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Estimado Alto Representante,

Estimados Ministros de Asuntos Exteriores,

Les escribimos antes de que tenga lugar la conversación del 25 de enero del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Egipto para hacerles llegar nuestra seria preocupación, una vez más, acerca de la crisis de derechos humanos que está teniendo lugar en el país, y para instar a la UE y sus estados miembros a que tomen los pasos necesarios, pendientes desde hace mucho tiempo, para señalar que el menosprecio de Egipto hacia los derechos humanos no va a ser tolerado.

A medida que nos acercamos al décimo aniversario de la revolución egipcia de 2011, las esperanzas de libertad y de reforma en pro de los derechos humanos que motivaron a los egipcios a tomar las calles han sido devastadas por años de brutal represión e implacables y severas medidas sobre cualquier forma de disentimiento. En una carta que les enviamos hace un año, ONG internacionales de derechos humanos instaban a la UE a que emprendiera una revisión exhaustiva de sus relaciones con Egipto, dada la represión continuada y sin precedentes de los derechos humanos en el país. Esta petición reflejaba llamamientos anteriores del Parlamento Europeo, recientemente reiterados en una resolución de urgencia en diciembre de 2020, en respuesta al aumento vertiginoso de los niveles de represión y de arrestos de destacados activistas de derechos humanos. Estos llamamientos repetidos, junto con el menosprecio cada vez más flagrante de las autoridades en lo que respecta a las preocupaciones de la UE sobre derechos humanos, ponen de manifiesto que la revisión exhaustiva de las relaciones entre la UE y Egipto es inapelable.

2020 ha sido un año marcado por retos insólitos relacionados con la pandemia y con las repercusiones políticas y económicas derivadas de ella. Aun así, no podemos evitar advertir que no mucho ha cambiado en cuanto a las políticas de la UE con Egipto desde el 2019, y que las recomendaciones de grupos de derechos humanos y del Parlamento Europeo siguen siendo prácticamente desatendidas.

Durante el año el pasado, las autoridades egipcias han utilizado el COVID-19 como pretexto para otorgar aún más poder abusivo al presidente, y para ampliar las restricciones sobre derechos y libertades. Las autoridades han seguido arrestando a defensores de derechos humanos, activistas pacíficos, políticos y periodistas –algunos como represalia por haberse reunido con diplomáticos europeos-, llegando a veces a incluirles en la lista de terrorismo. Las autoridades han aplastado con brutalidad las manifestaciones mayoritariamente pacíficas de septiembre de 2019 y septiembre de 2020; han detenido a médicos, usuarios de las redes sociales y periodistas por criticar la gestión de la pandemia; han detenido y perseguido a mujeres por “atentar contra la moral pública”, incluyendo a víctimas de violación y testigos; han sometido a detenidos y prisioneros a condiciones de detención inhumanas, de negligencia médica y de negación de cuidados médicos, contribuyendo así a la muerte de docenas, si no centenas, de prisioneros en custodia; han seguido arrestando a miembros de la comunidad LGBTI por su orientación sexual, y les han sometido forzosamente a torturas y a un trato degradante, incluyendo “test anales” y “test de determinación de sexo”; y han continuado arrestando y persiguiendo a miembros de grupos religiosos minoritarios por cargos de blasfemia. El año 2020 ha tenido el número más alto de ejecuciones desde que se empezaron a registrar en 2007, sentencias emitidas en juicios que no han alcanzado los estándares básicos internacionales del debido proceso, incluyendo juicios masivos. Debido a un vacío en la ley sobre la infancia, que permite el procesamiento en tribunales de adultos, los menores pueden encontrarse incluidos en estos juicios masivos y recibir sentencias de pena de muerte.

Ustedes son totalmente conscientes de la seriedad de la crisis de derechos humanos en el país, como señaló la declaración del punto 4 en el 45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, la UE y los estados miembros han fallado en emprender de forma colectiva cualquier acción significativa y continuada para abordar la situación, prefiriendo, en su lugar, compartimentar los diferentes aspectos de las relaciones de la UE con Egipto, reduciendo las políticas a un corto plazo orientado a la contención migratoria y a reforzar la cooperación en materia de seguridad. Esto se ha traducido en ocasionales, a menudo incluso tímidos, comunicados de la UE sobre derechos humanos, mientras que los líderes de la UE continúan ofreciendo apoyo al tremendamente abusivo gobierno de Egipto mediante la venta de armas, el refuerzo de la cooperación e incluso el otorgamiento de prestigiosos premios al presidente Al Sisi.

