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El Salvador: Bloquean a críticos en las redes sociales

El presidente Bukele viola la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, da un discurso en un video pregrabado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, a través de una transmisión en vivo el 23 de septiembre de 2021. © Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

(Washington D.C.) – Autoridades de El Salvador, incluido el presidente Nayib Bukele, están bloqueando a personas críticas del gobierno en redes sociales, señaló hoy Human Rights Watch. Estos bloqueos constituyen una violación de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público.

Human Rights Watch identificó el bloqueo de 91 cuentas, la gran mayoría de ellas en Twitter, entre las cuales había cuentas de periodistas, abogados, activistas y ciudadanos comunes. La mayoría han sido bloqueadas por el presidente Bukele. Instituciones gubernamentales, incluyendo la oficina de la Casa Presidencial, la Secretaría de Prensa de la Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones, también han bloqueado algunas cuentas. Es muy probable que la cantidad total de personas bloqueadas sea mayor. Bloquear usuarios en las redes sociales parece ser parte de una estrategia más amplia del gobierno de Bukele para silenciar críticos y reducir la transparencia.

“El presidente Bukele utiliza las redes sociales como uno de los principales medios de comunicación para anunciar decisiones gubernamentales e interactuar con el público, a tal punto que su cuenta de Twitter prácticamente se ha convertido en el Diario Oficial de El Salvador”, expresó Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Al bloquear a personas con las que está en desacuerdo, Bukele les niega el acceso a información pública y restringe su interacción con los funcionarios que las representan”.

Las personas bloqueadas deben cerrar la sesión en sus cuentas de redes sociales para poder ver las publicaciones del presidente Bukele, lo cual dificulta el acceso a información gubernamental. No pueden interactuar con las publicaciones, como reenviarlas, publicar respuestas, dar “Me gusta” o comentarlas. Esto impide que las personas bloqueadas participen en debates públicos, viola su libertad de expresión y, cuando ocurre en respuesta a críticas, constituye una discriminación sobre la base de sus opiniones, señaló Human Rights Watch. Los periodistas bloqueados no pueden hacer preguntas ni solicitar información, lo cual viola la libertad de prensa.

El 8 de octubre de 2021, Human Rights Watch solicitó información a la Presidencia sobre la cantidad de personas que habían sido bloqueadas en Twitter y Facebook por el presidente Bukele, el vicepresidente Félix Ulloa y las cuentas institucionales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la oficina de la Casa Presidencial y la Secretaría de Comunicaciones. Human Rights Watch no ha recibido respuesta.

El bloqueo de cuentas en redes sociales resulta particularmente alarmante en un contexto en el que el gobierno ha entorpecido el acceso a la información pública y ha atacado a organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes, manifestó Human Rights Watch.

El gobierno de Bukele ha debilitado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) —responsable de implementar la Ley de Acceso a la Información Pública— al aprobar reformas al reglamento de esta ley que limitan la autonomía del organismo. El gobierno también destituyó a una comisionada del IAIP que criticó la falta de transparencia del gobierno.  

En noviembre, Bukele presentó un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” ante la Asamblea Legislativa para regular el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento del extranjero. De ser aprobado, el proyecto limitaría gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos. El proyecto de ley se suma a otras medidas impulsadas por el gobierno para intimidar y hostigar a organizaciones de la sociedad civil, como la creación de una comisión legislativa para investigar la asignación de fondos públicos a ONG, varios allanamientos de las oficinas de organizaciones no gubernamentales que parecen responder a motivaciones políticas e investigaciones aparentemente arbitrarias contra medios de comunicación independientes.

Las instituciones oficiales y los altos funcionarios del gobierno, incluyendo el presidente Bukele, no deberían bloquear el acceso a cuentas de redes sociales que se usan para transmitir información de interés público o para discutir asuntos públicos, explicó Human Rights Watch.

El presidente Bukele aborda temas de interés público regularmente desde su cuenta de Twitter. Ha usado las redes sociales para anunciar el despidos de funcionarios, promover la adopción de leyes, comunicar regulaciones sobre Covid-19 y social. También ha utilizado su cuenta para atacar a jueces, instituciones no gubernamentales y la prensa independiente, así como para hacer comentarios sobre la relación bilateral entre El Salvador y otros países.

El Presidente Bukele también interactúa con las publicaciones de seguidores sobre temas que van desde bitcoin hasta inversiones locales.

La cuenta de Twitter del presidente Bukele tiene más de 3 millones de seguidores.

