(Nueva York) – Una nueva ola de violencia de pandillas en Haití ha causado la muerte de cientos de personas en las últimas semanas y ha profundizado aún más la crisis humanitaria, política y de derechos humanos en el país, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos preocupados por la situación en Haití, incluidos los de América Latina, Europa y los Estados Unidos, deben dejar de expulsar personas al país y deben apoyar urgentemente los esfuerzos de las organizaciones locales de la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas para garantizar que los haitianos tengan protección y acceso a la justicia.
Desde principios de julio de 2022, las pandillas han asesinado y secuestrado a cientos de personas en Puerto Príncipe, informó Naciones Unidas, y han tomado control del Palacio de Justicia, donde se encuentra el principal tribunal de la ciudad. Esto ha deteriorado aún más la situación de violencia y escaso acceso a la justicia en el país. El 15 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití hasta julio de 2023 y amplió el número de funcionarios de seguridad en el país.
“Si bien extender el mandato de la Oficina de la ONU es un paso positivo, los gobiernos preocupados por la situación en Haití deberían hacer mucho más para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las agencias de la ONU frente a esta crisis que se está agravado aún más”, dijo César Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Estos gobiernos deben aumentar sus apoyos a los esfuerzos para proteger a la población y asegurar el acceso a la justicia, y en lo inmediato y hasta que las condiciones mejoren deberían dejar deportar o expulsar personas de regreso a Haití”.
Según la Oficina de la ONU en Haití, 540 personas fueron secuestradas y más de 780 asesinadas entre enero y mayo de 2022. En los últimos cinco meses de 2021, 396 personas fueron secuestradas y 668 asesinadas.
Desde el 7 de julio, una coalición de pandillas conocida como “G-9 an Fanni e Alye” ha realizado ataques en el barrio de Nan Brooklyn en la zona de Cité Soleil de Puerto Príncipe, con el aparente objetivo de quitarle control de esta zona a otra pandilla. Aproximadamente 300 personas han sido asesinadas, incluidas 21 cuyos cuerpos aparentemente fueron calcinados, y 16 personas han sido reportadas como desaparecidas, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, una organización local de derechos humanos. Las pandillas también quemaron casas y usaron maquinaria pesada para demolerlas, dijo la organización. 125 casas han sido reportadas destruidas.
El 10 de junio, una pandilla conocida como “5 Segundos” tomó el control del Palacio de Justicia de Puerto Príncipe. Los pandilleros obligaron a funcionarios judiciales a salir, hirieron a un fiscal y robaron computadoras, escritorios y otros bienes, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales de Haití.
La falta de audiencias en el Palacio de Justicia y algunos otros tribunales en Haití significa que miles de personas en detención preventiva no han sido llevadas ante un juez ni sus casos han podido ser revisados. Más del 90 por ciento de las personas privadas de la libertad en Puerto Príncipe están en prisión preventiva. Algunas se encuentran bajo detención arbitraria, ya que nunca han sido llevadas ante un juez. Otros no han obtenido información sobre sus casos durante más de un año.
Funcionarios judiciales y abogados habían advertido desde hace años sobre los crecientes niveles de violencia de las pandillas en el área que rodea el palacio, que se encuentra en un barrio controlado por pandillas, y habían pedido que el tribunal fuera trasladado a otro sitio. La Asociación de Magistrados de Haití y la Oficina de Protección del Ciudadano identificaron un edificio donde se podría instalar el tribunal y han solicitado reiteradamente al gobierno que lo reubique, pero no han recibido respuesta de las autoridades, según el presidente de la asociación.
El Palacio de Justicia había estado prácticamente inoperante desde 2018 debido a los riesgos de seguridad. Los funcionarios judiciales iban al juzgado solo para hacer copias de documentos o recibir nuevas evidencias, pero la mayoría de las audiencias habían sido suspendidas. “Si los funcionarios iban al tribunal, tenían que hacerlo bajo su propio riesgo y esquivando balas”, dijo un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial a Human Rights Watch.
Las pandillas parecen haber robado o destruido expedientes y evidencias que, según el presidente de la Asociación de Magistrados Haitianos, serán imposibles de recuperar ya que los tribunales haitianos no tienen copias digitales de los casos. Las oficinas del tribunal albergaban evidencias y expedientes sobre múltiples masacres cometidas desde 2018 por pandillas, así como casos de corrupción, delitos financieros y homicidios.
La policía no ha podido recuperar el control del tribunal, que la pandilla patrulla y vigila con drones, según el Defensor del Pueblo de Haití. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos dijo que la pandilla “5 Segundos” no ha permitido la entrada de extraños al barrio.
Las autoridades haitianas deben tomar medidas urgentes para recuperar expedientes, reubicar el tribunal y proteger a los funcionarios judiciales para que puedan regresar a su trabajo y evaluar los daños causados por las pandillas a los expedientes judiciales, dijo Human Rights Watch. La Oficina Integrada de la ONU en Haití, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los gobiernos extranjeros deben trabajar con las autoridades haitianas para mejorar la protección de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales y apoyar la reubicación del tribunal.
Las prisiones en Haití están superpobladas, brindan escaso acceso a alimentos, agua y medicamentos. Ha habido múltiples informes de organizaciones de derechos humanos haitianas y la Oficina del Defensor del Pueblo sobre casos de malos tratos o tortura por parte de los guardias de la prisión y de violación sexual por parte de detenidos.
La Oficina de la ONU en Haití documentó 54 casos en los que los detenidos fallecieron por causas relacionadas con la desnutrición entre enero y abril. Ocho detenidos fallecieron por estas causas el 23 de junio en la prisión de Les Cayes, al sur de Haití. La prisión alberga a 833 detenidos, tres veces su capacidad, y tiene poca comida y agua porque las pandillas han bloqueado repetidamente la carretera entre Puerto Príncipe y Les Cayes.
Las autoridades haitianas deben priorizar la liberación de las personas en detención arbitraria, garantizar que los tribunales judiciales puedan funcionar de manera efectiva y revisar los casos, y mejorar las condiciones carcelarias, dijo Human Rights Watch. La comunidad internacional debe trabajar con las autoridades haitianas para abordar estos problemas de forma urgente.
A medida que se acelera el deterioro de la seguridad y el acceso a la justicia en Haití, varios países continúan repatriando personas al país. Más de 19.000 personas fueron expulsadas o deportadas a Haití entre enero y junio de 2022, la gran mayoría desde Estados Unidos, en comparación con casi 3.000 durante el mismo período de 2021.
“Las repatriaciones a Haití ponen en riesgo la vida de miles de personas, y ello no cambiará hasta que no mejoren las condiciones en el país”, dijo Muñoz. “Estados Unidos y otros gobiernos deberían detener todas las expulsiones y deportaciones, y ayudar a establecer un programa de reintegración para brindar asistencia y protección a quienes ya han sido repatriados”.