Esta falta de coherencia en sus medidas socava la credibilidad de la UE e impide que sus acciones puedan hacer frente a los principales impulsores de la inestabilidad en la región, generada, entre otros factores, por la eliminación prácticamente total del espacio para la expresión y el disentimiento, y la impunidad oficial. Es más, al indicar que los abusos de derechos humanos van a provocar consecuencias mínimas, el enfoque de la UE corre el riesgo de reforzar aún más el sentimiento de impunidad. Esto se ha visto con claridad en la descarada confianza con que las autoridades egipcias tomaron medidas drásticas contra conocidos defensores de derechos humanos, incluyendo a los líderes de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales en noviembre de 2020. De la misma forma que se ha plasmado en los continuos esfuerzos del gobierno por obstaculizar las investigaciones sobre el secuestro, la tortura y el asesinato de Giulio Regeni.

Les instamos a tener una discusión exhaustiva sobre estos asuntos y darles la gran importancia que merecen, empezando con su reunión del 25 de enero. La situación con Egipto no puede continuar como de costumbre mientras las autoridades egipcias mantengan esta brutal represión de los derechos humanos.

La UE se ha vuelto a comprometer recientemente a fomentar los derechos humanos en política exterior, como se plasmó en el nuevo Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia y en la adopción del nuevo régimen global de sanciones de los derechos humanos. Manteniéndose fiel a sus compromisos sobre derechos humanos, la UE y sus estados miembros deberían diseñar una respuesta unificada, coherente y estratégica en cuanto a Egipto, utilizando todos los medios a su disposición para hacer frente a la crisis de derechos humanos en el país. De esta manera estaría en consonancia con el llamamiento del Parlamento Europeo al Vicepresidente/Alto Representante y los estados miembros para que “respondan de manera unificada y resolutiva, en coordinación con otros socios de ideas afines, a la campaña de represión y violación de derechos humanos en Egipto, y a utilizar todos los instrumentos a su disposición para asegurar un progreso concreto en el historial de derechos humanos de Egipto”. Más específicamente, la UE y sus estados miembros deberían:

