(París) – Las autoridades francesas someten regularmente a las personas adultas y menores de edad que viven en los campamentos de migrantes alrededor de Calais a un trato degradante, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Cinco años después de la demolición del extenso campamento de migrantes de Calais, frecuentemente llamado la “Jungla”, más de 1.000 personas permanecen en campamentos en la ciudad y sus alrededores.
El informe de 79 páginas, “Enforced Misery: The Degrading Treatment of Migrant Children and Adults in Northern France” (“Miseria forzosa: El trato degradante de los niños, niñas y adultos migrantes en el norte de Francia”), documenta las repetidas operaciones de desalojo masivo, el acoso policial casi diario y las restricciones a la prestación y el acceso a la ayuda humanitaria. Las autoridades llevan a cabo estas prácticas abusivas con el objetivo principal de obligar a las personas a trasladarse a otros lugares, sin resolver su situación migratoria o la falta de vivienda, o de disuadir a los recién llegados.
“Someter a las personas a un acoso y humillación diarios nunca es justificable”, afirmó Bénédicte Jeannerod, directora para Francia de Human Rights Watch. “Si el objetivo es disuadir a las personas migrantes de reunirse en el norte de Francia, estas políticas son un fracaso manifiesto y provocan graves daños”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 60 migrantes, entre ellos 40 que se identificaron como menores no acompañados, en Calais y sus alrededores y en la comuna cercana de Grande-Synthe entre octubre y diciembre de 2020 y entre junio y julio de 2021. Human Rights Watch también se reunió con funcionarios de la prefectura y de la oficina de protección de la infancia del departamento de Pas-de-Calais, así como con la oficina del alcalde de Grande-Synthe.
Se calcula que unas 2.000 personas, entre ellas al menos 300 niños y niñas no acompañados, permanecían en los campamentos de Calais y sus alrededores a mediados de 2021, según organizaciones humanitarias. Varios cientos más, entre ellos muchas familias con niños y niñas, se encontraban en un bosque de Grande-Synthe, junto a la ciudad de Dunkerque.
Los esfuerzos policiales para expulsar a los adultos, niños y niñas migrantes de Calais y Grande-Synthe no han disuadido a los recién llegados y no parecen haber reducido los cruces irregulares del Canal, que alcanzaron máximos históricos en julio y agosto. Sin embargo, las prácticas policiales han infligido una miseria cada vez mayor a los migrantes.
“Cuando llega la policía, tenemos cinco minutos para salir de la tienda antes de que lo destruyan todo. No es posible que cinco personas, incluidos pequeños, se vistan en cinco minutos en una tienda de campaña”, dijo una mujer kurda de Irak a Human Rights Watch en diciembre de 2020.
La policía exige habitualmente a los migrantes que se desplacen temporalmente fuera del terreno que están ocupando mientras confiscan – y a menudo destruyen – las tiendas de campaña, las lonas y los sacos de dormir que la gente no ha conseguido llevarse consigo. La policía sometió a la mayoría de los campamentos de Calais a estas operaciones rutinarias de desalojo cada dos días en 2020 y la primera mitad de 2021. En Grande-Synthe estos desalojos tuvieron lugar una o dos veces por semana.
Showing the Despair, and the Beauty, in Migrants’ Lives
La policía llevó a cabo más de 950 operaciones rutinarias de desalojo en Calais y al menos 90 desalojos rutinarios en Grande-Synthe en 2020, incautando casi 5.000 tiendas de campaña y lonas y cientos de sacos de dormir y mantas, según Human Rights Observers (HRO), un grupo que supervisa regularmente los desalojos policiales de estos campamentos.
La policía también desaloja periódicamente a todas las personas de un campamento, alegando que se trata de operaciones de “refugio”. Pero el refugio solo se proporciona durante unos días. Las autoridades que llevan a cabo los desalojos masivos tampoco identifican ni toman medidas específicas para proteger a los menores no acompañados.
Estas tácticas hacen que los niños, niñas y los adultos estén constantemente en alerta y centrados en su supervivencia diaria. Muchos están demacrados, faltos de sueño y, como observó en septiembre de 2020 la oficina del Defensor del Pueblo francés, “en un estado de agotamiento físico y mental”.
