos de las mujeres y tres de los hombres a dos años de prisión, y a otras dos mujeres en incidentes separados a tres años. El juicio de las siete mujeres restantes y la menor de edad siguen en curso. La “Policía de la Moralidad” del Ministerio del Interior ha estado involucrada en varios casos.
El primer arresto, el 21 de abril, fue el de Hanin Hossam, una estudiante universitaria de 20 años y una celebridad en las redes sociales con cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram. La evidencia principal de la fiscalía contra Hossam era un video que publicó en TikTok y que Human Rights Watch revisó. En el video invitaba a sus seguidoras a utilizar otra plataforma para compartir videos, Likee, diciéndoles que podían ganar dinero haciendo videos en vivo para Likee que atraen más espectadores.
Otros arrestos siguieron a una declaración del 2 de mayo de la Oficina del Fiscal General que decía que “fuerzas del mal” estaban abusando del “nuevo espacio electrónico virtual” para “destruir nuestra sociedad, demoler sus valores y principios y robar su inocencia”.
El 11 de junio, los fiscales remitieron a Hossam para un juicio penal ante el Tribunal Económico de El Cairo, que supervisa los delitos cibernéticos, informaron los medios de comunicación. Según la prensa, la fiscalía acusó a Hossam de “minar los valores y principios familiares”.
En el mismo caso, las autoridades acusaron a otra mujer, Mawadda al-Adham, de 22 años, arrestada el 14 de mayo, así como a tres hombres presuntamente por ayudar a al-Adham y Hossam. Las autoridades también acusaron a al-Adham de “quebrantar los valores y principios familiares” al publicar videos “indecentes” y crear y administrar sitios web con ese propósito. Todos fueron enviados a prisión preventiva.
El 27 de julio, el Tribunal Económico de El Cairo declaró culpables al-Adham y Hossam, y las sentenció a 2 años de cárcel y una multa de 300.000 libras egipcias (EGP) (casi US$19.000) cada uno. Los abogados defensores apelaron el veredicto. El tribunal también declaró culpables a dos de los hombres por ayudar a Hossam. Los cargos y las sentencias se basan en la ley de delitos cibernéticos de 2018; varias disposiciones de esta ley exigen penas de prisión de hasta cinco años y/o elevadas multas por publicar contenido en línea que se considere que infringe términos no definidos como “valores familiares” o “moral pública”. El tercer hombre fue condenado por manejar la cuenta de al-Adham y poseer software sin licencia.
Las autoridades arrestaron a Aya, de 17 años, conocida en las redes sociales como “Menna Abdelaziz”, el 28 de mayo. Ella había publicado un video el 22 de mayo en el que su rostro aparecía magullado. Dijo que fue golpeada por un grupo de hombres y mujeres jóvenes, y que los hombres también la violaron, filmaron los hechos y luego la chantajearon con las imágenes. El 30 de mayo, la Fiscalía General emitió un comunicado en el que decía que los fiscales ordenaban su detención pendiente de investigación como víctima de agresión sexual, pero también como sospechosa de delitos relacionados con la moral por sus videos en general.
La declaración confirmó las acusaciones de Aya sobre el asalto y la violación y dijo que fue examinada por las autoridades forenses. Tres hombres, un menor y dos mujeres fueron arrestados en relación con este incidente.
El 9 de junio, la fiscalía trasladó a Aya a un albergue para mujeres gestionado por el gobierno, donde recibiría rehabilitación psicológica y social mientras continuaban las investigaciones. El 26 de julio, el fiscal general remitió a los tres hombres y dos mujeres a un juicio penal por cargos de la paliza y la agresión sexual. El joven fue supuestamente remitido a un tribunal de menores.
El 29 de junio, el Tribunal Económico de El Cairo condenó a Sama el-Masry, de 42 años, una conocida personalidad televisiva, actriz, cantante y bailarina, a tres años de prisión y una multa de 300.000 libras egipcias por “indecencia pública”. Una declaración del fiscal el 27 de abril dijo que las autoridades habían ordenado la detención de El-Masry por publicar videos “sexualmente sugerentes” en YouTube y otras plataformas de redes sociales. Ella ha apelado el veredicto. La fiscalía también remitió a El-Masry a un juicio separado por “incitación al libertinaje”, que arrancó el 6 de julio.
Las autoridades deberían abandonar los enjuiciamientos y anular las condenas basadas en leyes arbitrariamente poco precisas que interfieren con la libertad de expresión y la privacidad, recomendó Human Rights Watch. Deberían liberar a Aya inmediatamente de la detención, garantizando al mismo tiempo su seguridad y la atención adecuada. El derecho internacional prohíbe la detención de niños excepto como último recurso y durante el período de tiempo más breve que corresponda.
Estas leyes y prácticas gubernamentales egipcias violan el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la prohibición de la discriminación contra la mujer, incluida la discriminación social y cultural, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Las obligaciones de Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos requieren que cualquier limitación a la libertad de expresión sea proporcionada, expresada de manera precisa y necesaria para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o moral en una sociedad democrática. La moral no debe derivarse de un conjunto de tradiciones, religión o cultura, sino más bien a la luz de la diversidad de una sociedad. Cualquier limitación de estos derechos debe respetar el principio de no discriminación. Cualquier ley penal debería estar tan claramente definida como para permitir que cualquiera pueda predecir qué conducta será un delito.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la que Egipto es Estado parte, exige que los Estados miembros “tomen todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública” y “modificar los patrones de conducta sociales y culturales de los hombres y las mujeres, con miras a lograr la eliminación de los prejuicios y prácticas consuetudinarias y todas las demás que se basan en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en roles estereotipados para hombres y mujeres”.
Los recientes arrestos de mujeres tienen lugar en el contexto de una campaña de redes sociales #MeToo en la que decenas de mujeres egipcias están alzando la voz en plataformas como Instagram, Twitter y Facebook sobre sus experiencias de violencia de género, agresión y violación.
“Estos arrestos en serie de mujeres envían una señal escalofriante sobre el estado de los derechos de las mujeres en Egipto”, dijo Begum. “En lugar de abordar la violencia doméstica generalizada, el acoso sexual y la violencia, las autoridades egipcias parecen tener la intención de reforzar la discriminación social al perseguir a mujeres y niñas por cómo aparecen en línea o por lo que dicen”.
