La semana pasada, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate un proyecto de ley para crear una Ley Nacional de Salud Mental que resulta muy problemático. El proyecto de ley sigue un modelo biomédico obsoleto para apoyar a las personas que podrían estar experimentando una crisis de salud mental o tener condiciones de salud mental, también conocidas como discapacidades psicosociales.
El proyecto de ley se basa en un antiguo paradigma de tratamiento de salud mental basado en medicamentos y tratamiento hospitalario no consentido que ha sido cuestionado por diferentes actores y agencias, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como los órganos de tratados de las Naciones Unidas, como el Comité sobre los Derechos de las Personas. con Discapacidad. El ex Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental ha declarado que el consentimiento informado es un elemento central del derecho a la salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual y como salvaguardia integral para su disfrute.
De hecho, las políticas de salud mental en todo el mundo se están alejando de este modelo. En cambio, el enfoque correcto debe estar centrado en la persona, brindando servicios basados en la comunidad y centrándose en un plan de recuperación. La recuperación es algo que no se puede abordar a través de una lente única para todos; requiere un programa que genere confianza, fomente el autocontrol y cree oportunidades para el bienestar.
En abril pasado, la OMS lanzó un programa de capacitación para proveedores de salud mental basado en los principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Costa Rica ratificó en octubre de 2018. Conocido como Quality Rights, el programa otorga una importancia central al derecho de la persona a tomar sus propias decisiones y dirigir su propia vida, incluso cuando se trata de cuestiones sobre salud mental, y especialmente en situaciones de crisis.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica debe armonizar la legislación interna con los principios fundamentales de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental. En 2014, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó a Costa Rica revisar sus políticas de salud mental y criticó que aún se basaran en el obsoleto modelo biomédico. Lejos de cumplir con esta recomendación, la Asamblea ha seguido dando la misma vieja medicina que ha resultado ineficaz en todo el mundo. En su lugar, debería hacer un cambio hacia un modelo basado en los derechos humanos; el primer paso es revisar esta preocupante legislación.
