Imagina estar atrapada con alguien que es violento y abusivo contigo y no tener forma de escapar. No puedes pedir ayuda porque tienes una discapacidad física que te impide salir de tu cama, tu habitación y tu casa. Esta es la realidad que muchas mujeres con discapacidad experimentan todos los días.
En 2020, Human Rights Watch documentó las muchas formas en que las personas con discapacidades en México enfrentan abuso severo y negligencia por parte de sus familias con poca protección o apoyo del gobierno. Nuestra investigación encontró que los refugios para mujeres sobrevivientes de violencia no eran accesibles para aquellas con discapacidades y que no había una obligación legal para que los refugios proporcionaran servicios a este grupo.
Hoy, hay razones para la esperanza. A principios de mayo, una reforma a la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue finalmente promulgada, pidiendo que las mujeres con discapacidades sean incluidas en políticas destinadas a prevenir, perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres. La reforma es el producto de esfuerzos conjuntos de varias organizaciones de mujeres con discapacidades, organizaciones de derechos humanos y personas expertas, quienes han presionado a los miembros del Congreso durante más de dos años para hacer la política pública más inclusiva para las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidades. La reforma requiere que tanto los Centros de Justicia para las Mujeres - instalaciones estatales que proporcionan apoyo legal y psicológico - como los refugios temporales para sobrevivientes de violencia deben ser accesibles para mujeres con discapacidades. Esto incluye proporcionar asistentes personales para ayudar a las mujeres con discapacidades a realizar tareas básicas como levantarse de la cama, usar los baños y realizar otras actividades cotidianas, permitiéndoles usar las instalaciones en igualdad de condiciones con otras.
Aún queda un largo camino para que esta reforma se realice plenamente en la práctica, pero representa un paso importante en la lucha contra la violencia familiar contra las mujeres, como el apoyo psicosocial, el cuidado de los niños, la vivienda y otras políticas para apoyar a las mujeres, son inclusivas de aquellas con discapacidades.
Para garantizar que las reformas tengan un impacto significativo, el gobierno mexicano debería consultar estrechamente con organizaciones de mujeres con discapacidades en la implementación de estas importantes medidas.
** Este artículo forma parte de una serie que conmemora el 10º aniversario de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch.
