(Washington D.C.) – Dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 31 de agosto de 2021 amenazan la independencia judicial al permitir que las autoridades remuevan a todos los jueces y fiscales que tengan 60 años o más, señaló hoy Human Rights Watch.
La nueva legislación que aprobó la Asamblea Legislativa, controlada por partidarios del Presidente Nayib Bukele, dispone que los jueces y fiscales que tengan 60 años o más “cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones”. Aunque no hay claridad con respecto a cuántos jueces se verán afectados, algunas estimaciones indican que más de 200 de los cerca de 700 jueces del país podrían ser destituidos y reemplazados por jueces designados por la Corte Suprema, institución que el partido de gobierno recientemente ha cooptado.
“Desde que los legisladores de Bukele obtuvieron el control de la Asamblea en mayo, han adoptado medidas drásticas orientadas a destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estas nuevas leyes parecen tener el propósito de asegurar el control del gobierno sobre un número importante de fiscales y jueces de tribunales inferiores”.
La nueva norma será aplicable a todos los jueces y fiscales, salvo aquellos jueces que formen parte de la Corte Suprema. Previamente, la ley no establecía una edad de jubilación obligatoria para los jueces e indicaba que estos podían retirarse al cumplir 35 años de servicio.
Sin embargo, la nueva ley también faculta a la Corte Suprema a autorizar que los jueces que tengan 60 años o más puedan continuar ejerciendo sus funciones “atendiendo a razones de necesidad o especialidad en la materia”, y a que el Fiscal General prorrogue el mandato de los fiscales por “razones de conveniencia del servicio” o por “la complejidad o [la] especialidad de sus funciones”. Estas disposiciones son muy vagas e imprecisas y podrían usarse con facilidad para premiar a jueces y fiscales leales al gobierno y, al mismo tiempo, castigar con la destitución únicamente a quienes sean independientes o sean percibidos como tales, explicó Human Rights Watch.
Desde que asumió en 2019, el Presidente Bukele ha debilitado el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos. Bukele ha cuestionado abiertamente pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que prohibieron llevar a cabo detenciones por infracciones a las medidas contra el Covid-19, y ha acusado a algunos jueces de “genocidas”.
En febrero, su partido, Nuevas Ideas, consiguió una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa. El 1 de mayo, pocas horas después de que se integrara la nueva Asamblea, con miembros leales a Bukele, los legisladores destituyeron y reemplazaron a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional, así como al Fiscal General. Los jueces fueron removidos simplemente porque al gobierno le disgustaban sus sentencias, lo cual viola estándares internacionales sobre independencia judicial.
A fines de junio, la Asamblea Legislativa designó a cinco nuevos jueces de la Corte Suprema, sin ninguna transparencia ni deliberación pública, violando el proceso establecido en la Constitución y en las propias normas internas de la Asamblea. Cada vez que se renueva la legislatura, la ley permite que la nueva composición del órgano legislativo nombre a 5 de los 15 jueces que conforman la Corte Suprema. Sin embargo, la actual Asamblea controlada por Bukele ya ha designado a 10.
Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que El Salvador proteja y respete la independencia e imparcialidad del poder judicial. Varios instrumentos internacionales—como los Principios Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, el Estatuto Universal del Juez y el Estatuto del Juez Iberoamericano— establecen los componentes centrales de un poder judicial independiente e imparcial. Esto incluye el requisito de que los jueces no estén sujetos a restricciones, presiones ni órdenes impuestas por otros poderes del gobierno, y que gocen de estabilidad en el cargo para que no teman ser destituidos por las decisiones que adopten.
Conforme al Estatuto Universal del Juez, los cambios con respecto a la edad de jubilación obligatoria para los jueces “no debe[n] tener efecto retroactivo”.
Si bien los gobiernos tienen libertad en principio para determinar la edad de jubilación obligatoria de sus jueces, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados ha criticado leyes similares a la adoptada en El Salvador que reducen de forma retroactiva la edad de jubilación obligatoria de los jueces por constituir una “transgresión flagrante de los principios de inamovilidad”. El Relator también ha instado a los gobiernos a garantizar que los nuevos regímenes jubilatorios solo se apliquen a jueces “que hayan asumido su función con posterioridad a la entrada en vigor de la ley”.
