(Washington, DC) – El gobierno de Estados Unidos ha logrado escasos avances en lo que hace a frenar el aumento de la pobreza y la desigualdad durante la pandemia del Covid-19, señaló Human Rights Watch en el día de hoy. El gobierno debería adoptar medidas urgentes para abordar los derechos de millones de personas afectadas por el agravamiento de los impactos económicos y sociales de la pandemia.
Un análisis realizado por Human Rights Watch de microdatos de uso público obtenidos de la encuesta Household Pulse de la Oficina de Censos muestra que la recesión económica ocasionada por la pandemia ha tenido un impacto devastador y desproporcionado sobre los derechos de las personas con bajos ingresos que ya atravesaban dificultades. El American Rescue Plan del Presidente Joe Biden, un proyecto de ley que prevé otorgar ayuda por valor de USD 1,9 billones en el marco del coronavirus, y que fue aprobado por la Cámara de Representantes de EE. UU. el 27 de febrero de 2021, dispone que se realicen inversiones de vital importancia para mitigar las dificultades económicas cada vez mayores que afectan a estos sectores de la población. Ahora, este proyecto de ley está siendo evaluado por el Senado, el cual podrá modificarlo antes de volver a enviarlo a la Cámara de Representantes para su votación final.
“Millones de personas de EE. UU. enfrentan una situación de pobreza y hambre que podría prevenirse”, manifestó Lena Simet, investigadora sénior sobre pobreza y desigualdad de Human Rights Watch. “Las medidas que establece la propuesta de ayuda del Presidente Biden se necesitan de manera urgente, y el gobierno no debería pasar nada por alto cuando están en riesgo tantas vidas y medios de subsistencia”.
Los responsables de formular políticas a nivel federal deberían asegurar que la ayuda no solo llegue a todas las personas que la necesiten, sino que también brinde niveles de asistencia suficientes. También debería establecer las condiciones para una recuperación económica basada en derechos que garantice un estándar de vida adecuado a todas las personas en Estados Unidos, y que aborde las desigualdades raciales, de género y de otro tipo, señaló Human Rights Watch.
Desde el inicio de la pandemia, 74,7 millones de personas han perdido su trabajo, y la mayoría de los empleos se perdieron en sectores que pagan salarios inferiores a la media. Muchas de las personas que perdieron su trabajo y sus ingresos se están quedando sin dinero y ahorros. En el mes de enero, aproximadamente 24 millones de adultos informaron que se encontraban en situación de hambre y más de seis millones manifestaron que temían sufrir un desalojo o la ejecución de sus hipotecas en los dos meses siguientes, por no poder cumplir con los pagos relacionados con la vivienda. En contraposición con ello, las personas de ingresos más altos no han sufrido un perjuicio económico grave. Pese a estar atravesando la peor contracción económica desde la Gran Depresión, la riqueza conjunta de los 651 milmillonarios de EE. UU. ha aumentado en más de USD 1 billón desde el inicio de la pandemia, lo cual representa un salto del 36 %.
Datos aportados recientemente por la Oficina de Censos señalan cómo los hogares con diferentes niveles de ingresos están haciendo frente a la pandemia, y que los hogares con ingresos bajos tienen dificultades desproporcionadas en lo que respecta a la satisfacción de sus derechos sociales y económicos. Entre los hogares que tienen ingresos inferiores a USD 35.000, el 47 % de los adultos informan que están atrasados con los pagos de vivienda, y el 25 % manifiesta tener dificultades para obtener alimentos. El 32 % de los adultos de bajos ingresos dijeron que se habían sentido deprimidos en los siete días anteriores. Estos hogares de bajos ingresos necesitan, con urgencia, un plan de rescate integral.
La tercera parte de los adultos informó haber usado los pagos de estímulo anteriores y los beneficios por desempleo mejorados para cubrir gastos normales del hogar en los siete días previos; el 37 % de ellos también señaló que había contraído deudas utilizando tarjetas de crédito y préstamos para cubrir gastos de rutina.