Las autoridades también han impuesto restricciones legales y prácticas a la prestación de asistencia humanitaria y al acceso a la misma. Las ordenanzas locales prohíben la distribución de alimentos y agua por parte de los grupos de ayuda en el centro de Calais. Los lugares de ayuda del gobierno suelen ser trasladados, o la ayuda se distribuye al mismo tiempo que los desalojos.
Los servicios gubernamentales no satisfacen las necesidades de las mujeres y las niñas. Los campamentos de Calais no tienen aseos separados para mujeres, y Grande-Synthe no tiene aseos. Los aseos carecen de iluminación adecuada, lo que supone un riesgo especial para las mujeres y las niñas. Las barreras de acceso al agua suponen escasez para todos y problemas para las mujeres y niñas durante la menstruación.
En principio, los refugios de emergencia están disponibles para cualquiera que los necesite en Francia, pero el sistema está sobrecargado. Los refugios de Calais suelen estar llenos, y el alojamiento de emergencia es aún más limitado para los de Grande-Synthe. El alojamiento de emergencia suele limitarse a unas pocas noches, incluso para las familias con pequeños. Un sistema de alojamiento independiente para menores no acompañados también está a menudo al límite de su capacidad, y muchos niños y niñas son rechazados.
La policía también ha hostigado a los voluntarios de HRO, Utopia 56 y otros grupos no gubernamentales que monitorean la conducta de la policía durante los desalojos. Algunos policías han dicho falsamente a los observadores que no podían filmar las operaciones policiales, amenazándolos con la detención.
Estas prácticas abusivas fomentan una política de disuasión mediante la cual los funcionarios tratan de eliminar o evitar todo lo que consideran que atrae a los migrantes al norte de Francia o fomenta el establecimiento de campamentos. Este enfoque no tiene en cuenta la realidad de que el verdadero atractivo es su proximidad al Reino Unido, a 30 kilómetros al otro lado del estrecho de Dover.
“Los exiliados no están viajando al norte de Francia porque han oído que pueden acampar en el bosque o dormir bajo un puente. No vienen porque haya grupos que les den un poco de comida y agua. Vienen porque allí está la frontera”, explicó Charlotte Kwantes, coordinadora nacional de Utopia 56.
El fin del periodo de transición del Brexit significa que el Reino Unido ya no puede devolver a la mayoría de los solicitantes de asilo adultos a Francia sin estudiar primero sus solicitudes de asilo. El gobierno británico también ha dejado de aceptar nuevas solicitudes de traslado por reagrupación familiar, la única opción legal práctica para la entrada en el Reino Unido disponible para los menores no acompañados.
Las prefecturas de Pas-de-Calais y Nord, los departamentos en los que se encuentran Calais y Grande-Synthe, deben poner fin a los repetidos desalojos de los campamentos de migrantes y dejar de confiscar las pertenencias de las personas, señaló Human Rights Watch. Las prefecturas deberían trabajar con las autoridades departamentales para ofrecer un alojamiento alternativo que proporcione estabilidad y ayude a las personas a tomar decisiones informadas sobre la búsqueda de asilo u otro estatus en Francia o en otro lugar, o el regreso a sus países de origen.
Las autoridades francesas de protección de la infancia deberían hacer más para informar a los menores no acompañados sobre sus opciones, incluida la entrada en el sistema de protección de la infancia, que ofrece la posibilidad de recibir un estatus legal a los 18 años.
La Unión Europea debería crear un sistema de reparto de responsabilidades entre los Estados miembros de la UE que evite la presión injusta sobre los países de primera llegada y los países de destino más populares, y que tenga debidamente en cuenta los vínculos familiares y sociales, así como las preferencias individuales de las personas solicitantes de asilo.
El gobierno británico debería desarrollar medios seguros y legales para que los migrantes viajen al Reino Unido en busca de refugio, reunirse con sus familiares o trabajar o estudiar.
“Las autoridades francesas deben abandonar su fallido manual de actuación hacia los migrantes de los últimos cinco años”, dijo Jeannerod. “Necesitan adoptar un nuevo enfoque para ayudar a las personas, no para acosarlas y maltratarlas repetidamente”.
