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Carta de Human Rights Watch al Presidente Biden, el Presidente López Obrador y el Primer Ministro Trudeau

Nueva York, 17 de noviembre de 2021

S.E. Joseph Biden
Presidente de los Estados Unidos

S.E. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

S.E. Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá

De mi mayor consideración,

Me dirijo a S.E. en representación de Human Rights Watch con antelación a la novena Cumbre de Líderes Norteamericanos, que se llevará a cabo en Washington D.C el 18 de noviembre, para expresar mi preocupación respecto a sus políticas sobre algunos de los temas que se analizarán en dicho encuentro. Estos incluyen las políticas regionales sobre migración, cambio climático y la pandemia de Covid-19. 

Instamos a S.E. a que asuman un compromiso conjunto de respetar los derechos de migrantes y solicitantes de asilo y trabajar juntos para abordar la crisis climática.

A continuación, se incluye una descripción de nuestras inquietudes y recomendaciones.

Migración y derecho a solicitar asilo

Durante la gestión de los presidentes Biden y López Obrador, Estados Unidos y México han cometido violaciones graves, sistémicas y persistentes de los derechos de migrantes y solicitantes de asilo.

El gobierno de Biden ha continuado la política estadounidense, de larga data, de apoyarse considerablemente en México para impedir que los migrantes y solicitantes de asilo lleguen a la frontera de EE. UU. México ha movilizado decenas de miles de soldados, miembros de la Guardia Nacional y agentes de migración a las fronteras y a puestos de control en todo el país. Estos agentes han propinado golpes y puntapiés a migrantes, separado familias, irrumpido en viviendas privadas en busca de migrantes y agredido a periodistas, activistas y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que procuraban documentar los abusos. En dos oportunidades, dispararon contra migrantes que no se habían detenido en puestos de control, causando su muerte.

Estados Unidos y México también han adoptado medidas inéditas para incrementar las expulsiones sumarias de solicitantes de asilo sin permitirles solicitar protección, en violación de la legislación estadounidense y mexicana y de las normas del derecho internacional. Durante los primeros nueve meses de gestión de Biden, su gobierno expulsó a migrantes más de 800 mil veces sin permitirles intentar obtener protección. Esto prácticamente duplica la cantidad de veces que lo hizo el gobierno de Trump en los últimos 11 meses de su mandato. Muchos solicitantes de asilo son transferidos a la custodia de autoridades migratorias mexicanas, quienes los expulsan a América Central, en algunos casos abandonándolos cerca de cruces fronterizos en zonas remotas. Estados Unidos y México también han expulsado a miles de personas a Haití, país que está atravesando una crisis que no le permite atender las necesidades básicas de su población. Enviar a los migrantes de regreso a un lugar donde sus vidas están en riesgo constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos.

Estados Unidos y México también han sometido a migrantes y solicitantes de asilo a violaciones de derechos humanos mientras se encontraban bajo la custodia de autoridades. En septiembre, obtuvimos evidencia de más de 160 casos de conducta indebida y abusos contra solicitantes de asilo, informados por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (Customs and Border Protection, CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) y la Patrulla Fronteriza, entre los cuales había denuncias de agresión, abuso sexual y negación de atención médica, así como intentos de impedir que los solicitantes de asilo presentaran peticiones. En agosto, hablamos con solicitantes de asilo que nos informaron que agentes de migración mexicanos habían intentado impedir que presentaran peticiones de asilo. En ambos países, los migrantes detenidos han referido condiciones de hacinamiento insalubres y falta de medidas para prevenir la propagación del virus que causa el Covid-19, aun cuando el gobierno de Biden ha utilizado la pandemia como pretexto para expulsar de manera sumaria a solicitantes de asilo.  

A su vez, aunque Canadá se jacta de ser un país que acoge a refugiados y respeta los derechos humanos, el gobierno de Trudeau encarcela a miles de migrantes y solicitantes de asilo cada año, incluso en cárceles provinciales de máxima seguridad. Las personas detenidas por motivos migratorios suelen ser esposadas, encadenadas y, a veces, sometidas a un régimen de aislamiento. Al no haber fechas fijas de liberación, estas personas pueden permanecer detenidas durante meses, o incluso años. Las personas detenidas por motivos migratorios que tienen discapacidades psicosociales enfrentan discriminación a lo largo del proceso.

Instamos respetuosamente a que S.E. usen la Cumbre de Líderes de América del Norte como oportunidad para asumir un compromiso conjunto de poner fin a los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo, frenar las expulsiones sumarias, priorizar el establecimiento de rutas seguras y legales para la migración y asegurar que todas las personas que lleguen a América del Norte huyendo de contextos de violencia y persecución tengan acceso a protección.