A fines de enero, según lo indicaron esos datos, más de 24 millones de adultos no habían tenido alimentos suficientes a veces, o a menudo, en los siete días anteriores. Eso representa cinco millones más que en agosto de 2020, cuando las dificultades para obtener alimentos ya se situaban en niveles más altos que antes de la pandemia. Human Rights Watch determinó que más de la mitad de los hogares que tienen dificultades para obtener alimentos incluyen niños y niñas, lo cual plantea una fuerte preocupación sobre las consecuencias a largo plazo para la salud de los niños ylas niñas y sus resultados académicos. Más del 45 % de los hogares que tienen dificultades para obtener alimentos se sitúan en el cuartil de menores ingresos, y ganan menos de USD 35.000 por año. Las desigualdades raciales son elevadas; la tasa de personas adultas negras y latinas que viven en hogares que no cuentan con suficientes alimentos es más del doble de la que existe entre las personas adultas blancas.
Human Rights Watch determinó que los hogares de bajos ingresos están particularmente desfavorecidas respecto de la recuperación, porque muchos experimentan múltiples factores de estrés (“estresores”), como la inseguridad habitacional. El 60 % de los hogares con ingresos inferiores a USD 35.000 por año enfrentan al menos dos estresores en forma simultánea, en comparación con menos del 20 % de los hogares que ganan más de USD 150.000. Estos estresores agravantes pueden empujar a las familias hacia una situación de mayor pobreza y representan un riesgo para los derechos de las personas.
“Los programas gubernamentales y los anteriores proyectos legislativos de estímulo han brindado ayuda de vital importancia, pero que fue temporal”, manifestó Simet. “La inseguridad alimentaria y habitacional está aumentando, y millones de personas están en una situación de hambre, o a punto de perder sus hogares o de sufrir el corte de los servicios públicos en uno de los países más ricos del mundo. Todo ello evidencia la falla de la redes de seguridad, y la necesidad urgente de atender los derechos de las personas a acceder a alimentos y vivienda”.
El impacto desproporcionado de la pandemia sobre las personas de bajos ingresos subraya cuán urgente es abordar la precaria situación financiera de los trabajadores de bajos ingresos, que ya existía antes de la pandemia, manifestó Human Rights Watch. Elevar el salario mínimo a un salario que permita vivir es un mecanismo eficaz. También es efectivo para combatir la pobreza y abordar la desigualdad en los ingresos. La oposición de algunos legisladores a la propuesta de Biden de elevar el salario mínimo federal a USD 15 por hora como parte del plan de rescate va en contra de una recuperación equitativa y pone en una situación de mayor riesgo a las personas que ganan salarios bajos, particularmente las mujeres y los trabajadores de color, quienes siguen siendo empujados hacia los empleos con sueldos más exiguos.
La red de seguridad que se establezca deberá proteger a aquellos que lo necesiten. En la actualidad, los sistemas de asistencia económica y sanitaria más importantes de EE. UU. están orientados, en gran medida, a brindar apoyo a los niños y a sus padres, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Estos programas suelen ser insuficientes para asegurar el derecho a un estándar de vida adecuado para estos grupos.
Tampoco responden a las necesidades de las personas de ingresos bajos que no se enmarcan en estas categorías, quienes tienen menos opciones de asistencia gubernamental, y a menudo quedan desatendidas. En 2020, más de uno de cada ocho adultos menores de 65 años, sin hijos y sin ninguna discapacidad, vivían en situación de pobreza, según el Centro de Presupuesto y Prioridades de Políticas (Center on Budget and Policy Priorities).
“Si el gobierno estadounidense tiene interés en abordar la inseguridad económica y la desigualdad que ha puesto de manifiesto y exacerbado la pandemia, debe hacer que asegurar los derechos económicos y sociales para todos sea una prioridad”, señaló Simet. “Esto implica construir un sistema de protección social sólido y universal, e invertir en servicios públicos, especialmente en educación, atención de la salud, vivienda y un estándar de vida adecuado”.
