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Corte Suprema de EE. UU. anula Roe vs. Wade en un revés para los derechos

El país se aparta de la tendencia internacional que amplía los derechos reproductivos

Activistas por el derecho al aborto protestan frente a la sede de la Corte Suprema de EE. UU. en Capitol Hill, Washington D.C., el martes 21 de junio de 2022. © 2022 AP Photo/Jose Luis Magana

En una decisión que se había anticipado, pero que resulta igualmente perturbadora, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la garantía constitucional de acceso al aborto en Estados Unidos y revirtió así medio siglo de protección judicial de este derecho fundamental.

El acceso al aborto es un derecho crucial para garantizar un amplio espectro de otros derechos humanos, que incluyen los derechos a la vida y la seguridad de la persona, la privacidad, la no discriminación y la libertad frente a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.

Sin embargo, si bien por ahora la corte ha eliminado la protección constitucional para acceder al aborto, Estados Unidos ha asumido obligaciones internacionales de derechos humanos de asegurar ese derecho. Tales obligaciones forman parte de tratados internacionales ratificados por Estados Unidos, y el derecho de acceso al aborto seguro y legal se encuentra arraigado en el derecho internacional de los derechos humanos.

Si bien personas expertas en derecho constitucional siguen ahondando en las complejidades del pronunciamiento de la corte, lo que resulta claro del voto redactado por el magistrado Alito es que la Corte ha determinado que la Constitución de Estados Unidos no confiere un derecho de acceso al aborto. Al emitir esa decisión, la Corte deja sin efecto el caso paradigmático Roe v. Wade y el caso posterior Casey v. Planned Parenthood. Con esta decisión, la corte devuelve la facultad de regular el aborto “al pueblo y sus representantes electos”.

A través de investigaciones, se ha demostrado que cuando se prohíbe o se limita el aborto, éstos no dejan de suceder, sino que solo se mueven a la clandestinidad. Esto incrementa el riesgo de procedimientos inseguros y de que se denuncie a la policía o se procese penalmente a las personas por presuntos abortos. Es probable que esto afecte en especial a las personas que, históricamente, han tenido un menor acceso a servicios de salud debido a discriminación y otros obstáculos sistémicos, como las personas adolescentes; negras, indígenas y otras personas de color; aquellas que viven en comunidades rurales o en situación de pobreza; y a quienes se discrimina por su orientación sexual e identidad de género.

Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch también muestran que la prohibición del aborto puede provocar que profesionales de salud, con miedo de la posibilidad de acciones penales, informen a la policía sobre pacientes con emergencias obstétricas o abortos espontáneos, que podrían parecer abortos provocados. Esto dificultaría que personal médico lleven a cabo su trabajo y brinden a sus pacientes el más alto nivel de atención.

Como se señala en los votos disidentes, a diferencia de Estados Unidos, países de todo el mundo tan distintos como Tailandia, Irlanda o México, han avanzado para ampliar los supuestos de aborto legal y esta decisión sitúa a Estados Unidos en una posición de excepción en materia de derechos humanos. Conforme fue señalado por Human Rights Watch, junto con Amnistía Internacional y el Global Justice Center, a la Corte Suprema de EE. UU. en un memorial presentado en calidad de Amicus, “[n]inguna ley sobre aborto se escribe sobre una página en blanco. Estados Unidos puede y debe aprender de las experiencias y los resultados de otras naciones”.

Estas experiencias nos han enseñado que EE. UU. —que, sorprendentemente, presenta la tasa más alta de mortalidad materna entre al menos otros 10 países ricos— debería prepararse para que se registre un aumento de la mortalidad y morbilidad maternas, en particular entre comunidades negras y personas que viven en situación de pobreza.

De un solo golpe, la corte ha diezmado las protecciones para un derecho fundamental que está estrechamente ligado a la igualdad de género, la justicia racial y los derechos económicos y sociales básicos, y ha facilitado las condiciones para que el gobierno controle una de las decisiones más privadas que una persona podría considerar.

Que no quepan dudas: lo que ocurrirá será trágico para los derechos humanos.

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