El presidente Jair Bolsonaro ha amenazado el sistema democrático en Brasil al intentar mellar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial. El Supremo Tribunal Federal respondió de forma contundente en 2021 rechazando “las amenazas a su independencia y la intimidación”.
El presidente Bolsonaro siguió haciendo caso omiso de las recomendaciones científicas para evitar la propagación del virus de Covid-19. Una investigación parlamentaria halló pruebas de corrupción en la compra de vacunas.
Las muertes causadas por policías llegaron a cifras récord en 2020. Casi el 80 % de las víctimas fueron personas negras.
La deforestación sigue asolando a la selva tropical amazónica. Los pueblos indígenas y otras comunidades que defienden la selva fueron blanco de amenazas y ataques.
Amenazas al sistema democrático
El presidente Bolsonaro ha hostigado e intentado intimidar al Supremo Tribunal Federal, que conduce cuatro investigaciones penales sobre su conducta, incluyendo investigaciones sobre si interfirió en nombramientos de la Policía Federal para favorecer sus propios intereses y si cometió prevaricación en un caso de corrupción relacionado con la compra de vacunas contra el Covid-19.
En agosto de 2021, el presidente amenazó con responder a las investigaciones con acciones “fuera de los límites” de la Constitución y pidió al Senado que sometiera a juicio político al magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, quien conduce la mayoría de esos procesos. El Senado rechazó el pedido.
En septiembre, el presidente Bolsonaro manifestó que no acataría las decisiones del magistrado Moraes. El Supremo Tribunal respondió que insultar a los magistrados e incitar al incumplimiento de las decisiones judiciales “son prácticas antidemocráticas, ilícitas e intolerables”. El presidente Bolsonaro posteriormente se retractó de su declaración sobre el magistrado Moraes.
El presidente Bolsonaro ha procurado desacreditar al sistema electoral de Brasil alegando fraude electoral sin aportar ninguna prueba. El Congreso rechazó una enmienda constitucional defendida por el presidente para cambiar el sistema electoral. Tras ese rechazo, el presidente Bolsonaro dio a entender que podría cancelar los comicios a menos que se implementaran sus propuestas.
Libertad de expresión y acceso a la información
El gobierno de Bolsonaro ha promovido investigaciones penales contra al menos a 17 críticos, incluyendo mediante el uso de una Ley de Seguridad Nacional del período militar. Si bien muchos de los casos se han cerrado, estas acciones transmiten el mensaje de que criticar al presidente puede dar lugar a persecución.
En agosto de 2021, el Congreso derogó la Ley de Seguridad Nacional, pero no ha derogado disposiciones de contenido similar del Código Penal que castigan la difamación con penas de prisión y pueden usarse para reprimir la libertad de expresión.
El presidente Bolsonaro hostigó e insultó a medios de comunicación y periodistas en 87 oportunidades durante la primera mitad de 2021, según la organización no gubernamental (ONG) Reporteros sin Fronteras.
El presidente habitualmente bloquea a críticos en las cuentas de redes sociales que usa para tratar temas de interés público, violando así los derechos de libertad de expresión de estas personas. En septiembre de 2021, dictó un decreto que habría impedido que las plataformas de redes sociales eliminaran desinformación perniciosa. Cuando el Senado rechazó el decreto y el Supremo Tribunal Federal dispuso su suspensión, envió al Congreso un proyecto con disposiciones similares.
En febrero de 2021, el gobierno de Bolsonaro conformó un grupo de trabajo —sin participación del Congreso, autoridades judiciales ni la sociedad civil— para proponer cambios al Programa Nacional de Derechos Humanos, el instrumento más importante de la política de derechos humanos de Brasil. El gobierno se negó a brindar información a Human Rights Watch sobre las deliberaciones del grupo con el argumento de que eran secretas.
Covid-19
Al 7 de noviembre, en Brasil había 21 millones de casos confirmados de Covid-19 y 609.447 fallecimientos por esa enfermedad, la segunda mayor cantidad de muertos a nivel mundial en números absolutos.
El presidente Bolsonaro siguió desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y promoviendo medicamentos ineficaces contra el Covid-19. El Supremo Tribunal Federal rechazó dos acciones judiciales del presidente para invalidar decretos dictados por gobernadores que establecían medidas de distanciamiento social. En un evento que tuvo lugar en junio de 2021, el presidente, que a menudo participa en actos multitudinarios sin mascarilla, pidió a una niña que se quitara su mascarilla y le quitó a otro niño la que llevaba puesta.
