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El 26 de agosto debió haber sido un día de celebración para Ezz Eldin, un hombre trans de 26 años, pero terminó en tragedia. Murió desangrado tras ser dado de alta prematuramente después de una operación de afirmación de género en una clínica clandestina, según informaron activistas transgénero a Human Rights Watch.

Ezz Eldin, que también se llamaba Ahmed Fares, no tenía que morir, y lo que debió haber sido una cirugía de afirmación de la vida se convirtió en cambio en un procedimiento que amenazaba la vida en una clínica no autorizada. Un sistema disfuncional y discriminatorio le dejó sin alternativa quirúrgica. Esta es la situación de las personas trans en Egipto, a las que se les niega el acceso a una atención sanitaria adecuada en un gobierno que les discrimina y les niega el reconocimiento legal de su género.

Sus desesperados intentos por conseguir la atención que necesitaba se debieron, en parte, a la discordia entre las autoridades religiosas y médicas. El impasse se originó hace casi dos décadas y gira en torno a la medida en que las autoridades religiosas deben tener voz en los asuntos médicos. Se basa en una fatwa, o edicto religioso, que permitía la intervención médica sólo en el caso de las personas intersexuales, que nacen con características que varían de lo que se considera típico de los cuerpos femeninos o masculinos.

Las personas transgénero, cuyo género difiere del sexo que se les asignó al nacer, estaban descalificadas. Esta política confusa, contradictoria y discriminatoria ha dejado a les transexuales de Egipto con muy pocas opciones: si quieren operarse, las únicas opciones son las clínicas no reguladas y a menudo inseguras.

En 2003, el Ministerio de Salud egipcio creó un comité de revisión dentro del Sindicato Médico para las personas que quisieran una “cirugía de reasignación de sexo”. Sin embargo, el comité voluntario se reunía de forma irregular, no tenía autoridad legal y debía incluir a un representante del organismo de supervisión islámico de Egipto, Dar Al Ifta.

Esto llevó a una situación anómala en la que una autoridad religiosa participa en la política médica, con base en su comprensión de la religión, no de la ciencia. De acuerdo con la fatwa, Dar Al Ifta estableció una distinción entre “cambio de sexo”, en referencia a la cirugía de afirmación del género para personas transgénero, y “reasignación de sexo”, en referencia a la cirugía para personas con características intersexuales.

Las autoridades médicas se mostraban reticentes a remitir a los pacientes transexuales a la cirugía, por deferencia a sus homólogos religiosos. En 2003, el Sindicato Médico modificó el Código Deontológico para prohibir que los médicos operaran a pacientes transexuales, para complacer aún más a las autoridades religiosas, que creían que las sugerencias de reasignación de sexo sólo debían permitirse para personas intersexuales.

Los médicos que realizan este tipo de cirugía se arriesgan a una demanda profesional y a repercusiones legales en virtud del artículo 244 del Código Penal de Egipto. En varios casos documentados, los fiscales y los jueces castigaron a los médicos que habían realizado estas operaciones con el pretexto de causar una “discapacidad permanente” a los pacientes transexuales. Esto provocó un aumento en el costo de la atención para la afirmación del género, ya que menos médicos estaban dispuestos a asumir este riesgo. Según varias personas transgénero con las que hablamos, las cirugías de reafirmación de género podían costar entre 7000 EGP (445 USD) y 25 000 EGP (1560 USD).

A pesar de estas barreras, el Sindicato Médico indicó en 2013 que estaba dispuesto a considerar solicitudes individuales de personas trans bajo ciertas condiciones onerosas, como dos años de observación psiquiátrica. Con ello se pretendía demostrar a las autoridades religiosas que quien solicita la operación había intentado resolver la cuestión mediante un tratamiento psiquiátrico, pero sin resultado. Pero incluso este estrecho margen se cerró bajo la presión de Dar Al Ifta en 2014.

En 2017, los representantes religiosos y médicos parecían haber resuelto sus diferencias al acordar que las autoridades religiosas tendrían la última palabra. Sin embargo, el comité siguió siendo tan disfuncional que pidió al Gobierno que lo disolviera y transfiriera la responsabilidad de la gestión de los casos al Ministerio de Salud o al de Justicia.

En un caso emblemático de 2016, un hombre trans solicitó al Estado el reconocimiento legal de su género, pero un tribunal administrativo denegó su petición con base en la citada fatwa, y después de que la Autoridad Médica Forense dijera que “el demandante se sometió a una operación de cambio de sexo y no a una de reasignación de sexo”. Así, el demandante violó los principios de la shari'a, que sólo permite las cirugías para individuos intersexuales.

El tribunal añadió que el parlamento debía “promulgar leyes para regular la cuestión y aclarar la confusión sobre el proceso, con la condición de que las nuevas leyes fueran compatibles con la shari'a islámica” y que “el sindicato médico es un organismo responsable únicamente de velar por el bienestar de sus miembros y no está en condiciones de revisar las solicitudes de cirugías de reasignación de sexo”.

Esta sentencia puso de manifiesto el impacto negativo de que las autoridades religiosas determinen las necesidades de atención sanitaria de las personas transgénero, una tarea para la que no están en absoluto capacitadas.

La falta de acceso a la atención sanitaria para las personas trans dio lugar a un negocio médico clandestino que es peligroso y caro, con tratamientos no supervisados en centros sin licencia, sin vías de responsabilidad. A muchas personas transgénero de Egipto que quieren operarse no les queda más remedio que correr este riesgo.

Ezz Eldin pudo haber recibido la atención que necesitaba si las autoridades egipcias hubieran puesto remedio a este fallo sistémico y hubieran establecido un procedimiento administrativo que facilitara el acceso de las personas transgénero a la atención médica de afirmación del género.

Los poderes legislativo y ejecutivo de Egipto deben llevar a cabo reformas urgentes para crear un sistema legal de reconocimiento de género reconocido por todos los departamentos gubernamentales. El Sindicato Médico debe anular su prohibición de operar a las personas transgénero, y los organismos religiosos, como Dar Al-Ifta, deben poner fin a su injerencia en asuntos médicos. Los planes de estudio de las facultades de medicina también deben modificarse para incluir la formación médica en procedimientos de afirmación de género.

Los sistemas jurídico y médico deben modelarse para cumplir las obligaciones internacionales de Egipto en materia de derechos humanos, como Estado parte, en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Al reformar su propio sistema, Egipto puede influir en cambios positivos en otros países de la región, debido a su importancia geopolítica y cultural. Egipto debe liderar el camino y establecer mecanismos legales de reconocimiento de género claros y accesibles, así como permitir el acceso a la atención sanitaria de afirmación de género para las personas trans, sobre la base del derecho a la autoidentificación.