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Human Rights Watch también revisó información y estadísticas brindadas por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado sobre las condiciones en centros de detención y las investigaciones penales sobre las masacres, así como documentos judiciales y una variedad de fuentes secundarias, incluyendo información publicada por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos ecuatorianas. La policía y la autoridad penitenciaria nacional, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), no respondieron a los pedidos de información enviados por Human Rights Watch.
En septiembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso declaró “estados de excepción” en las cárceles del país, lo que permitió que su gobierno movilizara a las Fuerzas Armadas para que buscaran controlar los centros de detención. En febrero de 2022, el gobierno adoptó una “política pública” sobre rehabilitación, un plan de acción destinado a favorecer el acceso a la atención de la salud, la educación y otros servicios básicos para las personas privadas de la libertad y mejorar las condiciones penitenciarias.
En diciembre, el presidente Lasso convocó a una comisión de expertos para reformar el sistema penitenciario del país. El 16 de junio, la comisión presentó su informe final, en el cual concluyó que las cárceles en Ecuador son “almacenes de castigo” más que centros de rehabilitación, debido a que tienen un enfoque punitivo y carecen de programas adecuados. Los expertos señalaron que la sobrepoblación ha agravado la violencia en las prisiones y se refirieron a señalamientos de trato inhumano y degradante y corrupción por parte de policías y guardias penitenciarios, así como a la falta de acceso a atención médica para los detenidos.
Hasta mediados de julio, las autoridades de Ecuador no habían condenado a ninguna persona por su participación en las muertes de noviembre ni en las otras masacres ocurridas en cárceles desde 2021. Para diciembre, la Fiscalía había iniciado 26 investigaciones sobre “hechos violentos” registrados en las cárceles durante 2021, incluidas las masacres.
Captura de pantalla de un mensaje enviado por un detenido en la Penitenciará del Litoral el 13 de noviembre.
© Privada
El fiscal que investiga la masacre de noviembre indicó a Human Rights Watch que estaba realizando indagaciones acerca de quiénes eran responsables de los asesinatos, y sobre si había funcionarios responsables por “omisión”. Las autoridades ecuatorianas han aportado datos inconsistentes sobre la cantidad de personas fallecidas con cifras que han variado entre 63 y 68.
Varios familiares de víctimas dijeron a Human Rights Watch que pasaron varios días intentando averiguar si sus seres queridos habían sobrevivido. Algunos se enteraron de que habían sido asesinados porque sus nombres aparecieron en una lista colocada en un poste de luz frente a la prisión. Otros lo descubrieron cuando un funcionario público gritó los nombres de las víctimas frente a la morgue. Los familiares que entrevistamos indicaron que no han recibido ningún tipo de reparación, indemnización ni apoyo del gobierno.
Las cárceles en Ecuador están hacinadas y algunas albergan cerca del doble de personas de su capacidad oficial. Los guías penitenciarios, nombre por el que se conoce a los guardias carcelarios en Ecuador, son insuficientes y no están debidamente capacitados. La sobrepoblación parece deberse al uso excesivo de la prisión preventiva, los retrasos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en el derecho ecuatoriano, como los regímenes semiabiertos o la libertad condicional, y las duras políticas antinarcóticos que, en los últimos años, han generado un aumento de las condenas por delitos vinculados con drogas, incluso en casos de baja gravedad.
Un funcionario de la Defensoría del Pueblo indicó a Human Rights Watch que entre las víctimas de la masacre de noviembre se encontraban 13 personas en prisión preventiva, seis detenidos que tenían apelaciones en trámite y dos personas cuya liberación había sido ordenada pero estaban a la espera de recibir la orden de excarcelación por escrito.