  1. Condenar de forma firme y rotunda la campaña de represión contra la oposición. Las declaraciones públicas de preocupación han sido escasas, extremadamente infrecuentes, y limitadas al nivel del portavoz, mientras que el compromiso con Egipto en cuanto a la lucha contra el terrorismo, la gestión migratoria y la venta de armas han continuado siendo prioridades para la UE y los estados miembros -en ocasiones, además, mostrando una explícita desatención con respecto a las violaciones de derechos humanos ampliamente documentadas y un tratamiento de alfombra roja para el Presidente Al Sisi.
  2. Establecer indicadores claros para la negociación de nuevas prioridades de asociación con Egipto, haciendo un progreso cuantificable en cuanto a derechos humanos y estableciendo como fundamental la supremacía de la ley en la cooperación de la UE con Egipto. Todo ello insistiendo en la realización de compromisos tangibles por parte de las autoridades egipcias en cuanto a:
    • La inmediata e incondicional puesta en libertad de activistas, defensores de derechos humanos y políticos, incluyendo a Patrick Zaki, Mohamed Ibrahim, Mohamed Ramadan, Abdelrahman Tarek, Ezzat Ghoneim, Haytham Mohamadeen, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mahienour El-Massry, Mohamed El-Baqer, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amasha, Islam El-Kalhy, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Esraa Abdel Fattah, Ramy Kamel, Ibrahim Ezz El-Din, Zyad el-Elaimy, Hassan Barbary, Ramy Shaath, Sanaa Seif, Solafa Magdy, Hossam al-Sayyad, Mahmoud Hussein and Kamal El-Balshy.
    • El cierre del caso 173/2011, cuyo objetivo son directores de ONG y otros miembros del personal por hacer su trabajo legítimo.
    • Eliminar las prohibiciones de viaje arbitrarias y la congelación de activos contra los defensores de derechos humanos.
    • Terminar con el uso de la detención preventiva prolongada basada en cargos sin fundamento relacionados con terrorismo, y la puesta en libertad de todos aquellos detenidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de sus derechos.
    • Garantizar un entorno seguro y posibilitador para las organizaciones de derechos humanos, incluyendo la reforma de la Ley de ONG nº149/2019 para armonizarla con las leyes y estándares de derechos humanos internacionales.
    • Permitir la entrada de investigadores internacionales independientes en los centros de detención.
    • Asegurar la total cooperación con las autoridades judiciales italianas en el juicio en curso por el secuestro, tortura y asesinato de Giulio Regeni, incluyendo el procesamiento creíble o la extradición de los agentes de seguridad sospechosos y el cese de su deber mientras tanto.
    • Poner fin a la campaña de represión contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI, así como el fin de la vigilancia policial de la “moralidad” de mujeres y de personas gay.
    • Detener las ejecuciones y aprobar una moratoria de facto con vistas a la abolición eventual de la pena de muerte.
    • Comprometerse a reformar la ley de la infancia para poner remedio a la laguna en su artículo 122 de manera que los menores de edad no puedan ser procesados como adultos, y que reciban la protección de las garantías de la justicia de menores; revocar las sentencias emitidas en este contexto.
  3. Asegurar que el respeto de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil independiente son componentes clave en todas las áreas de cooperación entre la UE y Egipto. Esto incluye tanto a las negociaciones de comercio, a las estrategias de préstamo del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD) y del Banco Europeo de Inversiones (EIB), como también a las instituciones financieras internacionales en las que la UE y los estados miembros tienen voz. Estas deben ser utilizadas para motivar a Egipto a adoptar medidas que protejan y promuevan los derechos humanos.
  4. Asegurar más transparencia y evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos ex ante para cualquier forma de apoyo económico o formación proporcionada por la UE a Egipto, ya sea directa o indirectamente, para garantizar que el apoyo de la UE no contribuye de manera alguna a la violación de derechos humanos en Egipto. Esto debe incluir la cooperación en materia migratoria, la cual debe cumplir estrictamente con estándares internacionales de derechos humanos.
  5. Intensificar el compromiso sobre Egipto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo el apoyo para la creación de un mecanismo de monitorización e informe sobre Egipto y la confrontación de los intentos de Egipto de debilitar la efectividad e independencia de los mecanismos de la ONU en cuanto a derechos humanos.
  6. Poner al corriente a los agentes egipcios de alto rango de que la UE está preparada para utilizar todas las herramientas de que dispone para hacer frente a las graves y sistémicas violaciones de derechos humanos.
  7. Interrumpir las licencias de exportación de cualquier equipamiento que pueda ser utilizado para la represión interna, de acuerdo con la Posición Común 2008/944/PESC, y detener toda exportación a Egipto de armas, tecnología de vigilancia y otros equipos de seguridad que puedan facilitar ataques contra defensores de derechos humanos u otras formas de represión.
  8. Presionar a las autoridades egipcias para que permitan el acceso sin obstáculos a las organizaciones humanitarias, investigadores independientes y periodistas al norte del Sinaí, y para que compensen a todos los residentes a quienes se les han demolido sus casas desde 2013.
  9. Presionar proactivamente, tanto privada como públicamente, para la liberación de los defensores de los derechos humanos y para la mejora de las condiciones de detención, incluyendo garantizar a los detenidos el acceso a sus familias, a un abogado de su elección, a cuidados médicos adecuados y a condiciones sanitarias decentes, demandando, además, la observación de juicios y las visitas en prisión, en consonancia con las directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y el nuevo Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia.

Estamos listos para reunirnos con ustedes en cualquier momento para tratar estos asuntos más en profundidad, y quedamos a su disposición para proporcionarles cualquier otra información.

Atentamente,

EuroMed Rights

ACAT-France

Amnistía International

Cairo Institute for Human Rights Studies

Front Line Defenders

Global Focus

Human Rights Watch

International Federation for Human Rights (FIDH)

Reporters Without Borders

Reprieve

SOLIDAR

World Organisation Against Torture (OMCT)

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

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