A continuación se incluye información adicional sobre la situación en Estados Unidos y la necesidad de que se otorgue ayuda de estímulo.
Evidencia de las dificultades económicas en EE. UU. y asistencia necesaria
Estos hallazgos se basan en análisis llevados a cabo por Human Rights Watch de microdatos de uso público de la encuesta Pulso de Hogares (Household Pulse) de la Oficina de Censos. Podrá obtener aquí una descripción detallada de los datos.
Las pérdidas de empleos e ingresos afectan de manera desproporcionada a los más vulnerables
En el mes de enero de 2021, a aproximadamente un año del inicio de la pandemia, la economía estadounidense continuaba debilitada, la recuperación del empleo se había desacelerado y había 9,9 millones de empleos menos que en febrero de 2020, cuando comenzó la pandemia. En la encuesta Pulse analizada por Human Rights Watch, casi la mitad de los adultos que respondieron —el 48 %— señaló que alguna persona de su hogar había quedado desempleada o había perdido ingresos en algún punto desde el 13 de marzo de 2020. Las personas adultas latinas y negras mostraron tener 1,4 veces más probabilidades de haber respondido “sí” que los adultos blancos.
Se observó una tendencia particular a que los hogares de bajos ingresos perdieran ingresos o el empleo. Entre los hogares que ganan menos de USD 35.000 por año, el 57,3 % experimentó la pérdida de ingresos o del empleo durante la pandemia, en comparación con el 34,6 % de aquellos con ingresos superiores a USD 150.000 por año.
Los estados de EE. UU. ofrecen distintos grados de asistencia en beneficios por desempleo. En Mississippi, los beneficios por desempleo tienen un tope de USD 235 por semana. El estado de Massachusetts es mucho más generoso, y fija ese tope en USD 855 por semana. Si bien las diferencias en los niveles de beneficios máximos pueden estar relacionadas con el costo de vida en un estado en particular, si no median pagos semanales adicionales, incluso en estados con un costo de vida menor, como Mississippi, los beneficios son insuficientes para permitir la subsistencia.
Aun cuando la tasa de desempleo cayó en más de un 40 % entre junio de 2020 y enero de 2021 (al 6,3 %), la pobreza ha aumentado en el mismo período, con aproximadamente ocho millones más de personas viviendo en situación de pobreza. Esta desconexión es el resultado de que algunos beneficios gubernamentales quedaron sin efecto a fines de julio y, al mismo tiempo, un número cada vez mayor de trabajadores quedaron fuera del mercado laboral. Más de cuatro millones de personas quedaron fuera de la fuerza laboral el último año; de los más de 22,3 millones de empleos que se perdieron en marzo y abril de 2020, dos de cada cinco trabajadores no han regresado a sus puestos.
El porcentaje de mujeres excluidas de la fuerza laboral es muy superior al de los hombres en la misma situación. Del 1,1 millón de personas que salieron entre agosto y septiembre, más de 800.000 fueron mujeres. Los expertos sugieren que, debido a la diferencia en los ingresos según el género que existe entre cónyuges y al aumento en la carga de trabajo que pesa sobre quienes tienen personas a su cuidado, las mujeres fueron más proclives a salir de la fuerza laboral a medida que cerraron las escuelas y los centros de cuidado infantil.
Una herramienta para abordar los resultados de la desigualdad del mercado laboral es extender las licencias pagas por enfermedad y las licencias por motivos familiares y médicos. Como parte del plan American Rescue, el gobierno debería promulgar una ley de licencia paga por motivos familiares y médicos para brindar asistencia a los trabajadores en materia de salud y seguridad económica durante el tiempo que dure la pandemia. Y al mismo tiempo, debería trabajar para crear un programa permanente, nacional, integral e inclusivo que continúe vigente más allá de la pandemia.
Dificultad para sufragar gastos del hogar
La encuesta de la Oficina de Censos analizó el impacto desproporcionado que experimentaron los hogares de bajos ingresos y las personas de color, y la capacidad de cubrir gastos como los alimentos, el alquiler o la hipoteca, gastos médicos o servicios públicos en los siete días anteriores.