Human Rights Watch tuvo acceso a documentos judiciales de los detenidos que, según los listados de la Defensoría del Pueblo y otras autoridades, habrían sido asesinados. Al menos 15 personas que figuran en esos listados podrían haber sido beneficiarias, conforme al derecho ecuatoriano, de un régimen “semiabierto” o ser puestas en libertad condicional, según indicaban los documentos, pero se desconoce cuántas de ellas habían solicitado el traslado o la excarcelación. Al menos otras tres habían sido condenadas por delitos de drogas que eran de menor gravedad.
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, Ecuador tiene la obligación de garantizar que todas las personas privadas de su libertad reciban un trato humano y que se respete su dignidad. Esta debida diligencia incluye garantizar su seguridad, y también brindar alojamiento, alimentos y atención en salud adecuados, entre otras condiciones básicas. Ecuador está obligado, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, a investigar de manera oportuna y exhaustiva todas las muertes que ocurran en las prisiones.
Cronología de eventos de la masacre de noviembre
El 12 y 13 de noviembre, más de 60 personas fueron asesinadas en la masacre en el Centro de Privación de Libertad CPL Guayas N.º 1, conocido como “Penitenciaría del Litoral”. En ese momento en la prisión había más de 7.000 detenidos aunque la capacidad máxima es de 5.246.
Human Rights Watch analizó decenas de videos y fotografías y entrevistó a familiares de detenidos que sobrevivieron o murieron durante el hecho, para determinar qué ocurrió y reconstruir una cronología de los hechos.
Los investigadores construyeron un modelo 3D de la prisión y superpusieron imágenes geolocalizadas de videos y fotografías tomadas en los espacios comunes de la prisión, para reconstruir los eventos ocurridos antes, durante y después de la masacre. Los videos y las fotografías se geolocalizaron haciendo coincidir puntos de referencia, como postes eléctricos y elementos arquitectónicos con las imágenes satelitales disponibles. El análisis espacial y temporal, además de las múltiples entrevistas con familiares de víctimas, permitieron a Human Rights Watch identificar graves falencias en la respuesta de las autoridades para prevenir o detener la masacre e investigar las muertes.
Las autoridades no adoptaron medidas suficientes para prevenir estos asesinatos, a pesar de que, en los días previos a la masacre, hubo indicios concretos de que era probable que se desatara la violencia en la prisión. Entre los indicios se incluyen disparos en la prisión el 8 de noviembre, según informaron públicamente las autoridades penitenciarias el 9 de noviembre.
Funcionarios indicaron a Human Rights Watch que días antes de la masacre algunas autoridades habían emitido alertas advirtiendo que habría violencia. Varios familiares de víctimas señalaron que sus parientes que se encontraban detenidos les dijeron que pronto estallaría la violencia.
El 9 de noviembre, la Policía Nacional informó que había decomisado explosivos, armas, drogas, teléfonos celulares y dinero en seis pabellones penitenciarios. En la mañana de la masacre, el 12 de noviembre, la policía aprehendió a tres detenidos que intentaban ingresar en la prisión 27 bultos con municiones y explosivos, cinco pistolas y dos fusiles.
Sin embargo, al parecer los detenidos igualmente pudieron ingresar municiones, explosivos y armas de fuego de contrabando —ese día o días antes— que se usaron para cometer la masacre y generar agujeros en al menos dos muros interiores y un muro exterior, como se aprecia en los videos y las fotos que analizó Human Rights Watch. En una de las fotos se ve el daño a la pared exterior del pabellón 2. Otra fotografía muestra daños generalizados en el interior del edificio.
El 10 de noviembre, el SNAI publicó un tuit a las 6:16 p.m. sobre detonaciones en los pabellones 1, 2, 8 y 9 ocurridos esa mañana.
Las autoridades reaccionaron de manera lenta e insuficiente para detener los asesinatos, y la policía ingresó en la prisión recién ocho horas después de que empezaron los disparos. En Ecuador hay un número insuficiente de guías penitenciarios, que además no están debidamente capacitados y, por lo general, no pueden resolver situaciones de violencia grave sin intervención de la policía. Los fiscales están investigando si los guías adoptaron medidas adecuadas para detener los asesinatos durante la masacre de noviembre.
