Con la reciente toma de posesión del presidente Daniel Noboa en Ecuador, el país terminó un impasse democrático que tuvo a sus instituciones al borde del Estado de derecho.
Ahora, el presidente Noboa enfrentará enormes desafíos en su año y medio de mandato. Entre ellos, la expansión del crimen organizado, tasas de homicidios y extorsiones sin precedentes, un aumento de la pobreza y conflictos entre poderes del Estado. Si el impasse democrático nos enseña algo es que contar con una Corte Constitucional independente y técnica, como lo hace hoy Ecuador, será clave para enfrentar estos retos y lograr mejoras para los derechos humanos en el país.
Hace cerca de seis meses en el país había riesgos de convulsión en las calles. El gobierno del expresidente Guillermo Lasso perdía popularidad rápidamente. Muchos sectores solicitaban su renuncia y amenazaban con salir a las calles mientras aumentaban las tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo. El temor de protestas masivas con incidentes de violencia y represión, como las que ocurrieron en 2019 y 2022, era manifiesto.
El rechazo al gobierno de Lasso no es sorpresivo. Debido en parte a sus políticas, o falta de ellas, hoy hay al menos tres veces más muertes violentas en Ecuador que cuando asumió su gobierno. Ecuador va camino a tener una tasa de cerca de 45 homicidios cada 100.000 habitantes para 2023, es decir, una tasa más alta que la que tuvieron el año pasado países como Venezuela o Honduras. Además, han aumentado la pobreza y la desigualdad y millones de ecuatorianos han tenido que acostumbrarse a pasar varias horas al día con cortes de luz.
Tras la publicación de una investigación periodística que acusaba a Lasso de corrupción, un grupo de asambleístas, incluyendo del partido Revolución Ciudadana, aliado al expresidente Rafael Correa, y del Partido Social Cristiano, cuya alianza había llevado a Lasso al poder, inició el trámite de juicio político.
En un primer momento los asambleístas incluyeron entre las causales del juicio político “traición a la patria”, uno de los pocos delitos por los que se puede acusar a un presidente según la Constitución. Argumentaron que Lasso habría protegido a su cuñado de investigaciones por corrupción. Según los propulsores de esta iniciativa, las organizaciones corruptas son “enemigos de la patria” y, por lo tanto, al supuestamente proteger a su cuñado, Lasso habría cometido dicha traición.
La Corte Constitucional descartó los argumentos del juicio político que a su criterio carecían de un mínimo de verosimilitud y permitió que continuara el proceso legislativo con el cargo de peculado. La Corte además exhortó a la Asamblea Nacional a actuar con “extrema responsabilidad y en observancia de la Constitución y la ley”.
El 17 de mayo, a medida que avanzaba el juicio político, el presidente Lasso invocó una cláusula en la Constitución que permite cerrar el Congreso y convocar a elecciones presidenciales debido a una “crisis política y conmoción interna”. La cláusula, conocida como “muerte cruzada”, nunca había sido invocada en el país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización indígena más grande del país, había dicho que convocaría un paro nacional si Lasso invocaba la “muerte cruzada” y sostenía que esa decisión lo convertía en un “dictador”.
Varios congresistas pidieron anular la muerte cruzada, incluyendo el presidente de la Asamblea Nacional. La Corte recordó que la Constitución permitía esta medida y resaltó, en varias ocasiones, que, durante los meses en los que gobernara sin una Asamblea, el presidente Lasso, lejos de poder convertirse en un “dictador”, solo podría aprobar decretos de “urgencia económica”, como lo establece la Constitución. El tribunal recordó que se trataba de una facultad “extraordinaria y limitada” que no debe ser utilizada para “evadir el debate democrático; y tampoco para compensar problemas de gobernabilidad”.
El presidente Lasso pareció hacer caso omiso a la advertencia y señaló que prefería “gobernar seis meses en el purgatorio que dos años en el infierno”. Sin una asamblea que le hiciera de contrapeso, el presidente emitió decretos de reestructuración empresarial, cambios en las finanzas públicas y beneficios para estudiantes con obligaciones vencidas.
En un país con una pobreza de 27% a nivel nacional, que alcanza casi el 47% en zonas rurales, puso a la Corte Constitucional en la difícil e impopular tarea de examinar si estos decretos eran constitucionales. La Corte no dio paso a muchos de los decretos, señalando que no se trataba de medidas urgentes, como exige la Constitución.
Su rol como árbitro durante este impasse le ha constado caro a la Corte, que ha recibido críticas, bien y mal intencionadas, de varios sectores políticos e instituciones del Estado. Pero Ecuador logró evitar una crisis con violencia en las calles o con un gobierno que opere por fuera del Estado de derecho. El país debería aprender de este proceso la importancia de contar con una Corte Constitucional y una judicatura técnicas e independientes, que no se dejen llevar por los vaivenes políticos ni las presiones.
El asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto, es un ejemplo dramático de lo grave que sigue siendo la situación de violencia y derechos humanos en el país. El crimen organizado se ha expandido y parece haber cooptado a ciertos políticos, jueces y fiscales. La Corte Constitucional ecuatoriana, que es un ejemplo para la región, tendrá un rol clave que cumplir para asegurarse que las respuestas ante estos desafíos respeten la Constitución y las obligaciones internacionales de derechos humanos. La experiencia en la región nos muestra que contar con tribunales independientes es clave para garantizar los derechos humanos y el Estado de derecho. Es crucial que Ecuador cuente con este bastión.
