(Nueva York) – Los nuevos líderes talibanes de Afganistán se han comprometido a respetar los derechos humanos empleando discernimientos imprecisos que profundizan las dudas sobre su credibilidad, señaló hoy Human Rights Watch. Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Kabul el 17 de agosto de 2021, un vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid, intentó asegurar a los civiles afganos y a la comunidad internacional que el nuevo gobierno respetaría los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y niñas, la libertad de los medios de comunicación y las garantías para quienes se hayan desempeñado como funcionarios públicos.
Los talibanes deben expresar de manera pública el compromiso de reconocer las obligaciones que asumió Afganistán en virtud de tratados internacionales de derechos humanos y permitir que ingresen en el país representantes de las Naciones Unidas y observadores internacionales independientes para dar seguimiento a la situación y promover la protección de los derechos humanos.
“Los talibanes deben demostrar su compromiso con los derechos humanos a través de acciones, y no de términos imprecisos”, apuntó John Sifton, director de Incidencia para Asia de Human Rights Watch. “Para ganarse la confianza de la nación y del mundo entero, las autoridades talibanes en todo Afganistán deberán respetar los derechos humanos de todas las personas y permitir que las Naciones Unidas y otras entidades independientes vigilen cuáles son las condiciones de derechos humanos”.
Está previsto que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebre una sesión especial el 24 de agosto para tratar la situación de los derechos humanos en Afganistán. El consejo debería adoptar una resolución por medio de la cual se establezca un mecanismo de determinación de los hechos para el monitoreo de los derechos humanos en el país, explicó Human Rights Watch. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá en las próximas semanas para analizar las opciones de renovación del mandato de la misión de la ONU en Afganistán.
Durante la conferencia de prensa, el vocero Mujahid sostuvo que los talibanes respetarían los derechos humanos y el derecho internacional. Manifestó que “no iban a buscar venganza contra ninguna persona, y que no había rencores contra nadie…. El Emirato Islámico [el gobierno talibán] no tiene ningún tipo de hostilidad ni animosidad hacia nadie”. Con respecto a los soldados del gobierno anterior y los intérpretes que se hayan desempeñado para fuerzas militares extranjeras, expresó que “nadie va a ir a golpear a su puerta para inspeccionarlos… ni interrogarlos…. Van a estar bien”.
Sin embargo, en las últimas semanas, Human Rights Watch y otras organizaciones han reunido información sobre asesinatos perpetrados por talibanes contra agentes de seguridad del gobierno que fueron detenidos. Sigue circulado información sobre fuerzas talibanes que buscan a exfuncionarios y a otras personas desde que tomaron el control de Kabul, y en los medios se informa que han visto a talibanes empleando fuerza excesiva y letal para dispersar a multitudes en el aeropuerto de Kabul y durante una protesta en Jalalabad. Desde hace tiempo los talibanes amenzan y en muchos casos, han matado a empleados públicos, activistas de derechos humanos y derechos de las mujeres, así como a otras mujeres con funciones destacadas.
El 16 de agosto, el Consejo de Seguridad expresó su “profunda consternación” por presuntas violaciones graves del derecho internacional humanitario. El 17 de agosto, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, emitió una declaración en la cual ratificó la competencia de la corte respecto de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los delitos de genocidio cometidos en el territorio de Afganistán desde mayo de 2003, cuando el país pasó a formar parte de la CPI.
Los talibanes deben desistir de todo tipo de ataques contra civiles y permitir que los afganos y sus familias que teman por su seguridad debido a motivos relacionados con su trabajo, perfil u origen étnico puedan irse del país, indicó Human Rights Watch.
Mujahid señaló que el tema de las mujeres era “muy importante”: “El Emirato Islámico reconoce los derechos de las mujeres dentro del marco de la sharía [la ley islámica]. Nuestras hermanas y nuestros hombres tienen los mismos derechos y podrán beneficiarse de los derechos que les corresponden…No habrá ningún tipo de discriminación contra las mujeres, pero siempre dentro de los marcos que existen”.
Agregó a esto: “Vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien dentro de ciertos marcos. Las mujeres tendrán un papel muy activo en la sociedad, dentro de lo dictado por el islam. Las mujeres son una parte fundamental de la sociedad, y estamos garantizando todos sus derechos dentro de los límites del islam”.
Los talibanes emplearon un lenguaje similar en referencia a los límites que el marco de la ley islámica impone a los derechos de las mujeres mientras ocuparon el poder entre 1996 y 2001. Durante ese período, prohibieron casi totalmente la educación de mujeres y niñas, recurrieron a la lapidación y los azotes como castigo por supuestos delitos como el adulterio, y confinaron a las mujeres a sus hogares a menos que estuvieran acompañadas de un familiar varón, lo que implicó negarles la libertad de circulación y el acceso a la mayoría de las posibilidades de empleo.
“Los talibanes no pueden sostener que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y, al mismo tiempo, emplear un lenguaje discriminatorio sobre los derechos de la mujer”, sostuvo Sifton. “Este tipo de posturas misóginas son las que, justamente, se llevaron a extremos nefastos cuando los talibanes estuvieron antes en el poder”.
Mujahid también sugirió que el nuevo gobierno talibán no observaría los estándares jurídicos internacionales ni las normas sobre derechos humanos. Indicó que “otros países” tienen “normas distintas, políticas distintas, perspectivas, enfoques, políticas distintas, y reglamentaciones distintas”. Destacó que “los afganos también tienen el derecho a establecer sus propias normas, reglamentaciones y políticas… acordes con nuestros valores… y nadie debería preocuparse por nuestras normas y principios”.
Con respecto a la libertad de los medios de comunicación, Mujahid dijo que los talibanes tenían el “compromiso de trabajar con los medios dentro de nuestros marcos culturales. Los medios privados pueden seguir siendo libres e independientes, pueden seguir adelante con sus actividades, pero no puede haber “nada que se oponga a los valores islámicos”. Y si bien dijo que los medios de comunicación “podrán criticar nuestro trabajo para que podamos mejorar”, también agregó: “Es muy importante que los afganos asignen importancia a sus valores nacionales, a la unidad nacional y al consenso nacional. Los medios no deben operar contra los valores nacionales ni contra la unidad nacional”.
Durante los últimos años, los talibanes han estado implicados en la muerte de decenas de periodistas y han proferido amenazas contra muchos más. Mujahid sugirió que los talibanes se proponen regular o censurar las coberturas periodísticas que sean críticas de su forma de gobierno o que de algún modo menoscaben la “unidad” de Afganistán.
“Incluso cuando apoyan derechos humanos como la libertad de los medios de comunicación, los talibanes acompañan esto con una amenaza subliminal que genera consternación”, apuntó Sifton. “Es fundamental que la ONU establezca un mecanismo internacional de determinación de los hechos para el seguimiento de las condiciones de derechos humanos y para que se informe de manera pública sobre la situación”.