Human Rights Watch analizó dos videos que se filmaron fuera de la prisión desde dos ubicaciones distintas, en los cuales se escucha el sonido de armas de fuego. Los videos se filmaron después del atardecer y se publicaron en Facebook el 12 de noviembre a las 6:34 p.m. y a las 6:39 p.m. hora local, e indican que los disparos en la prisión empezaron el 12 de noviembre aproximadamente a las 6 p.m. Algunos familiares de víctimas que hablaron con detenidos el día de la masacre y un detenido que se encontraba cumpliendo su condena cuando se produjo la masacre, dijeron a Human Rights Watch que los disparos empezaron incluso varias horas antes.
La jefa de la policía de Ecuador, Tannya Varela, señaló que los protocolos policiales se activaron a las 7 p.m. En un video, que se publicó en Facebook a las 6:39 p.m. el 12 de noviembre y fue grabado desde un automóvil que circuló frente al acceso de la prisión, se observan dos vehículos blindados posicionados frente al ingreso, lo cual indica que las fuerzas de seguridad estuvieron presentes antes de las 7 p.m.
Un video publicado en Facebook a las 12:46 a.m. del 13 de noviembre muestra aparentemente a detenidos golpeando y prendiendo fuego a otros en un patio.
Human Rights Watch también recibió capturas de pantalla de mensajes enviados entre un detenido y un periodista. Según el registro horario de los mensajes enviados al periodista, a quien Human Rights Watch entrevistó, el detenido escribió a las 2:07 a.m.: “Se nos metieron al pabellón... Y la policía no hace nada. Necesitamos ayuda... de los militares. Ya están adentro. Necesitamos ayuda. La policía no hace nada. Nadie ha entrado”.
Diversas tomas de una transmisión en vivo realizada por un detenido a través de Facebook, se retransmitieron a través de Twitter a partir de la 1:22 a.m. y generaron amplia circulación y debate. La transmisión, a la que Human Rights Watch tuvo acceso, fue eliminada poco después. En la transmisión el detenido pide la intervención del gobierno mientras describe las muertes en los pabellones 2 y el F. En distintas tomas, se escuchan disparos de fondo.
En un video que se publicó el 13 de noviembre, la jefa de la policía Varela indicó que sus agentes ingresaron en la prisión a las 2:20 a.m. Este horario indica que la policía no intervino hasta transcurridas al menos ocho horas desde el inicio de los disparos.
Condiciones penitenciarias deficientes y falta de control que propiciaron la violencia y los abusos
Sobrepoblación y acceso limitado a necesidades básicas
La sobrepoblación es un fenómeno común en las cárceles de Ecuador y contribuye al aumento de la violencia, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y la comisión de expertos.
Las cárceles de Ecuador tienen capacidad para 30.169 detenidos, pero según datos del gobierno, hay más de 200 espacios que no pueden usarse por “motivos de seguridad e instalaciones no adecuadas”. A finales de junio, en las cárceles había 32.798 personas, y 24 de los 36 establecimientos penitenciarios superaban su capacidad. Durante 2021, cuando se produjeron la mayoría de las masacres recientes, los establecimientos de detención de Ecuador albergaban a más de 8.000 detenidos de la capacidad real.
El gobierno ecuatoriano no cuenta con estadísticas precisas sobre la cantidad y la identidad de las personas que están encarceladas, según dijo un exfuncionario a Human Rights Watch. La base de datos interna tiene varias incongruencias y nombres incorrectos, dijo el funcionario, y debido a esto los funcionarios tienen dificultades para determinar la identidad de detenidos cuyo paradero se desconoce o que pueden haber sido asesinados.
A causa del hacinamiento, muchos detenidos duermen en el piso, contaron familiares de algunos de ellos, y tienen acceso limitado a necesidades básicas, como alimentos, agua y medicamentos adecuados.