En septiembre, Human Rights Watch publicó mensajes en Twitter pidiendo a los usuarios que enviaran capturas de pantalla si el presidente Bukele o algún otro alto funcionario salvadoreño los había bloqueado. En respuesta, 81 personas compartieron capturas de pantalla en las cuales se veía su nombre de usuario, que identifica la cuenta, y un mensaje que indicaba que habían sido bloqueados por la cuenta del presidente o algún otro funcionario de alto rango.

Captura de pantalla del bloqueo de Twitter del presidente Nayib Bukele a Eduardo Escobar, el director de una ONG. Proporcionado por Eduardo Escobar.

Human Rights Watch examinó cada una de esas capturas y no encontró indicios de que hubieran sido alteradas de modo malicioso. Al momento en que fueron examinadas, ninguna de esas 81 cuentas seguían a la cuenta del presidente Bukele ni las de instituciones gubernamentales u otros altos funcionarios públicos que indicaron que los habían bloqueado, un elemento que apunta a que efectivamente habían sido bloqueadas. La mayor parte de las personas que enviaron capturas de pantalla manifestaron que habían sido bloqueadas después de publicar comentarios criticando al gobierno.

Captura de pantalla del bloqueo de Twitter de la periodista Julia Gavarrete por parte de la Oficina de Prensa del Presidente de El Salvador. Proporcionado por Julia Gavarrete.

Human Rights Watch también realizó búsquedas en Twitter usando palabras clave para identificar otras cuentas bloqueadas. Encontró otras 10 personas, en su mayoría periodistas, que habían publicado en Twitter que el presidente Bukele u otras cuentas oficiales de gobierno las habían bloqueado. En el momento en el que verificamos esta información, ninguna de estas cuentas seguía  al presidente Bukele ni a las cuentas oficiales mencionadas, lo cual es consistente con sus afirmaciones de que habían sido bloqueadas.

En 2019, la Cámara de lo Contencioso Administrativo en El Salvador dictó una sentencia en un caso relacionado con la cuenta de Twitter de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Según el tribunal, mediante la decisión de la PDDH de bloquear a un usuario, “al peticionario se le negó... la posibilidad de acceder y recibir información de interés público difundida a través de las cuentas de Twitter de la PDDH”. El tribunal resolvió que la Procuraduría debía desbloquear a la cuenta.

Tribunales de otros países han determinado que los funcionarios públicos que utilizan sus cuentas para actividades oficiales no pueden bloquear usuarios por el solo motivo de expresar opiniones con las que los funcionarios están en desacuerdo. En 2019, un tribunal de apelaciones en Estados Unidos resolvió, en un caso que involucraba al entonces presidente Donald Trump, que la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que consagra el derecho a la libre expresión, “no permite que un funcionario público que utiliza una cuenta en redes sociales para todo tipo de fines públicos excluya a personas de un diálogo en línea que, de otro modo, sería abierto, debido a que esas personas expresan opiniones con las cuales el funcionario está en desacuerdo”

En un caso presentado por un periodista, la Suprema Corte de México resolvió en 2019 que el fiscal general del estado de Veracruz estaba usando su cuenta de Twitter para brindar información sobre sus actividades como funcionario público, y que por lo tanto la cuenta debería ser accesible “para todos los gobernados”, particularmente los periodistas, quienes deberían contar con “garantías reforzadas” para acceder a información de interés para la sociedad.

Con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos están obligados a proteger la libertad de expresión, que incluye el derecho a procurar, recibir y publicar información de todo tipo, tanto en internet como por otros medios, y el derecho de las personas a participar en debates sobre cuestiones de interés público.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y otros tratados internacionales, de los cuales El Salvador es parte, permiten que se establezcan restricciones a la libertad de expresión únicamente si esas restricciones están previstas en la ley y son estrictamente necesarias y proporcionales para conseguir un fin legítimo, lo cual incluye la protección de los derechos y la reputación de otras personas o la protección de la seguridad nacional, y si no tienen carácter discriminatorio. El PIDCP y la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben la discriminación por opiniones políticas o de otra índole. Tanto la Asamblea General de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos han manifestado que los mismos derechos que las personas tienen fuera de internet, particularmente la libertad de expresión, deben protegerse también en línea.

Además, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000, establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.

En función de estos estándares, altos funcionarios públicos como el presidente Bukele y los miembros de su gabinete solo deberían bloquear o eliminar los comentarios de seguidores de redes sociales en circunstancias muy limitadas y estrictamente definidas, las cuales deberían estar contempladas en la legislación. Esas circunstancias incluirían situaciones en las cuales las restricciones resulten necesarias para proteger los derechos de una persona a la no discriminación o a la seguridad personal; como, por ejemplo, cuando el contenido o comportamiento constituya acoso sexual o incitación a la violencia, o cuando los usuarios publiquen, con intenciones maliciosas, información privada y que identifica a una persona.

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