(Nueva York) – Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deberían aprovechar una reunión informal sobre la rendición de cuentas por los graves crímenes cometidos en Ucrania para destacar la importancia de una justicia imparcial y la coordinación de una amplia gama de esfuerzos internacionales de rendición de cuentas, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde el 24 de febrero de 2022, las fuerzas rusas han azotado pueblos y ciudades ucranianas con ataques aéreos y de artillería, matando e hiriendo a miles de civiles. Han llevado a cabo ataques indiscriminados contra edificios residenciales, así como escuelas y hospitales en toda Ucrania, dejando un rastro de muerte y destrucción. En las zonas que han ocupado, las fuerzas rusas han cometido presuntos crímenes de guerra, como ejecuciones sumarias, torturas y violaciones.
“Con el aumento de la cifra de muertos en Ucrania y los frecuentes informes de nuevos crímenes de guerra, la comunidad internacional tiene la urgente responsabilidad de enviar un mensaje claro a quienes cometen crímenes de guerra de que la matanza gratuita podría llevarles a la cárcel”, dijo Ida Sawyer, directora de la división de crisis y conflictos de Human Rights Watch. “Los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil deben cooperar para garantizar una justicia efectiva e imparcial para las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania”.
El 27 de abril, Albania y Francia convocarán una reunión con arreglo a la “fórmula Arria”, un encuentro informal de los miembros del Consejo de Seguridad, para discutir cómo la ONU puede apoyar y coordinar los esfuerzos de rendición de cuentas por los graves crímenes en Ucrania. Entre los participantes estarán el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan; la ministra de Asuntos Exteriores albanesa, Olta Xhaçka; la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova; la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; Amal Clooney, de la Fundación Clooney para la Justicia; y la directora de la división de crisis y conflictos de Human Rights Watch, Ida Sawyer.
En las últimas semanas, la ciudad de Bucha se ha convertido en sinónimo de la palabra “atrocidades”. Pero violaciones similares y aparentes crímenes de guerra también han tenido lugar en otros lugares de Ucrania. El equipo de investigación de Human Rights Watch ha viajado a pueblos y ciudades previamente ocupados por las fuerzas rusas y ha recogido decenas de testimonios de fuerzas rusas que han cometido torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, saqueos, violencia sexual y otros crímenes. Las fuerzas rusas también han utilizado repetidamente municiones de racimo y otras armas explosivas en ciudades y pueblos ucranianos densamente poblados.
En Mariupol, decenas de miles de civiles [cf1] han quedado atrapados mientras su ciudad se ha convertido en escombros en medio de persistentes bombardeos, dejando a la gente con poca o ninguna comida, agua, medicamentos, calefacción o medios de comunicación, y sin una forma segura de escapar. Al parecer, muchas personas han sido trasladadas por la fuerza a Rusia, lo que constituye un crimen de guerra. El número de civiles muertos en Mariupol sigue sin estar claro, pero los funcionarios locales estiman que pueden haber muerto alrededor de 20.000. Hay evidencias de que las fuerzas rusas enterraron a algunas de las víctimas en al menos dos fosas comunes en pueblos vecinos.
Los niños, las personas mayores y los discapacitados suelen verse afectados de forma desproporcionada durante los conflictos, señaló Human Rights Watch.
Los gobiernos y los organismos judiciales internacionales han puesto en marcha una serie de iniciativas de rendición de cuentas en respuesta a los crímenes cometidos en Ucrania. El 2 de marzo, el fiscal de la CPI anunció la apertura de una investigación formal, mientras que las autoridades de países como Francia, Alemania, Lituania y Suecia han abierto sus propias investigaciones penales en virtud del principio de jurisdicción universal. El 4 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó la creación de una comisión internacional de investigación para documentar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos.
Las autoridades ucranianas también están llevando a cabo sus propias investigaciones penales. Para apoyar estos esfuerzos, muchos gobiernos han ofrecido a Ucrania ayuda para reforzar su capacidad judicial. Mientras tanto, los grupos de la sociedad civil nacionales e internacionales han estado documentando enérgicamente las violaciones a medida que se producen.
Las organizaciones de la sociedad civil ucraniana e internacional tienen un papel esencial que desempeñar en la búsqueda de la justicia en Ucrania, incluso en la documentación, la creación de capacidades, la investigación y la incidencia, así como en el acercamiento a las víctimas y las comunidades afectadas. Las autoridades deberían cooperar con estas organizaciones para informar sobre los procesos judiciales en curso, señaló Human Rights Watch.