Aproximadamente el 35 % del total de adultos vive en hogares que tienen dificultades para cubrir los gastos habituales de su grupo familiar, pero este porcentaje es el más alto entre las personas que viven en hogares con ingresos muy bajos. Casi el 60 % de los hogares que perciben ingresos inferiores a USD 35.000 por año tienen dificultades para pagar sus gastos habituales, lo cual sugiere que el impacto de la pandemia, incluidas las pérdidas de empleo y la morbilidad y mortalidad relacionadas con el Covid-19, está haciendo que la subsistencia resulte más difícil para muchas personas. Este porcentaje es significativamente menor en el caso de los hogares con ingresos superiores, y registra los niveles más bajos entre quienes ganan más de USD 150.000 por año.
Las personas adultas negras y latinas tuvieron casi el doble de probabilidades que las personas adultas blancas de enfrentar dificultades para pagar los gastos cotidianos en la semana anterior.
Inseguridad alimentaria
En enero de 2021, en función de los datos del censo, más de uno de cada 10 adultos vivía en un hogar donde a veces o a menudo no hubo alimentos suficientes para comer en la semana anterior. Las desigualdades raciales son elevadas; la tasa de personas adultas negras y latinas que viven en hogares que no cuentan con suficientes alimentos es más del doble de la que existe entre las personas adultas blancas.
Se observa una relación clara entre ingresos e inseguridad alimentaria. Una cuarta parte de los adultos (aproximadamente 11 millones) que viven en hogares con un ingreso anual de menos de USD 35.000 enfrentaban situaciones de inseguridad alimentaria en enero, según lo indicaban los datos. De aquellos que tenían un ingreso anual de entre USD 35.000 y USD 75.000, el 11 % enfrentaban situaciones de inseguridad alimentaria. Este porcentaje es mucho menor en el caso de hogares con ingresos mayores a USD 75.000.
La inseguridad alimentaria fue particularmente alta en los hogares que habían sufrido la pérdida del empleo durante la pandemia. Tres de cada cuatro hogares que enfrentan una situación de inseguridad alimentaria han sufrido la pérdida del empleo desde que comenzó la pandemia, y el 58 % no tenía trabajo al momento de la encuesta.
Más de la mitad de los adultos que viven en hogares afectados por la inseguridad alimentaria tienen hijos que viven con ellos. Aproximadamente dos tercios de las familias afectadas por la inseguridad alimentaria señalaron que, en los siete días anteriores, “a veces” o “a menudo” fue cierto el enunciado que dice que sus “hijos no están comiendo lo suficiente porque simplemente no pudimos comprar la cantidad necesaria de alimentos”. La mayoría de estos hogares habían tenido ingresos de menos de USD 35.000 en el año anterior.
El plan American Rescue brindaría inversiones críticas para abordar las alarmantes tasas que dan cuenta de la situación de hambre. Extendería el aumento temporal del 15 % en los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Complementario (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) desde junio hasta septiembre. Los beneficios deberían extenderse más allá de fines de septiembre si la economía estadounidense aún no se ha recuperado completamente, manifestó Human Rights Watch.
Una parte significativa de las personas que están recibiendo beneficios del SNAP están enfrentando situaciones de inseguridad alimentaria. Esto sugiere que el aumento en el beneficio tal vez sea demasiado bajo. Entre los hogares donde viven beneficiarios del SNAP, el 27 % salteó comidas en enero. Según el Centro de Presupuesto y Prioridades de Políticas, uno de los motivos es que la interpretación actual del Departamento de Agricultura de EE. UU. de las disposiciones sobre asistencia alimentaria de emergencia en virtud de la Ley de Respuesta al Coronavirus Families First (Families First Coronavirus Response Act) niega esas asignaciones a casi el 40 % de los hogares alcanzados por el SNAP. El gobierno federal debería abordar las necesidades inmediatas, como así también las desigualdades estructurales en materia de inseguridad alimentaria.
