(La Haya) – Ante el intento de las autoridades venezolanas de obstruir la rendición de cuentas por presuntos crímenes de lesa humanidad, la intención del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de seguir adelante con su investigación envía un mensaje importante a las víctimas, señaló hoy Human Rights Watch.
El 15 de abril de 2022, Venezuela solicitó al fiscal de la CPI, Karim Khan, que aplazara la investigación de su oficina sobre posibles crímenes de lesa humanidad, alegando que las autoridades nacionales ya estaban investigando estos crímenes. El 20 de abril, Khan notificó a un panel de jueces de la CPI sobre la solicitud de Venezuela. En el mismo documento, indicó que su oficina pronto pediría a los jueces que rechazaran la solicitud. La investigación está suspendida hasta que los jueces se pronuncien sobre la próxima solicitud de Khan.
“La intención expresada por el fiscal de la CPI de continuar con su investigación, que requiere revisión judicial, es una señal positiva”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Es esencial que el fiscal de la CPI demuestre un compromiso claro con las víctimas, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil que buscan justicia por los abusos sufridos por los venezolanos”.
El reciente viaje de Khan a Caracas generó preocupación entre la sociedad civil dado que se reunió únicamente con funcionarios del gobierno, y no sostuvo reuniones con víctimas y comunidades afectadas.
Durante la visita, anunció que establecería una oficina en el país. Es fundamental que la CPI utilice su presencia en Caracas para realizar investigaciones sólidas sobre los abusos presuntamente cometidos por las autoridades venezolanas, incluyendo la responsabilidad a lo largo de la cadena de mando, dijo Human Rights Watch.
La solicitud de Venezuela del 15 de abril, realizada luego de una extensión del plazo otorgada por la fiscalía en enero, se basó en el artículo 18(2) del tratado de la CPI, que permite a los países solicitar el aplazamiento de una investigación de la CPI cuando puedan demostrar que están investigando o han investigado delitos que se encuentran bajo la jurisdicción de la corte. La CPI es un tribunal de última instancia, que interviene solo cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren investigar y, según corresponda, enjuiciar los crímenes internacionales más graves.
Las autoridades venezolanas afirmaron que tenían “voluntad genuina” de investigar abusos en 124 casos sobre los cuales la Fiscalía de la CPI había solicitado información previamente. De estos, 116 se encuentran bajo investigación preliminar, cinco en etapa de juicio y solo tres han resultado en condenas en Venezuela, según señalaron las autoridades.
El poder judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados a pesar de que existen pruebas convincentes de que ocurrieron, y la impunidad por violaciones de derechos humanos sigue siendo la norma, señaló Human Rights Watch. Las medidas recientes para reformar el sistema de justicia de Venezuela no son adecuadas para abordar la profunda falta de independencia judicial en el país, e incluso podrían agravarla.
Desde que el difunto presidente Hugo Chávez, y sus partidarios en la Asamblea Nacional, coparon políticamente el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 2004, el poder judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente. Los jueces del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han defendido sistemáticamente políticas y prácticas abusivas. En el sistema legal venezolano, el Tribunal Supremo juega un papel fundamental en el nombramiento y la remoción de jueces de tribunales inferiores, por lo que la falta de independencia judicial en el más alto tribunal ha afectado a todo el poder judicial.
La Asamblea Nacional, controlada por partidarios del gobierno de Maduro, aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia el 18 de enero. La reforma requiere designar un Tribunal Supremo completamente nuevo, compuesto por 20 jueces, en lugar de 32.
El proceso de selección de los nuevos magistrados estará a cargo de un Comité de Postulaciones Judiciales integrado por 21 miembros, incluyendo 11 legisladores y 10 representantes de diversos sectores de la sociedad. Los 11 legisladores, electos en diciembre de 2020 por medio de elecciones cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada, seleccionarán a los otros 10 miembros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las elecciones de diciembre no cumplieron con las condiciones mínimas necesarias para ser consideradas libres o justas.
Los legisladores partidarios del gobierno han históricamente contribuido a socavar la independencia judicial. Su liderazgo en el nuevo Comité de Postulaciones podría menoscabar gravemente la credibilidad del proceso de selección y pone en duda su capacidad para seleccionar candidatos independientes, señaló Human Rights Watch.
La constitución venezolana permite a los jueces del Tribunal Supremo un solo mandato de 12 años. Sin embargo, los miembros del Tribunal Supremo actual, que no ha actuado como freno al poder ejecutivo y ha emitido fallos que vulneran derechos fundamentales y favorecen los intereses del gobierno, podrían ser reelegidos en virtud de la nueva ley.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es preferible no permitir la reelección ni la ratificación discrecional de los magistrados, ya que existe “el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga[n] el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión.”
El 3 de noviembre de 2021, Khan anunció su decisión de abrir una investigación sobre Venezuela. También firmó una carta de entendimiento con las autoridades venezolanas, en la que el gobierno se comprometió a adoptar “todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia”. La predecesora de Khan había concluido previamente, en junio de 2021, que “las autoridades no tienen interés en investigar y/o juzgar genuinamente tales casos” porque “los procesos internos han sido llevados a cabo, o las decisiones judiciales han sido adoptadas, con el propósito de proteger a las personas de su responsabilidad penal… y/o los procesos internos no han sido llevados a cabo de manera independiente o imparcial, lo cual significa que han sido llevados adelante de una manera inconsistente con la intención de llevar a la persona implicada ante la justicia”.
En su reciente notificación, el fiscal de la CPI afirmó que su oficina se ha comprometido a “apoyar y trabajar activamente” con las autoridades nacionales “para llevar a cabo procedimientos relevantes y genuinos en relación con los crímenes que presuntamente han ocurrido”, pero la evaluación de la complementariedad no puede ser refutada de forma “prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que puedan ocurrir en el futuro”. Se refería al principio de complementariedad, según el cual la CPI intervendrá únicamente cuando los tribunales nacionales no puedan o no quieran investigar y, según corresponda, enjuiciar los crímenes internacionales más graves.
El fiscal argumentó que los documentos presentados por Venezuela para fundamentar su solicitud de aplazamiento ya habían sido revisados por su oficina, y que “no parece haberse presentado nueva información que justifique revisar su determinación anterior”.
La CPI actualmente tiene 17 situaciones bajo investigación. Existe una brecha cada vez mayor entre la carga de trabajo del fiscal de la CPI y los recursos disponibles. Algunos países miembros han realizado esfuerzos recientes para abordar este desfase, proporcionando a la oficina de Khan contribuciones voluntarias y personal. Esto ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de dicho modelo de financiamiento.
“Los países miembros de la CPI deben asegurarse de que la corte cuente con los medios y el respaldo político suficientes para realizar su vital trabajo en nombre de las víctimas de graves abusos en Venezuela y otros países”, dijo Taraciuk Broner. “Ante la falta de esfuerzos nacionales genuinos para investigar delitos graves, las investigaciones de la CPI siguen siendo la única vía creíble para la justicia”.