Una investigación parlamentaria sobre la respuesta al Covid-19 reveló que el gobierno federal y autoridades locales no habían asegurado la provisión de oxígeno a hospitales en el estado de Amazonas, lo que causó decenas de muertes en enero de 2021. También halló evidencias de corrupción en la compra de vacunas y otras falencias en la respuesta del gobierno.
El gobierno brasileño no ha respondido adecuadamente al serio impacto que la pandemia de Covid-19 ha tenido en la educación. Las escuelas de Brasil estuvieron cerradas por 69 semanas entre marzo de 2020 y agosto de 2021 debido al Covid-19, indicó la UNESCO. La falta de acceso a dispositivos adecuados y conexión a internet, necesarios para la educación en línea, excluyó a millones de niños y niñas de la escolaridad, sobre todo a negros e indígenas, y de hogares con bajos ingresos.
Condiciones de detención
El hacinamiento, la mala ventilación y servicios inadecuados de atención de la salud que prevalecen en los centros de detención de Brasil agravaron el riesgo de brotes de Covid-19. Según el Ministerio de Justicia, al 20 de diciembre de 2020, había cerca de 670.000 adultos encarcelados, cifra que superaba en un 47 % la capacidad máxima del sistema penitenciario, y otros 139.000 se encontraban en detención domiciliaria. En febrero de 2021, el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT) informó que hasta 13 personas estaban recluidas en celdas diseñadas para una sola persona en una cárcel del estado de Acre.
Desde 2020, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), órgano que regula el funcionamiento del sistema judicial, ha recomendado que los jueces reduzcan la prisión preventiva durante la pandemia y consideren la posibilidad de disponer la detención domiciliaria o la liberación anticipada de ciertos detenidos.
Sin embargo, un estudio de la ONG Instituto para la Defensa del Derecho a la Defensa (IDDD) mostró que en 2020 los jueces del estado de São Paulo solamente liberaron a uno de cada cuatro detenidos que reunían las condiciones establecidas por el CNJ.
Autoridades del estado de São Paulo indicaron a Human Rights Watch que se había liberado a cerca de 9.800 detenidos en respuesta a la pandemia hasta septiembre de 2021.
Al 31 de octubre, más de 92.000 detenidos y trabajadores del servicio penitenciario habían contraído Covid-19 y 582 habían fallecido. El MNPCT explicó que es probable que el número real de muertes esté subestimado.
El gobierno indicó a Human Rights Watch que cerca de 10.500 niños, niñas y jóvenes se encontraban internados en centros de detención juvenil en septiembre de 2021, pero esa cifra no tomaba en cuenta a cinco estados de los cuales no tenía datos. Más de 2.900 internos y cerca de 8.400 trabajadores se habían contagiado con Covid-19 al 31 de octubre, informó el CNJ. El virus había provocado la muerte de 113 trabajadores, pero no habían fallecido niños.
Seguridad pública y conducta policial
Tras dos años de descenso, el número de homicidios aumentó casi 5 % en 2020.
Agentes de policía provocaron la muerte de más de 6.400 personas en 2020, el último año sobre el cual hay datos disponibles. Esta es la cifra más alta desde que existen registros, indicó la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).
Si bien algunas muertes por policías son en defensa propia, muchas otras son resultado del uso ilegal de la fuerza. Los abusos por parte de policías contribuyen a agravar un círculo de violencia que pone en riesgo la seguridad pública y también la vida de policías y del resto de la población. En 2020, fueron asesinados 194 policías, el 72 % de ellos mientras estaban fuera de servicio, informó el FBSP.
En marzo de 2021, el nuevo fiscal general de Río de Janeiro disolvió la unidad de la fiscalía especializada en abusos policiales en ese estado. Aunque el Supremo Tribunal Federal prohibió las operaciones policiales en barrios de bajos recursos de Río excepto en “casos absolutamente excepcionales” durante la pandemia, el 6 de mayo la policía llevó a cabo el operativo más letal en la historia del estado, que tuvo un saldo de un policía y 27 residentes muertos. Según testigos, la policía ejecutó al menos a tres sospechosos y destruyó pruebas en el lugar de los hechos. La policía dispuso que el informe sobre la operación y otros datos importantes tendrían carácter confidencial por cinco años. La prensa local informó de que la policía se negó a entregar la ropa de las víctimas a los fiscales, que se vieron obligados a obtener una orden judicial para allanar las dependencias policiales. En octubre, la fiscalía presentó cargos contra dos agentes por manipular evidencia en la escena de los hechos, y a uno de ellos también por homicidio.
