El devastador impacto de la criminalización del aborto en Ecuador

(Washington D.C.) -- Las leyes de Ecuador que criminalizan el aborto violan los derechos de las mujeres y las niñas y ponen en riesgo su vida y su salud, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 128 páginas, “‘¿Por qué quieren hacerme sufrir otra vez?’: El impacto de los procesos por aborto en Ecuador” documenta las vastas consecuencias perniciosas que ocasionan estas leyes en Ecuador, y que tienen un costo en vidas humanas al aumentar la mortalidad y morbilidad materna, impedir que las mujeres y niñas accedan a servicios esenciales y menoscabar otros esfuerzos más generales orientados a promover la salud sexual y reproductiva. Las mujeres y las niñas acusadas de aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos a la confidencialidad médica y al debido proceso, y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad. Los procesamientos afectan no solo a mujeres que desean poner fin a un embarazo no deseado, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención posterior al aborto de manera urgente.

 

Transcript

Narración:

“María” tenía 20 años cuando estuvo en prisión durante cuatro meses junto a su hijo de tres años.

Un día, mientras estaba en el trabajo, se resbaló y cayó por las escaleras. Empezó a sangrar y estaba muy adolorida.

Fue al hospital y se enteró de que estaba teniendo un aborto espontáneo. Antes de este momento, no sabía que estaba embarazada.

Los médicos le dijeron que todo estaba bien, pero más tarde fue arrestada por supuestamente haberse inducido el aborto.

Ana Vera, Abogada:

En Ecuador, las mujeres no pueden ser apresadas por abortar en determinados casos.

El primero es cuando la vida o la salud de una mujer corre un peligro no evitable por otros medios y el segundo es cuando el embarazo ha sido producto de violación.

Sin embargo, lo que suele suceder es que la dimensión de la salud mental, por ejemplo, la dimensión de la salud social no son consideradas.

Narración:

"Soledad" tenía 38 años cuando se enteró de que estaba embarazada de su primer hijo. Este era un embarazo deseado y planeado para “Soledad” y su esposo.

Un día sintió un dolor agudo, que la hizo sentir que debía ir al baño.

Tuvo un parto prematuro en casa y perdió a su hija.

Cuando llegó al hospital, los médicos asumieron que se había inducido un aborto y llamaron a la policía. La llevaron a la cárcel. 

De los 148 casos que Human Rights Watch analizó, el 73 por ciento de los procesos por presunto aborto se iniciaron después de que profesionales de salud denunciaran a la paciente a la policía, violando su obligación de guardar el secreto profesional. 

Dra. Susana Guijarro:

Los profesionales que trabajan en el sistema de salud tienen mucho temor de ser enjuiciados, de ser encarcelados porque tampoco tienen clara la ley.

Narración:

En estos casos donde los trabajadores de la salud denunciaron a las pacientes, se vulneraron los requisitos legales que protegen el secreto profesional y la confidencialidad médica.

Las mujeres y niñas acusadas de aborto a menudo se ven privadas de una atención post-aborto adecuada y se enfrentan a vulneraciones de su derecho al debido proceso  y barreras para acceder a una representación legal de calidad.

A pesar de que "Soledad" continuó sangrando durante días en la cárcel, ningún médico la visitó ni se le ofreció ningún cuidado.

El fiscal la acusó de homicidio agravado con una pena mínima de 26 años de prisión.

En el juicio, fue absuelta. Sin embargo, “Soledad” estuvo cinco meses en la cárcel.

Ana Vera, Abogada:

La criminalización del aborto es un tema de injusticia social, donde son las mujeres más empobrecidas las que más consecuencias sufren.

Dra. Susana Guijarro:

Las mujeres más pobres no tienen ningún accesoy ellas tienen que buscar métodos, los más inadecuados,  que provocan infecciones, que pueden provocar hasta la muerte.

Narración:

"Elena" tenía 21 años, estaba casada, tenía un niño y vivía en la pobreza cuando fue violada y quedó embarazada.

Sabía que su reputación estaría arruinada si descubrían que estaba embarazada con el hijo de otra persona.

“Elena” tomó medicamentos para interrumpir su embarazo no planificado.

En Ecuador uno de cada cuatro mujeres sufre violencia sexual. 

Hasta abril del 2021, la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual estaba penalizada, a menos que la persona embarazada tuviera una discapacidad intelectual.

Ana Vera, Abogada:

Las mujeres tienen muchísimo miedo de denunciar situaciones de violencia sexual cuando quedan embarazadas, porque piensan que ellas son las que pueden ser judicializadas.

A todo el temor y el estigma existente sobre las víctimas de violencia sexual se suma el temor y el estigma existente sobre el aborto.

Narración:

Cuando "Elena" comenzó a tener dolor de estómago severo y calambres, fue a un hospital público.

Los médicos que la estaban tratando le informaron a la policía. Fue arrestada y puesta en juicio.

Le dijo al juez: “Sí me apliqué las pastillas. Yo no quería tenerlo porque era producto de una violación, yo no quería que mi familia se enterara de lo que había hecho.”

“Elena” fue condenada a 12 meses de prisión y fue puesta en libertad después de siete meses debido a su buen comportamiento.

Sus denuncias sobre la violencia sexual nunca fueron investigadas.

Ana Vera, Abogada:

Yo creo que la criminalización del aborto no es una medida efectiva para nada; ni para reducir la cantidad de abortos, ni para evitar que las mujeres se embaracen, ni para evitar la violencia sexual.

Yo creo que es una vulneración de derechos humanos pero la negación de abortos legales podría constituir hasta una forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, de acuerdo a los estándares internacionales.

Narración:

La criminalización del aborto tiene un impacto devastador en la vida y la salud de mujeres y niñas.

La decisión de la Corte Constitucional ecuatoriana de despenalizar el aborto en todos los casos de violación es un paso importante.

Los nuevos legisladores y el presidente Guillermo Lasso deben eliminar todas las sanciones penales contra el aborto y garantizar el acceso efectivo al aborto en todos los supuestos legales.

 

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Feminist activists and pro-choice groups witness a debate at Ecuador’s National Assembly on Criminal Code reform, in which there was a possibility that legislators would approve the decriminalization of abortion in cases involving rape, in Quito, Ecuador, on January 3, 2019.