El Mecanismo Nacional contra la Tortura y la Asamblea Nacional concluyeron que en las cárceles no hay servicios de salud ni personal sanitario suficientes. Las autoridades penitenciarias dijeron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existe “déficit considerable” en la cantidad de trabajadores de la salud, y que en algunas cárceles apenas hay uno o dos médicos para unos 5.000 detenidos.
La sobrepoblación y el acceso limitado a equipos de protección y atención de la salud hacen que la población sea más vulnerable a enfermedades infecciosas como Covid-19 y tuberculosis, según señalaron la Defensoría del Pueblo y expertos del sistema penitenciario.
El 22 de noviembre, el presidente Lasso decretó dos indultos que, según afirmó, posibilitarían que se libere a cerca de 5.000 detenidos para fines de febrero. El primer decreto permitió que las autoridades liberaran a personas encarceladas por infracciones de tránsito que no hubieran provocado muertes o lesiones. El segundo decreto dispuso que se liberara a detenidos con “enfermedades catastróficas o terminales”, incluida la tuberculosis multidrogorresistente y la coinfección de tuberculosis y el VIH.
Las autoridades ecuatorianas no han publicado estadísticas sobre cuántos detenidos fueron liberados como resultado de los decretos. Las estadísticas oficiales indican que la cantidad total de detenidos se redujo en aproximadamente 3.800 personas entre noviembre de 2021 y junio de 2022, aunque parte de esa reducción podría deberse a otros factores.
La sobrepoblación parece estar asociada, en parte, con las políticas severas contra las drogas que existen en Ecuador. Según estadísticas oficiales citadas por la CIDH en un informe de febrero de 2021, casi el 30 % de los detenidos en Ecuador están presos por “delitos relacionados con drogas”. Ello parece deberse en parte a un aumento sustancial en las condenas impuestas por este tipo de delitos, incluso los de baja gravedad, debido a normas aprobadas en años recientes en el país.
A su vez, el uso excesivo de la detención preventiva representa un problema crítico. En diciembre de 2021, la Corte Nacional de Justicia, uno de los máximos tribunales del país, determinó que, por la falta de claridad en el código penal ecuatoriano, los jueces estaban dictando la prisión preventiva “de manera arbitraria y generalizada”, lo cual agravaba el hacinamiento.
La Corte Nacional ordenó a jueces y fiscales asegurarse de que los detenidos fueran enviados a prisión preventiva únicamente como medida de último recurso, es decir, cuando otras medidas sean insuficientes para garantizar la comparecencia de la persona al proceso o preservar la integridad de una investigación en curso.
Luego de esta decisión, la cantidad de personas detenidas que están procesadas y no han sido condenadas se redujo de 13.286 en diciembre de 2021 a 12.701 en junio de 2022.
El derecho ecuatoriano permite que los detenidos soliciten un régimen “semiabierto” una vez que hayan cumplido el 60 % de su condena y un régimen de detención “abierto” tras haber cumplido el 80 %. A su vez, algunos detenidos pueden obtener una reducción de la condena de hasta el 50 % por buen comportamiento.
La CIDH identificó “obstáculos legales y administrativos” a la concesión de beneficios penitenciarios, incluyendo demoras en las audiencias para pronunciarse sobre los casos, así como para emitir órdenes de excarcelación. La Defensoría del Pueblo indicó a Human Rights Watch que, en septiembre de 2021, “alertó” al SNAI y el Consejo de la Judicatura sobre “la demora sistemática en la atención de los expedientes de beneficios penitenciarios y cambios de régimen”.
Control o supervisión estatal deficientes
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades ecuatorianas tienen un deber de cuidado respecto de las personas que están en prisión, además de la obligación de proteger sus derechos a la salud, la vida y la seguridad. Sin embargo, las prisiones del país suelen estar controladas por organizaciones delictivas que extorsionan a los detenidos y a sus familiares, controlan las tiendas que hay dentro de esos establecimientos y amenazan a los detenidos con transferirlos a celdas donde estarían aislados, concluyó Human Rights Watch.