Además, los beneficios del SNAP dejan fuera a millones de hogares que los necesitan. Hay 16,5 millones de hogares que, en este momento, no pueden hacer todas las comidas y no están recibiendo beneficios. Aproximadamente dos de cada tres adultos pertenecientes a hogares afectados por la inseguridad alimentaria no recibieron asistencia de alimentos en los siete días anteriores o tenían a un beneficiario del SNAP. De los adultos que viven en un hogar donde al menos un miembro recibió comestibles gratis o una comida gratis en los siete días anteriores, casi una cuarta parte no tuvo comida suficiente esa semana.
Si los estrictos criterios de elegibilidad o las interpretaciones acerca de quiénes deben recibir los beneficios del SNAP impiden que la asistencia alimentaria llegue a todas las personas que la necesitan, poner dinero directamente en el bolsillo de las personas brindaría un alivio importante. El 33 % de los adultos que respondieron a la Encuesta de Pulso de la Oficina de Censos de EE.UU. manifestaron que habían usado el segundo cheque de estímulo para comprar alimentos.
Los créditos fiscales son otro instrumento de ayuda ante las dificultades económicas. El crédito fiscal por menores a cargo que se proponía en el plan American Rescue ayudaría a los hogares afectados por inseguridad alimentaria en los que hay hijos.
Enviaría cheques mensuales por valor de USD 300 a padres de bajos ingresos que tengan hijos menores de seis años y USD 250 por cada niño de entre 6 y 17 años. Al brindar estos beneficios, el gobierno debe asegurar que los hogares que no hacen las presentaciones del impuesto federal sobre la renta no queden excluidos.
Acceso precario a la vivienda
En muchos hogares, los costos de vivienda –que, para la mayoría, constituye el mayor desembolso–, se están volviendo cada vez más difíciles de sostener. En enero, 19 millones de adultos informaron que estaban atrasados en sus pagos de alquiler o de hipotecas. De esas personas, el 35 %, o casi siete millones, dijeron que temían sufrir un desalojo o la ejecución de sus hipotecas en los dos meses siguientes, según datos recientes de la Oficina de Censos analizados por Human Rights Watch.
El acceso precario a la vivienda, que incluye tanto las demoras en los pagos correspondientes a la vivienda como el riesgo de desalojo o de ejecución hipotecaria, pone en riesgo el derecho de las personas a tener una vivienda adecuada. En enero de 2021, más de 19 millones de adultos vivían en un hogar que estaba atrasado en sus pagos de alquiler o de hipoteca, según surgía de los datos. Este es un problema que afecta a todo el país. En 41 de los 50 estados y en Washington D.C., al menos el 10 % de los adultos están atrasados en los pagos de vivienda. Luisiana y Nueva York informan tasas particularmente altas de hogares que se encuentran en riesgo. En enero, casi la cuarta parte de los hogares estaban atrasados en sus pagos de vivienda.
Existe una clara disparidad racial en las demoras respecto de los pagos. Las personas adultas negras tienen más del triple de probabilidades que las personas adultas blancas de vivir en un hogar que está atrasado en sus pagos de vivienda.
Las cifras más altas de inseguridad en materia de vivienda se registran entre los hogares de ingresos bajos. De los hogares que percibieron ingresos inferiores a USD 35.000 en 2019, el 26 % está atrasado en sus pagos de vivienda, en comparación con el 4 % de los que ganaron más de USD 150.000. La proporción de los ingresos que se destina a gastos de vivienda varía de acuerdo con el nivel de ingresos. En 2019, los hogares situados en el 20 % más bajo en cuanto a niveles de ingreso gastaron aproximadamente el 40 % de sus ingresos anuales en vivienda. Entre quienes perciben ingresos más altos, esa proporción se acerca más al 30 %.
