Desde las multitudinarias protestas de 2019, Chile ha estado trabajando en la redacción de una nueva constitución. En 2022, los chilenos rechazaron el texto elaborado por una convención constitucional y, en 2023, rechazaron un nuevo texto redactado por un consejo constitucional. El presidente Gabriel Boric dijo que su gobierno no propondrá un nuevo borrador constitucional.
Los homicidios en Chile han aumentado en los últimos años y, aunque el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina y el Caribe, la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos.
Las leyes y regulaciones chilenas hacen muy difícil que migrantes y solicitantes de asilo obtengan un estatus legal, dejándolos en situación irregular. En febrero, el gobierno desplegó a las fuerzas armadas a resguardar la frontera norte, una zona de migración irregular.
En política exterior, el presidente Boric ha defendido de manera coherente los derechos humanos sin importar la ideología del gobierno involucrado en los abusos.
Proceso constituyente
En octubre de 2019, se desataron en todo Chile protestas multitudinarias por las deficiencias en la prestación de servicios públicos, el aumento en el precio del transporte público y la desigualdad económica. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes.
Como “salida institucional” de la crisis los partidos políticos acordaron consultar a la ciudadanía acerca de un proceso constituyente.
En 2020, una mayoría abrumadora de chilenos votó para establecer una convención que redactara una nueva constitución. Pero en septiembre de 2022 casi el 62 % de los votantes rechazó adoptar el nuevo texto constitucional. En diciembre de 2022, los partidos políticos acordaron iniciar un nuevo proceso constituyente.
En enero de 2023, el Congreso nombró una comisión experta para trabajar en un nuevo borrador, que fue revisado por un consejo constitucional, de mayoría conservadora, elegido por los votantes. El borrador avanzaba en la protección del medioambiente y de otros derechos, pero también incluía un amplio derecho a la objeción de conciencia del que se podría abusar para denegar el acceso a ciertos derechos humanos y preveía la expulsión de migrantes en situación irregular “en el menor tiempo posible”.
En diciembre, más del 55 % de los votantes rechazó el borrador propuesto por el consejo. El presidente Boric dijo que durante su gobierno “se cierra el proceso constitucional” y llamó a los partidos políticos a reducir la polarización y a trabajar en el marco de la constitución vigente para responder a las necesidades más urgentes de los chilenos.
Seguridad pública y reforma policial
Un informe gubernamental de julio informó que en el 2022 ocurrieron 1.322 homicidios, un aumento del 56 % desde 2018. El informe compiló datos de distintas instituciones por primera vez. Aunque Chile sigue teniendo una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina y el Caribe—6,7 por cada 100.000 habitantes—la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, de acuerdo con encuestas.
En un periodo de 20 días entre marzo y abril, tres policías en servicio fueron asesinados. En respuesta, el Congreso aprobó una ley que establece una presunción legal de legítima defensa para todo miembro de las fuerzas de seguridad en servicio que “repele o impide una agresión” utilizando un arma o cualquier otro medio de defensa. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la ley chilena ya permitía a los agentes defenderse y que la nueva presunción de legítima defensa “reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”.
Chile ha intentado, con poco éxito, reformar su policía nacional, conocida como Carabineros, desde 2019, cuando ese cuerpo hizo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y sometió a malos tratos a detenidos. Carabineros actualizó varios protocolos, incluido sobre el uso de escopetas antidisturbios, pero persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos. Aún no se reformaron las leyes que otorgan a Carabineros amplias facultades de detención, las cuales ejercen con muy poca supervisión. El régimen disciplinario de Carabineros no garantiza investigaciones independientes e imparciales. Una comisión creada por el presidente Boric en 2022 para la reforma policial se ha reunido muy pocas veces y, a octubre, no había mostrado progreso alguno.
Derechos de migrantes y solicitantes de asilo
Más de 1,4 millones de extranjeros viven en Chile, un 8 % de la población del país. Son principalmente venezolanos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
En febrero, durante un periodo inicial de 90 días, el gobierno de Boric encargó a las fuerzas armadas la vigilancia y detención de migrantes que cruzaran la frontera norte de forma irregular. A noviembre, la medida seguía en vigor, habiendo sido prorrogada tres veces. De enero a julio, agentes de seguridad detuvieron a 13.256 personas que cruzaban de forma irregular, un descenso significativo en comparación con las 23.012 del mismo periodo de 2022, según informó el Ministerio del Interior.
La regularización de la situación legal es uno de los desafíos más importantes para los migrantes y solicitantes de asilo en Chile, afectando su acceso a servicios públicos y a empleos formales. Sólo el 17 % de los venezolanos encuestados en 2023 por una plataforma formada por más de 200 organizaciones no gubernamentales y agencias de la ONU tenía un permiso de residencia permanente. A septiembre no existía ningún programa de regularización para quienes ingresaron al país de forma irregular.
Solicitar refugio es difícil y se conceden pocas solicitudes. Los funcionarios migratorios gozan, en la práctica, de una amplia discrecionalidad a la hora de decidir a quién entregan un formulario de solicitud. De enero de 2010 a agosto de 2023 Chile sólo concedió refugio a 797 de 28.900 solicitantes, menos del 3 %.
Entre junio y diciembre, las autoridades chilenas registraron biométricamente a extranjeros mayores de 18 años que hubiesen ingresado por pasos no habilitados antes del 30 de mayo, con el objetivo de “fortalecer la seguridad” y “tener la identidad de quienes viven en Chile”, diciendo explícitamente que este proceso “no constituye, en ningún caso, un proceso de regularización”. Expertos en migración han expresado su preocupación por la posibilidad de que los datos se utilicen para facilitar expulsiones.