Muchos detenidos son obligados a trabajar para grupos criminales o a pagarles para que los protejan dentro de las cárceles o para acceder a necesidades básicas, como colchones, ropa de cama e insumos de salud, indicaron familiares de víctimas y especialistas en temas penitenciarios.
Varios familiares de detenidos dijeron que les habían exigido transferir entre USD 20 y USD 50 por semana a cuentas bancarias de personas desconocidas. Algunos indicaron que sus familiares detenidos les dijeron que las pandillas podrían transferirlos a celdas de aislamiento si no pagaban.
Familiares de detenidos y especialistas en temas penitenciarios informaron que, debido a la falta de elementos de primera necesidad en las cárceles, como alimentos e insumos de salud, muchas personas detenidas tienen que comprarlos en las tiendas que hay dentro de estos establecimientos, conocidas como “economatos”, que suelen estar controladas por pandillas delictivas.
El sistema penitenciario de Ecuador no cuenta con suficientes guías penitenciarios. Sobre la base de la información proporcionada por autoridades públicas, la CIDH concluyó que, en cada turno, en las cárceles de Ecuador había un promedio de un guía por cada 62 personas detenidas, y en algunas prisiones más grandes había uno por cada 99.
En total, en Ecuador hay 1.650 guías penitenciarios. En septiembre de 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los de Derechos Humanos (ACNUDH) estimó que se necesitaban 2.500 guías más. En el mes de abril, el gobierno inició un proceso de selección para contratar a otros 1.400.
A su vez, la formación que obtienen los guías es deficiente. Reciben una breve capacitación mayormente teórica, que no los prepara para manejar las dificultades prácticas que implica trabajar en las cárceles de Ecuador, lo que incluye responder a la violencia de pandillas para prevenir masacres, según dijo a Human Rights Watch un exfuncionario público.
Debido a que son pocos y, además, la capacitación que reciben es deficiente, en general los guías no intervienen cuando hay enfrentamientos entre detenidos, según afirmaron expertos en temas penitenciarios.
La CIDH informó sobre “hechos de corrupción” en las prisiones que han permitido el contrabando de armas, así como la “clasificación” de los detenidos en función del dinero con el que cuentan y no del delito que han cometido.
Las autoridades ecuatorianas también parecen haber adoptado medidas limitadas de supervisión y prevención de brotes de violencia en las cárceles, incluso en la masacre de noviembre.
Las condiciones en centros de detención del país parecen haberse agravado desde 2013 debido a diversas acciones y políticas gubernamentales, según especialistas en temas penitenciarios.
En 2014, el gobierno ecuatoriano construyó prisiones grandes, conocidas como “megacárceles”, en Cotopaxi, Azuay y Guayas. En las “megacárceles” se registran algunos de los más graves niveles de sobrepoblación y menor proporción de guardias por detenido del país. La CIDH concluyó que estas prisiones generaban “problemas”, como disputas por el control de los establecimientos y mayor vulnerabilidad para los detenidos en riesgo. Especialistas de la ONG ecuatoriana Kaleidos, que ha trabajado en temas relacionados con las cárceles durante años, describieron a estas “megacárceles” como “ingobernables”.
En 2018, el gobierno ecuatoriano disolvió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y transfirió la responsabilidad de supervisar las prisiones al SNAI, un organismo con menos presupuesto y funcionarios, que además tiene un poder limitado para promover políticas integrales de alcance nacional para regular el sistema penitenciario. Muchos documentos gubernamentales, incluidos mapas de prisiones, se perdieron cuando se disolvió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó un exfuncionario público. Los documentos quedaron en un edificio abandonado y personas no identificadas al parecer habrían vendido el papel con fines de reciclado, contó un exfuncionario.
Para obtener más información acerca del trabajo de Human Rights Watch sobre Ecuador, visite: https://www.hrw.org/es/americas/ecuador