Además de estar atrasados respecto de los pagos de vivienda, los arrendatarios y los propietarios informaron tener dificultades para pagar las facturas de los servicios públicos, con lo cual acumularon deudas significativas. El Urban Institute estima que casi una de cada tres personas negras que alquilan una vivienda (el 28,9 %) y el 25,9 % de las personas latinas que alquilan una vivienda manifestaron haber tenido problemas para pagar sus facturas de servicios públicos en los 30 días anteriores, en comparación con el 9,2% correspondiente a las personas blancas que alquilan una vivienda. En California, al menos 1,6 millones de hogares tienen deudas con el suministro de agua, y las facturas de agua impagas ascienden a un total de USD 1.000 millones.
La Oficina de Censos hizo preguntas a las personas que están atrasadas en sus pagos de vivienda para saber cuál es su percepción en materia de seguridad habitacional. En enero de 2021, aproximadamente el 35 % de los adultos que estaban atrasados en los pagos señaló que era muy probable o algo probable que, en los dos meses siguientes, su grupo familiar tuviera que abandonar la vivienda que ocupaban, como consecuencia de un desalojo o una ejecución hipotecaria.
El plan American Rescue extendería hasta septiembre la suspensión federal de los desalojos que, de no ser así, vencerían en marzo, y financiará programas de asistencia legal para ayudar a quienes enfrenten un desalojo. No obstante, no corrige las deficiencias en las suspensiones de los desalojos estatales y federales que existen en la actualidad, que ponen a millones de arrendatarios en riesgo de desalojo. Además de una extensión de la suspensión federal de los desalojos, debería disponerse una suspensión, a nivel nacional, de los cortes del suministro de agua, electricidad, banda ancha y calefacción por la imposibilidad de pagar, señaló Human Rights Watch.
La gravedad de la inseguridad habitacional muestra que se necesita otro tipo de asistencia para evitar que las personas sean desalojadas o queden privadas de un lugar para vivir. Los investigadores que han abordado el tema de la falta de vivienda opinan que es demasiado pronto para determinar cómo se modificaron las tendencias durante la pandemia, pero han señalado que esta cuestión ya estaba en aumento con anterioridad. Las autoridades deben hacer intensificar las acciones orientadas a cumplir con las obligaciones establecidas por el gobierno a fin de garantizar el derecho de todas las personas a tener una vivienda asequible, estable y habitable, independientemente de cuál sea su nivel de ingresos.
Múltiples factores de estrés que contribuyen a las dificultades financieras
Los hogares de bajos ingresos sufren una desventaja particular que afecta su recuperación, dado que muchos están expuestos a múltiples factores de estrés que pueden afectar los derechos de las personas —como la inseguridad alimentaria— durante la pandemia.
Se estima que decenas de millones de hogares enfrentan múltiples factores de estrés de manera simultánea. Algunos de estos factores son no haber trabajado en la semana anterior, la pérdida de ingresos, la inseguridad alimentaria o habitacional, o síntomas de depresión. Los hogares de bajos ingresos son particularmente proclives a enfrentar múltiples factores de estrés. Uno de cada nueve adultos que viven en hogares con un ingreso anual inferior a USD 35.000 experimentaron al menos uno de los cinco factores de estrés; el 60 % experimentó al menos dos, y el 30 % tuvo dificultades para manejar tres al mismo tiempo. Los factores de estrés simultáneos son mucho menos frecuentes entre las personas que perciben los ingresos más altos. En la actualidad, solo el 18 % está expuesto a más de un estresor.
Las personas de color también tienen más probabilidades de experimentar la superposición de factores de estrés. Aproximadamente el 45 % de las personas adultas negras y latinas viven en un hogar que enfrenta múltiples factores de estrés, en comparación con el 30 % de las personas adultas blancas y asiáticas.
Impacto de aumentar el salario mínimo sobre las dificultades económicas y la inseguridad
Ajustar el salario mínimo a USD 15 por hora, tal como lo propone el plan American Rescue, podría ser una medida sumamente eficaz para combatir la pobreza y la desigualdad, así como un paso necesario para garantizar que todas las personas puedan gozar de su derecho a un estándar de vida adecuado. Esta es una medida esencial para abordar la desigualdad y las disparidades económicas raciales, dado que los trabajadores de color, especialmente las mujeres de color, representan un porcentaje desproporcionado de los trabajadores que perciben ingresos bajos. El 63 % de los trabajadores latinos y el 54 % de los trabajadores negros perciben salarios bajos, en comparación con el 36 % de los trabajadores blancos.
