(Rio de Janeiro) – Miles de niños y adultos con discapacidad en Brasil son confinados innecesariamente en instituciones donde pueden sufrir abandono y abusos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Brasil debería dar prioridad a brindar apoyo a las personas con discapacidad para que vivan de forma independiente y en sus comunidades, en lugar de en instituciones.
El informe de 83 páginas “‘They Stay Until They Die’: A Lifetime of Isolation and Neglect in Institutions for People with Disabilities in Brazil” (“‘Se quedan hasta que mueren’: Una vida de aislamiento y abandono en instituciones para personas con discapacidad en Brasil”), reveló que muchas personas con discapacidad ingresan en instituciones cuando son niños y permanecen allí durante toda su vida. La mayoría de estas residencias visitadas por los investigadores de Human Rights Watch cubrían apenas las necesidades básicas de las personas, como la alimentación y la higiene, proporcionando escaso contacto con la comunidad y pocas oportunidades para el desarrollo personal. Algunos residentes son atados a sus camas y se les administra sedantes para controlarlos.
“Muchas personas con discapacidad en Brasil están encerradas en instituciones en condiciones deplorables, sin control sobre sus vidas”, dijo Carlos Ríos-Espinosa, investigador sénior de derechos de las personas con discapacidad para Human Rights Watch y autor del informe. “El gobierno de Brasil debería asegurarse de que las personas con discapacidad tengan el apoyo que necesitan para vivir en contacto con la comunidad como todos los demás”.
Este informe se basa en 171 entrevistas a personas con discapacidad, incluidos 10 niños, así como miembros de sus familias, personal de instituciones, expertos en derechos de las personas con discapacidad y autoridades en todos los niveles del gobierno, así como en las visitas a 19 instituciones en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Bahia y el Distrito Federal.
Human Rights Watch pudo comprobar que el ambiente en muchas instituciones es parecido al de un centro de detención. Algunos tienen barrotes en sus puertas y ventanas. Las condiciones son, a menudo, inhumanas, con docenas de personas hacinadas en salas repletas de camas colocadas muy juntas las unas de las otras.
La mayoría de los adultos y niños con discapacidad en las instituciones visitadas tenían pocos artículos personales, si es que tenían alguno. En algunos casos los residentes compartían ropa y, en una institución, incluso cepillos de dientes. Muchas personas estaban limitadas a permanecer en sus camas o habitaciones durante todo el día.
La mayoría de los niños con discapacidad en instituciones recibe una educación muy limitada, o ninguna. Diversas investigaciones han demostrado que el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños puede verse dañado por la ausencia de una relación interpersonal con un cuidador. La mayoría de los niños en las instituciones visitadas por Human Rights Watch tienen un padre vivo, pero con el tiempo a menudo pierden contacto con sus familias.
“Con demasiada frecuencia, los niños con discapacidad terminan en las instituciones de Brasil porque las familias pasan apuros para atenderlos sin recursos ni servicios comunitarios adecuados”, señaló Ríos-Espinosa. “Todos los niños tienen derecho a crecer en una familia, y los recursos del gobierno deberían apoyar a las familias y los niños, no separarlos”.
En Brasil, los jueces determinan la ubicación de un niño en una institución en casos excepcionales cuando está en riesgo de abandono, desatención o violencia, y no hay soluciones alternativas. Pero los niños con discapacidad terminan quedándose en estas residencias mucho más tiempo que el límite legal de 18 meses, a menudo incluso de manera indefinida. A pesar de que Brasil dispone de servicios de familias de acogida y adopción, estas opciones deberían desarrollarse más, recomendó Human Rights Watch.
Human Rights Watch encontró numerosos casos en los que las personas con discapacidad habían vivido en instituciones durante toda su vida, entre ellos un hombre de 70 años con una discapacidad intelectual que llevaba en el centro desde que tenía 5 años.
Muchos adultos en instituciones se ven privados de su libertad en violación de las obligaciones de Brasil en virtud del derecho internacional porque un tutor los ha puesto allí, sin su consentimiento, y no tienen derecho a impugnar su institucionalización. A petición de un pariente o un director de una institución, los tribunales pueden despojar a las personas con discapacidad de su personalidad jurídica o del derecho a tomar decisiones por sí mismas. Un tutor toma todas las decisiones para la persona, incluso en algunos casos hasta ubicarla en una institución. Una vez allí, no puede irse a menos que el tutor esté de acuerdo.
A la mayoría de las personas en las instituciones no se les permite tomar decisiones diarias, como qué y cuándo comer, con quién socializar, qué programa de televisión mirar o si salir y participar en una actividad de ocio.
Carolina (no es su nombre real), de 50 años, sufrió una lesión en la columna debido a la violencia doméstica que la dejó con una discapacidad física permanente. Sus hijos la ingresaron en una institución cerca de Brasilia. Carolina describió su vida: “Este lugar es terrible, es como una prisión. No quiero quedarme aquí. Me obligan a estar aquí. Mis hijos no quieren ayudarme en casa. Nunca salgo. Me gustaría salir, lejos de aquí. Es mi sueño. Cuando resultas así [con una discapacidad], se acabó”.
En una institución ubicada en Salvador, un joven de 18 años con una discapacidad progresiva que debilita los músculos de sus piernas tenía dificultades para salir de la habitación que compartía con otra persona. No tenía una silla de ruedas y moverse solo era extremadamente doloroso. Aunque la institución estaba a sólo 200 metros del mar, no podía ir a la playa y dijo que su sueño era “ver el mar”.
Muchos gerentes de instituciones dijeron que no disponen del personal adecuado para brindar atención individualizada a los residentes, incluidos los niños. La mayoría de las instituciones en Brasil son de gestión privada. Casi el 70 por ciento tiene alianzas con los gobiernos municipales, de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social a los hallazgos de Human Rights Watch.
Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que Brasil ha ratificado, los gobiernos deben respetar la dignidad inherente de las personas con discapacidad reconociéndoles como personas en igualdad de condiciones con los demás. Esto incluye garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente en la comunidad y no segregadas y confinadas en instituciones. Según el tratado, los gobiernos también deben prevenir la discriminación y el abuso contra las personas con discapacidad y eliminar las barreras que impiden su plena inclusión en la sociedad. Todos los niños, incluidos los niños con discapacidad, tienen derecho a crecer en una familia. Ningún niño debe ser separado de sus padres debido a una discapacidad o una situación de pobreza.
“Institucionalizar a las personas con discapacidad es deshumanizante”, dijo Ríos-Espinosa.
“Existe una creencia arraigada de que algunas personas con discapacidad necesitan vivir en instituciones, pero eso no es cierto. Encerrar a las personas con discapacidad en residencias es una de las peores formas de exclusión y discriminación”.