Si bien las fuerzas rusas han cometido la mayoría de los presuntos crímenes de guerra, también se han denunciado violaciones ucranianas de las leyes de la guerra. Human Rights Watch ha instado a las autoridades ucranianas a investigar los presuntos abusos cometidos por las fuerzas ucranianas contra prisioneros de guerra rusos. Ucrania también debe investigar las acusaciones de que sus fuerzas han utilizado municiones de racimo prohibidas, tal y como informó The New York Times, y hacer rendir cuentas a los responsables del uso de estas armas. Las leyes de la guerra se aplican a todas las partes del conflicto, y Ucrania se ha comprometido públicamente a cumplir esas normas.
Aunque Ucrania ha aceptado la jurisdicción del tribunal sobre los presuntos crímenes cometidos en su territorio desde noviembre de 2013, no es miembro de la CPI. Ucrania también debe ratificar el tratado de la CPI y convertirse formalmente en miembro del tribunal. Grupos nacionales e internacionales de la sociedad civil llevan años presionando al gobierno ucraniano para que se adhiera al tribunal.
Ucrania también debe adaptar plenamente su legislación nacional al tratado de la CPI y al derecho internacional. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, debe promulgar un proyecto de ley aprobado por el parlamento ucraniano en mayo de 2021 que podría ayudar a las autoridades a perseguir los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad en el ámbito nacional. Armonizar las leyes nacionales con el derecho internacional es fundamental para fortalecer el sistema de justicia nacional y el Estado de derecho, señaló Human Rights Watch.
Todos los que participan en estas investigaciones deben cooperar y colaborar para garantizar la eficacia de las investigaciones, dijo Human Rights Watch. Deben preservar las pruebas según las normas internacionalmente aceptadas y salvaguardar las escenas del crimen. Los gobiernos también deberían apoyar a Ucrania en el desarrollo y la ampliación de la capacidad de sus propios investigadores, fiscales y tribunales, y en la creación de un marco para apoyar a las víctimas y proteger a los testigos.
Los países miembros de la ONU que abogan por la justicia y la rendición de cuentas deben asegurarse de que no se deje de lado la justicia en ninguna negociación de paz. Es importante a largo plazo no comprometer la justicia, dijo Human Rights Watch.
La reunión informal del Consejo de Seguridad pone de manifiesto la parálisis del organismo en relación con Ucrania debido a la capacidad de Rusia de vetar las acciones sustantivas del Consejo. El 25 de febrero, Rusia bloqueó una resolución que pedía el fin de la invasión y la retirada de todas las fuerzas rusas. Como parte del conflicto, Rusia debería haberse abstenido en esa votación en virtud del artículo 27 (3) de la Carta de la ONU, pero no lo hizo.
Desde entonces, la Asamblea General de la ONU ha adoptado tres resoluciones condenando a Rusia en una Sesión Especial de Emergencia sobre Ucrania, incluida una que suspende la pertenencia de Rusia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La sesión especial se convocó de acuerdo con la resolución “Unidos por la paz” de 1950, que permite a la Asamblea General ocuparse de asuntos de paz y seguridad internacionales cuando una o varias potencias con poder de veto impiden la actuación del Consejo.
Los Estados miembros del Consejo de Seguridad –y la Alta Comisionada Bachelet— deben aprovechar la reunión del 27 de abril para demostrar que la ONU sigue siendo relevante, expresando su apoyo a la adopción de nuevas medidas por parte de órganos de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, donde Rusia no tiene poder de veto. Deberían expresar su apoyo a la CPI y a las organizaciones de derechos humanos que reúnen pruebas de crímenes de guerra.
Es importante recordar que la justicia internacional no se limita al conflicto de Ucrania. El apoyo a los esfuerzos de rendición de cuentas para Ucrania debería convertirse en un paradigma para la respuesta de la comunidad internacional a las crisis y conflictos en otros lugares del mundo, como en Etiopía, Myanmar, Palestina y Yemen.
“La prisa de la comunidad internacional por apoyar la justicia y la rendición de cuentas por los espeluznantes crímenes cometidos en Ucrania debería ser la norma y no la excepción”, afirmó Sawyer. “Si la ONU, la CPI, los gobiernos nacionales y la sociedad civil pueden trabajar juntos para documentar y preservar las pruebas de los crímenes en Ucrania, podría servir de modelo para el futuro de la justicia internacional”.