Incluso antes de la pandemia, había profundas desigualdades en el mercado laboral. El porcentaje del ingreso nacional que recae en la mitad inferior de la distribución del ingreso se ha reducido en más de un tercio desde 1970. El porcentaje que termina en el 1 % superior ha aumentado a casi el doble.
Muchos trabajadores que tienen salarios bajos enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Brookings Institution determinó que, en 2019, aproximadamente 53 millones de trabajadores de entre 18 y 64 años, que representan alrededor del 44 % de la totalidad de los trabajadores, tenían empleos con salarios bajos. Su remuneración promedio por hora era de USD 10,22, y los ingresos anuales promedio ascendían a aproximadamente USD 18.000. Así, una familia con tres integrantes quedaba por debajo de la línea federal de pobreza, que toma como referencia un salario de USD 21.960.
Como parte del plan American Rescue, el gobierno de Biden propuso elevar el salario mínimo federal a USD 15 por hora en los próximos cinco años. El salario mínimo ha quedado congelado en USD 7,25 desde el año 2009. Investigadores del Economic Policy Institute (EPI) estiman que fijar el salario mínimo en USD 15 implicaría un aumento en la remuneración de casi 32 millones de trabajadores, al tiempo que se reducirían los gastos gubernamentales en programas de asistencia entre USD 13.400 y USD 31.000 millones.
La mayoría de los trabajadores que se beneficiarían con un salario mínimo de USD 15 por hora son trabajadores esenciales y de primera línea. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que, en una semana promedio de 2025, cuando el salario mínimo llegara a USD 15 por hora, la cantidad de personas en situación de pobreza se reduciría en 0,9 millones de personas, y el empleo se reduciría en 1,4 millones de trabajadores. Muchas otras investigaciones llevadas a cabo recientemente indican que eso acarrea un riesgo mínimo de pérdidas de empleo generalizadas.
Evitar el criterio de austeridad, a nivel estatal y local, que menoscabaría derechos
La pandemia ha generado una grave crisis presupuestaria para los gobiernos estatales y locales, a medida que se redujeron los ingresos fiscales y aumentaron las demandas en materia de salud pública y protección social. Diecinueve estados informaron haber realizado recortes en el gasto a mitad de año en 2020, debido a la caída de los ingresos fiscales. Este ajuste en el gasto implicó la pérdida de 1,3 millones en empleos estatales y locales desde febrero de 2020, con una pesada carga sobre los trabajadores negros y las mujeres, quienes representan una proporción mayor en la fuerza laboral pública estatal y local.
También se han puesto en marcha recortes presupuestarios que menoscaban derechos humanos. Veintitrés estados informaron que están realizando recortes específicos en el gasto, y ocho estados implementaron recortes generalizados a fin de equilibrar sus presupuestos para 2021. La mayor reducción en el gasto se realizó en las partidas correspondientes a educación, desde el jardín de niños hasta el nivel 12 de la escuela (K-12). En Georgia, los responsables de formular políticas aprobaron un recorte presupuestario del 10 % para 2021, incluido un recorte de aproximadamente USD 1.000 millones para las escuelas públicas (K-12), y reducciones en los programas para niños y adultos con discapacidades del desarrollo, entre otras. Maryland dispuso un recorte de gastos de emergencia de USD 413 millones, incluidas fuertes reducciones que afectan a instituciones de educación superior y universidades.
La propuesta del gobierno de Biden incluye ayuda fiscal a los gobiernos estatales y locales, que en este momento es sumamente necesaria. Si no se amplían los instrumentos de ayuda federal, muchos estados probablemente enfrentarán complejas disyuntivas en materia presupuestaria, lo cual aumentará la probabilidad de que se realice otra ronda de recortes de empleos o que se adopte un criterio de austeridad de cara a servicios que resultan esenciales para materializar derechos humanos.
