A comienzos de este mes, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Código Procesal Penal sobre delitos informáticos que permitiría violar la privacidad y restringir la libertad de expresión y asociación.
La reforma prevé que agentes digitales, controlados por la policía, realicen “operaciones encubiertas digitales” para investigar delitos tipificados en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos y en otras “leyes penales especiales”. Los agentes pueden actuar previa aprobación de la Fiscalía General de la República y sin una orden judicial. La reforma es vaga respecto del alcance de las operaciones que pueden llevar a cabo estos agentes, lo cual genera serios interrogantes sobre hasta dónde podrán entrometerse en la vida privada de los salvadoreños. Tampoco especifica ni limita las circunstancias en las que podrían utilizarse los agentes ni establece controles independientes para auditar su actuación, lo cual resulta preocupante desde un punto de vista de transparencia y rendición de cuentas.
Estas disposiciones son particularmente alarmantes a la luz de reformas aprobadas en diciembre a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, que tipifican delitos de manera amplia e imprecisa. Por ejemplo, una de las disposiciones penalizaría el uso de la tecnología para obtener o transferir información “confidencial”, la cual podría emplearse de manera abusiva contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil o denunciantes. Varias organizaciones, incluida Derechos Digitales, manifestaron preocupación por las reformas.
Estas reformas se dan en el contexto de múltiples esfuerzos del gobierno para intentar silenciar el disenso. En noviembre de 2021, el gobierno impulsó una ley de “agentes extranjeros” que, de aprobarse, limitaría significativamente el trabajo de los periodistas independientes y la sociedad civil.
Además, otros acontecimientos han disparado las alertas sobre el riesgo de vigilancia ilegal en El Salvador. Recientemente se ha denunciado que el programa espía Pegasus, que permite la vigilancia de una persona y sus contactos a través de su teléfono celular, fue utilizado para espiar al menos a 35 periodistas y miembros de la sociedad civil. El fiscal general Rodolfo Delgado, designado por el partido oficialista, expresó que investigaría los señalamientos.
La compañía NSO Group, con sede en Israel, que desarrolla y comercializa el programa informático Pegasus, indica que solo vende sus productos a gobiernos y entidades encargadas de hacer respetar el orden público. El gobierno salvadoreño negó estar usando Pegasus o ser cliente de NSO Group. Por su parte, NSO se habría rehusado a indicar si El Salvador era cliente de Pegasus. La empresa también señaló que no estaba implicada en operaciones de vigilancia y que sus políticas prohíben el uso indebido de su programa informático espía en actividades como la vigilancia de disidentes, activistas y periodistas. Sin embargo, existe evidencia que indica que Pegasus está siendo empleado con ese fin en múltiples países.
En este contexto, las reformas recientes en materia de delitos informáticos parecen querer otorgar una fachada de legalidad a las acciones de vigilancia u hostigamiento de periodistas y otros actores. Es más importante que nunca que la comunidad internacional apoye los valientes esfuerzos de la sociedad civil para contrarrestar las tendencias autoritarias del gobierno.