Agentes de la policía de Río de Janeiro mataron a 1.096 personas entre enero y septiembre de 2021, lo cual representó un aumento de 17 % comparado con el mismo período de 2020.
Policías de servicio en São Paulo mataron a 353 personas entre enero y septiembre, una disminución de 39 % respecto al mismo período de 2020. En junio, el Superior Tribunal de Justicia restableció las condenas contra 73 policías por el asesinato en 1991 de 111 internos en la cárcel de Carandiru, que habían sido anuladas en 2018 por un tribunal de São Paulo.
Abusos del período militar
El presidente Bolsonaro y miembros de su gabinete han elogiado en reiteradas oportunidades la dictadura militar del período 1964-1985, caracterizada por torturas y asesinatos generalizados.
Una ley de amnistía de 1979 ha permitido que los responsables de estos abusos eludan la justicia. El Supremo Tribunal Federal ratificó la ley en 2010, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que violaba las obligaciones de Brasil conforme al derecho internacional.
Desde 2010, fiscales federales han presentado cargos contra 60 exagentes de la dictadura. La justicia ha desestimado la mayoría de los casos invocando la ley de amnistía o la prescripción del delito. En junio de 2021, en un caso sobre la desaparición forzada de un oficial de marina que se opuso al golpe de estado de 1964, un juez dictó la primera condena penal contra un agente de la dictadura y resolvió que la ley de amnistía no se aplica al delito de secuestro.
Orientación sexual e identidad de género
Cerca de 30 personas trans fueron electas en las elecciones municipales de 2020, en comparación con apenas 8 en 2016. Varias informaron haber sufrido amenazas después de asumir sus cargos en 2021, incluida una concejala de Rio de Janeiro que tuvo que abandonar el país temporalmente.
El Ministerio de Derechos Humanos recibió cerca de 1.100 denuncias de violencia, discriminación y otros delitos contra personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) entre enero y octubre de 2021. En el estado de Ceará, dos niñas trans, de 13 y 16 años, fueron asesinadas despiadadamente en enero y abril.
Derechos de mujeres y niñas
La adopción de la ley “María da Penha” en 2006 significó un paso importante contra la violencia de género, pero aún está pendiente su implementación completa.
En 2020, la justicia tramitó más de un millón de casos de violencia doméstica y cerca de 5.500 casos de femicidio, definido por la legislación brasileña como el asesinato de mujeres “por el hecho de ser personas de sexo femenino”.
Los registros policiales de violencia contra las mujeres disminuyeron 7 % en 2020, mientras que las llamadas a una línea telefónica de ayuda para denunciar casos de violencia doméstica aumentaron 16 %, lo cual parece indicar que las mujeres enfrentaron dificultades a la hora de dirigirse a las comisarías durante la pandemia de Covid-19. En 2020, hubo 3.913 asesinatos de mujeres, aproximadamente el mismo número que en 2019.
El aborto solamente es legal en Brasil en casos de violación, para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presente anencefalia, una condición que reduce significativamente las posibilidades de supervivencia del feto.
Tan solo 42 hospitales realizaban abortos legales en 2020, en comparación con 76 en 2019, según la ONG Artículo 19 y los sitios web de noticias AzMina y Gênero e Número,
El Ministerio de Salud dictó una reglamentación que autorizó la telemedicina durante la pandemia, pero en una “nota informativa” posterior instó a los profesionales de salud a que excluyeran el aborto de ese servicio. En octubre, algunos profesionales sanitarios seguían brindando ese tipo de atención mediante telemedicina.
Las mujeres y niñas que se someten a abortos inseguros e ilegales se exponen no solo al riesgo de lesiones y de muerte, sino además a penas de hasta tres años de cárcel. Las personas condenadas por realizar abortos ilegales pueden recibir penas de hasta cuatro años de cárcel.
Derechos de las personas con discapacidad
Miles de personas adultas, niños y niñas con discapacidad están internados en instituciones, donde pueden sufrir desatención y abuso, a veces de por vida. Brasil no tiene un plan integral para desinstitucionalizar de forma progresiva a los adultos y niños con discapacidad.
En abril de 2021, el Consejo Nacional del Ministerio Público adoptó una resolución que exige que los fiscales lleven a cabo inspecciones periódicas en las instituciones destinadas a adultos con discapacidad y adopten acciones legales en casos de abuso.
En agosto, el Ministerio de Educación defendió una nueva política nacional orientada a establecer escuelas segregadas para algunos niños con discapacidad, alegando que “perturbaban” a otros alumnos. En septiembre, el Supremo Tribunal Federal estaba analizando la constitucionalidad de esa política.