Cambio climático

La crisis climática es una crisis de derechos humanos. En todo el mundo, calor extremo, sequías, inundaciones, incendios forestales, huracanes y el aumento del nivel del mar menoscaban la seguridad alimentaria, amenazan con expulsar a cientos de millones de personas de sus hogares y agudizan conflictos por el acceso a recursos cada vez más escasos.

Canadá, México y Estados Unidos contribuyen a la crisis como tres de los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo (Estados Unidos es el segundo país con más emisiones, mientras que Canadá y México están entre los primeros quince). Sus gobiernos tienen la obligación de derechos humanos de proteger a las personas de daños previsibles ocasionados por la crisis climática y de evitar sus efectos más catastróficos, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Instamos a S.E. a comprometerse a cumplir con esta obligación, trabajando juntos para acelerar la transición de combustibles fósiles a fuentes no contaminantes de energía renovable en América del Norte.

Desde que asumió en enero, el presidente Biden ha identificado el cambio climático como una de sus principales prioridades a nivel nacional e internacional. Gestionó la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París, organizó una cumbre climática mundial en abril y ha impulsado legislación que avanzaría la transición hacia energías no contaminantes en Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo, su administración ha seguido respaldando una mayor extracción de combustibles fósiles y nuevas infraestructuras de petróleo y gas. 

El presidente López Obrador se ha pronunciado en contra de la energía eólica y solar. Está impulsando cambios legales y de políticas públicas que podrían desmantelar al precario sector de la energía renovable que existe en México. Está invirtiendo miles de millones de dólares en reactivar la generación de energía a través de carbón, petróleo y gas en el país, lo que incluye la reapertura de centrales eléctricas de carbón que iban a cerrarse.

El primer ministro Trudeau ha señalado que el cambio climático es una de sus principales prioridades. No obstante, bajo su gobierno, Canadá no está en camino a cumplir con su inadecuado objetivo de reducción de emisiones y es la mayor fuente de financiamiento público de combustibles fósiles per cápita entre los países del G20. Si bien Canadá se comprometió a poner fin al financiamiento público internacional de combustibles fósiles en 2022, a más tardar, esa promesa no incluye los miles de millones de dólares adicionales que Canadá provee en financiamiento público a nivel doméstico, o los subsidios a combustibles fósiles.

Canadá, México y Estados Unidos hicieron importantes declaraciones en la COP26, incluyendo poner un fin a la pérdida de bosques para 2030 y disminuir drásticamente las emisiones globales de metano. Canadá y Estados Unidos también presentaron contribuciones determinadas a nivel nacional (Nationally Determined Contributions, NDCs) más ambiciosas (lamentablemente, México no lo hizo). Sin embargo, estas medidas siguen siendo insuficientes.

Instamos a S.E. a utilizar la Cumbre de Líderes de América del Norte para empezar a disminuir la brecha entre las promesas realizadas y las medidas necesarias para cumplir con el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Específicamente, instamos a S.E. a comprometerse a no emprender nuevos proyectos de exploración, producción o desarrollo de infraestructura de combustibles fósiles; cesar el apoyo financiero a combustibles fósiles, tanto a nivel doméstico como internacional; y llevar a cabo una eliminación gradual, oportuna y transparente de los subsidios a dichos combustibles. Asimismo, alentamos a S.E. a comprometerse a crear marcos regulatorios para garantizar que los proyectos de energías no contaminantes respeten los derechos humanos, lo cual incluye asegurar un uso responsable de las fuentes de abastecimiento de minerales para tecnologías de energía renovable.

Respuesta al Covid-19

El presidente Biden y el primer ministro Trudeau deberían usar esta oportunidad para alentar al presidente López Obrador a tomar con mayor seriedad los datos científicos relacionados con la pandemia de Covid-19, para salvar vidas. Al igual que el expresidente de EE. UU. Donald Trump, el presidente López Obrador ha sido una fuente de desinformación respecto al virus, restando gravedad a sus riesgos, negándose a usar cubrebocas y organizando eventos públicos en los peores momentos de la pandemia. Durante su gestión, México ha tenido una de las tasas de muerte por Covid-19 más altas del mundo.

Instamos a S.E. a que asignen un papel central a los derechos humanos en la cooperación regional en América del Norte. Confiamos en que esta carta pueda servir de base para un diálogo constructivo durante la cumbre del jueves. Quedo a disposición de S.E. para discutir las inquietudes que hemos planteado o brindar más información sobre nuestras recomendaciones.

Aprovecho la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Kenneth Roth
Director Ejecutivo
Human Rights Watch

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