Derechos de mujeres y niñas
La prohibición absoluta del aborto, que regía desde hacía 28 años en Chile, concluyó en 2017 cuando el Tribunal Constitucional ratificó una ley que despenaliza el aborto si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la persona embarazada está en peligro o si el feto es inviable. Estadísticas oficiales muestran que se habían practicado 831 abortos legales en 2022 y 407 entre enero y septiembre de 2023.
La ley de aborto, tal como fue interpretada por el Tribunal Constitucional, incluye una excepción demasiado amplia para que proveedores de servicios de salud, tanto particulares como empresas e instituciones, puedan negarse a realizar abortos alegando objeción de conciencia. Más del 40 % de los obstetras del sistema de salud pública se registraron como objetores de conciencia a 2022 y se rehúsan a realizar abortos en casos de violación. Como objetores de conciencia en todos los casos, seis hospitales y clínicas del sistema privado se niegan a realizar abortos en cualquier circunstancia, y un séptimo sólo los realiza en caso de violación.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Chile ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece las obligaciones del Estado para proteger a las mujeres de la violencia y el acoso en el trabajo.
Abusos del pasado
En un ambiente de alta polarización, Chile conmemoró el 50 aniversario del golpe de Estado de 1973 contra el entonces presidente Salvador Allende. El presidente Boric, junto con todos los expresidentes vivos, firmó un compromiso para promover y defender los derechos humanos “sin anteponer ideología alguna”. En el Senado, los partidos políticos se adhirieron a una declaración reivindicando la democracia y los derechos humanos, a la vez que reconocieron la imposibilidad de tener una “visión común de la historia”.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), al menos 3.200 personas fueron asesinadas o desaparecidas, según el recuento oficial. En agosto, el gobierno lanzó un plan nacional de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, con el objetivo de garantizar la participación y el acceso a la información de los familiares e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.
Derechos de las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad pueden ser privadas de su capacidad legal en virtud de la legislación civil chilena. Las personas con discapacidad sufren discriminación en el trabajo, la educación, la vivienda y la atención de salud. Además, no pueden acceder a todos los edificios públicos ni a los medios de transporte en igualdad de condiciones que los demás, sobre todo fuera de Santiago.
Derechos de los pueblos indígenas
En junio, el presidente Boric creó una comisión de expertos para trabajar en soluciones sobre el derecho a la tierra y reparaciones para las comunidades mapuche, que se espera emita conclusiones para la segunda mitad del 2024.
A octubre, continuaba el estado de emergencia que el presidente Boric declaró en mayo de 2022 en cuatro provincias del sur con una importante población mapuche, habiendo obtenido diversas aprobaciones legislativas de prórroga. El estado de emergencia se basa en un aumento de la violencia y de los cortes de ruta. La violencia rural en esa zona disminuyó un 11 % entre enero y agosto, en comparación con el mismo periodo de 2022, mientras que el número de arrestos se cuadriplicó, según informó el gobierno.
Condiciones en centros de detención y prisión preventiva
La población carcelaria aumentó más de un 18 % en un año, superando las 51.000 personas en septiembre de 2023, aproximadamente un 25 % más de la capacidad que tienen las cárceles. En mayo, el ministro de justicia advirtió que la “congestión” representaba un desafío para las capacidades de infraestructura y del personal penitenciario.
Más de un centenar de niños y niñas menores de 2 años vivían con sus madres en las cárceles, según los últimos datos oficiales, de 2019. Un proyecto de ley que suspendería las penas de prisión para las mujeres embarazadas y madres de niños y niñas hasta la edad de 3 años estaba estancado en el Congreso.
Al mes de septiembre, el 37 % de los detenidos se encontraba a la espera de juicio. El código penal chileno permite un uso amplio de la prisión preventiva y no establece un plazo máximo.
Orientación sexual e identidad de género
En marzo de 2022 entró en vigencia una ley que reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo al matrimonio civil, a la adopción conjunta y a acceder a técnicas de reproducción asistida, entre otros derechos. La Fundación Iguales, una organización no gubernamental chilena, advirtió sobre problemas de implementación como errores en la inscripción de hijos de parejas del mismo sexo, demora excesiva en la entrega de certificados de nacimiento y de matrimonio, y la emisión de formularios desactualizados en registros civiles, hospitales, clínicas y escuelas, como certificados de nacimiento, comprobantes de atención de parto y formularios de inscripción en escuelas que solo hacen referencia a “madre” o “padre”.
Actores internacionales clave y política exterior
El presidente Boric ha criticado de forma coherente las violaciones de derechos humanos en otros países—entre ellos, El Salvador, Venezuela, Nicaragua y Cuba—independientemente de la ideología política del gobierno responsable de los abusos. En septiembre, denunció la represión del “régimen dictatorial del señor [Daniel] Ortega y [Rosario] Murillo en Nicaragua, en donde no solo se prohíbe [a los críticos] su participación en elecciones, sino que se les persigue, se les priva de nacionalidad, se les allanan sus casas y se les priva de derechos políticos”.
Durante el proceso electoral en Guatemala, Chile expresó su preocupación por los intentos de actores políticos y de distintas instituciones de interferir en las elecciones y llamó a respetar la voluntad popular.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Chile apoyó en 2023 mecanismos de vigilancia de violaciones de derechos humanos en varios países. Votó a favor de resoluciones para extender los mandatos del grupo de expertos de la ONU que investiga violaciones sistemáticas de derechos en Nicaragua, de un grupo similar sobre Siria y de los relatores especiales sobre la situación de derechos humanos en Rusia, Irán y Bielorrusia.
En enero, Chile y Colombia solicitaron una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos respecto a la emergencia climática, incluyendo su impacto diferente en determinadas regiones y poblaciones.