Derechos indígenas
El presidente Bolsonaro y sus aliados en el Congreso impulsaron un proyecto legislativo para impedir que los pueblos indígenas obtengan el reconocimiento legal de sus territorios tradicionales si no estuvieron presentes en ellos el 5 de octubre de 1988 —fecha en que se promulgó la Constitución de Brasil— o si para entonces no habían iniciado acciones legales para reclamarlas. En noviembre de 2021 se encontraba en trámite ante el Supremo Tribunal Federal un caso similar, que definirá la legalidad de esa restricción de los derechos de los indígenas sobre sus territorios.
A su vez, continuó el avance ilegal sobre territorios indígenas. El área que ocupa la minería ilegal se quintuplicó entre 2010 y 2020, según la ONG MapBiomas.
Trabajadores de minas ilegales intentaron frenar una operación de defensa ambiental en los territorios indígenas Munduruku y atacaron la sede de una asociación de mujeres de esta comunidad en marzo de 2021, y la vivienda de una líder en mayo. En el territorio indígena Yanomami, los mineros dispararon contra indígenas y agentes de la Policía Federal en varios incidentes. Dos niños yanomami que escaparon solos de un tiroteo fueron hallados ahogados en mayo, y un avión usado por mineros golpeó y mató a un hombre indígena en julio.
Medioambiente
Desde que asumió en enero de 2019, el gobierno de Bolsonaro ha debilitado la aplicación de las leyes ambientales y esto, en la práctica, ha fortalecido a redes delictivas que impulsan la deforestación y recurren a amenazas y violencia contra quienes defienden la selva. El número promedio de multas por deforestación en la Amazonía abonadas durante 2019 y 2020 fue un 93 % inferior que la media de los años anteriores, según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais.
Entre agosto de 2020 y julio de 2021 se deforestaron 13.235 kilómetros cuadrados de la Amazonía, un aumento de 22 % respecto al mismo período del año anterior y la cifra más alta desde 2006. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) había finalizado su informe, que incluía estos datos actualizados, el 27 de octubre, cuatro días antes de la Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas (COP26) en Glasgow. Sin embargo, el gobierno no lo dio a conocer hasta el 18 de noviembre, tras terminar la cumbre, en un aparente intento de evitar las críticas.
En las áreas deforestadas, las organizaciones delictivas frecuentemente queman la vegetación que queda después de haber extraído la madera valiosa, con el fin de despejar las tierras para criar ganado o para la especulación inmobiliaria. Un estudio que llevaron a cabo InfoAmazônia y otras organizaciones señaló que el humo generado por los incendios forestales, que puede causar enfermedades respiratorias y exponer a las personas a complicaciones debido al Covid-19, estaba asociado con un aumento de 18 % en los casos graves de Covid-19 en la Amazonía durante la temporada de incendios de 2020.
El gobierno impulsó proyectos legislativos que favorecerían la deforestación al otorgar una amnistía a los responsables de ocupaciones de tierras en la Amazonía, facilitar el otorgamiento de licencias ambientales y autorizar la minería y a otros proyectos con alto impacto ambiental en territorios indígenas.
En respuesta a críticas, el gobierno anunció en septiembre de 2021 que contrataría a cientos de nuevos funcionarios en sus agencias ambientales federales. Sin embargo, el Observatorio del Clima, una coalición de ONG ambientales, advirtió que apenas 157 de esas personas serían funcionarios con títulos universitarios habilitados para dirigir operaciones para hacer cumplir la normativa ambiental.
Política sobre cambio climático e impactos
Como uno de los 10 mayores emisores de gases de efecto invernadero, Brasil contribuye al aumento del impacto de la crisis climática sobre los derechos humanos en todo el mundo.
En su plan de acción climática de diciembre de 2020, Brasil prometió una menor reducción a sus emisiones globales de gases de efecto invernadero que en su plan original de 2016, un paso atrás que viola sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París.
Climate Action Tracker, un grupo de investigación que genera análisis científicos independientes, calificó al plan de Brasil en general como “muy insuficiente” para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Si los planes de todos los países fueran así de insuficientes, el calentamiento global podría superar los 4 °C para fin del siglo.
En noviembre de 2021, la delegación brasileña ante COP26 anunció un nuevo plan de acción climático que no estableció objetivos más ambiciosos en comparación con el plan inicial que presentó en 2016. La delegación también se comprometió a acabar con la deforestación ilegal para 2028, pero el gobierno aún no ha adoptado un plan operativo para cumplir con esa meta.
El agravamiento de la deforestación de la Amazonía que ha permitido el gobierno de Bolsonaro ha elevado el nivel general de emisiones y podría provocar que grandes secciones del bosque tropical se conviertan en sabanas secas en los próximos años, lo que liberaría miles de millones de toneladas de carbono almacenado.
Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
Miles de venezolanos, incluidos niños y niñas no acompañados, han cruzado la frontera hacia Brasil en los últimos años, huyendo del hambre, la falta de atención médica básica o la persecución. En octubre de 2021, cerca de 261.000 venezolanos vivían en Brasil.
En junio de 2019, Brasil emitió un reconocimiento legal de que existe una “violación grave y generalizada de los derechos humanos” en Venezuela, lo cual agiliza el trámite de otorgamiento de asilo a los venezolanos. Entre junio de 2019 y junio de 2021, Brasil otorgó la condición de refugiados a cerca de 50.000 venezolanos.
En respuesta a la pandemia de Covid-19, Brasil prohibió la entrada al país por vía terrestre o marítima a ciudadanos extranjeros, excepto residentes permanentes y otros extranjeros con vínculos con Brasil, que pudieron seguir entrando desde todos los países salvo Venezuela. En junio de 2021, el gobierno empezó a permitir el ingreso de residentes permanentes y algunos otros extranjeros procedentes de Venezuela.
El gobierno ordenó la deportación o expulsión de personas que ingresaron a Brasil violando las restricciones fronterizas, incluso si lo hacían para pedir asilo, lo cual implica una violación de las obligaciones internacionales asumidas por Brasil. La Policía Federal indicó a Human Rights Watch que deportó a 2.091 personas en 2020 —en comparación con apenas 36 en 2019— y a 1.198 entre enero y julio de 2021.
En septiembre de 2021, Brasil anunció que emitiría visas humanitarias para permitir que ciudadanos afganos viajaran a Brasil y pudieran solicitar la residencia temporal o la condición de refugiados. Sin embargo, la prensa brasileña informó que las embajadas exigían documentación comprobando que una organización pagaría todos sus gastos durante al menos seis meses. Brasil no se ha comprometido a reubicar a refugiados afganos en su territorio ni a colaborar con la respuesta humanitaria en Afganistán y en países vecinos.
Actores internacionales clave
En junio de 2021, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos destacó la violencia policial en Brasil en un informe paradigmático para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que instó a los países a adoptar medidas para erradicar el racismo sistémico contra las personas de ascendencia africana y asegurar que la policía rinda cuentas por abusos.
La alta comisionada también manifestó consternación por las amenazas contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil. En septiembre de 2021, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. y otros tres senadores instaron a al presidente de EE. UU., Joe Biden, a apoyar a las instituciones democráticas de Brasil en respuesta a las amenazas del presidente Bolsonaro de una “ruptura con el orden constitucional de Brasil”.
También en septiembre, el Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas pidió a Brasil que asegurara justicia por las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar y que juzgara todos los casos, incluidos los actuales, en la justicia penal ordinaria.
Durante 2021, la alta comisionada, varios relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron intrusiones ilegales en territorios indígenas y ataques contra integrantes de estas comunidades.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) canceló una reunión para analizar la posibilidad de asignar a Brasil un estatus más elevado en su comité de política ambiental, en respuesta a la pésima gestión ambiental del presidente Bolsonaro. Varios líderes europeos manifestaron que no ratificarían un acuerdo comercial pendiente entre la Unión Europea y Mercosur a menos de que Brasil redujera la deforestación y los incendios forestales en la Amazonía. La Comisión Europea está negociando un instrumento adicional con el Mercosur sobre deforestación.
En abril de 2021, 15 senadores estadounidenses instaron al presidente Biden a supeditar la asistencia económica destinada a Brasil a que el país reduzca la deforestación y combata la impunidad existente en relación a los delitos ambientales y a los ataques contra defensores de la selva.
Política exterior
En los foros internacionales, Brasil siguió oponiéndose a incluir referencias a los derechos “sexuales y reproductivos”.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Brasil se abstuvo de votar en una resolución para abrir una investigación sobre crímenes cometidos durante el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza. Brasil también se opuso a una resolución de la OMS para brindar apoyo sanitario a los palestinos, incluidas vacunas contra el Covid-19.
En la Organización Mundial de Comercio, Brasil se opuso a la dispensa de ciertos derechos de propiedad intelectual para aumentar la producción de vacunas contra el Covid-19 y posibilitar un acceso más equitativo para los países de bajos ingresos. En junio de 2021, las autoridades indicaron que era posible que reconsideraran esa postura.
En mayo de 2021, Brasil ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.