En un contexto de frágiles instituciones democráticas, Ecuador ha experimentado un fuerte aumento de la violencia y de la presencia del crimen organizado, que han llevado la tasa de homicidios a niveles sin precedentes.
Problemas estructurales de larga data que no han sido resueltos, incluyendo el limitado acceso a derechos económicos y sociales, han causado protestas y han llevado a un creciente número de migrantes y solicitantes de asilo a emigrar hacia el norte.
Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el 15 de octubre, los ecuatorianos eligieron al empresario y exasambleísta Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, como próximo presidente. Las elecciones estuvieron marcadas por la violencia, incluyendo el asesinato del periodista y exasambleísta Fernando Villavicencio, quien aspiraba a la presidencia.
El 20 de agosto, los ecuatorianos votaron en una consulta popular para detener las actuales y futuras explotaciones de petróleo en el corazón del Parque Nacional Yasuní, en la selva amazónica.
Los señalamientos de corrupción, la falta de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, las restricciones al acceso al aborto y la limitada protección de niños, niñas y adolescentes, y de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) siguen siendo motivos de profunda preocupación.
Violencia y delincuencia
La tasa de homicidios de Ecuador pasó de 13,7 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 25,9 en 2022. En 2023 incrementó hasta aproximadamente los 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a Ecuador entre los tres países latinoamericanos más violentos, junto con Venezuela y Honduras.
Dos grandes bandas criminales—Los Choneros y Los Lobos—operan en alianza con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses que disputan el mercado de drogas de Ecuador. En su lucha por el control territorial, las bandas criminales han intensificado los actos de violencia extrema, incluyendo decapitaciones y desmembramientos, atentados con coches bomba y ataques y asesinatos de jueces, fiscales, periodistas y candidatos a cargos públicos.
La extorsión por parte de bandas criminales continúa en aumento. Entre enero y junio de 2023, la Policía Nacional recibió más de 4.600 denuncias de extorsión, una cifra que duplica el número de extorsiones denunciadas durante el mismo periodo de 2022.
El 23 de julio, hombres armados asesinaron a Agustín Intriago, alcalde de Manta, una ciudad ubicada en el occidente del país.
El 9 de agosto, un sujeto armado disparó y mató al candidato presidencial Fernando Villavicencio, del partido Construye, cuando salía de un acto de campaña electoral en Quito. Villavicencio había expuesto durante años actos de corrupción y abusos por parte del crimen organizado.
La violencia de las bandas criminales en las calles está relacionada con la violencia dentro de las cárceles, donde el hacinamiento y la falta de control estatal han permitido a los miembros de las bandas criminales llevar a cabo 14 masacres que han cobrado la vida de más de 600 personas desde 2019, según la organización no gubernamental Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). El hacinamiento tiene su origen en políticas punitivas contra las drogas, las demoras en la concesión de beneficios penitenciarios y el uso excesivo de la prisión preventiva. Los guías penitenciarios no están debidamente preparados y son insuficientes para contener la violencia.
En respuesta al aumento de la violencia, el entonces presidente Guillermo Lasso declaró una serie de estados de excepción localizados y algunos a escala nacional, suspendiendo ciertos derechos constitucionales. El gobierno movilizó a las fuerzas armadas, llevó a cabo redadas en las cárceles y autorizó el uso de armas a civiles.
Instituciones democráticas y Estado de derecho
Las instituciones democráticas siguen siendo frágiles debido, entre otros motivos, a señalamientos de corrupción, injerencia en el nombramiento de autoridades y destituciones con motivaciones políticas. Continuaron los señalamientos de demoras injustificadas en los procesos judiciales, ausencia de garantías del debido proceso y presiones indebidas a la justicia.
En mayo, el entonces presidente Lasso, quien se enfrentaba a un juicio político por acusaciones de corrupción, invocó un artículo de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones para presidente, vicepresidente y legisladores. La Constitución permite a los presidentes gobernar por decreto hasta que tome posesión un nuevo presidente, pero sólo en cuestiones de “urgencia económica”. La Corte Constitucional anuló varios decretos aprobados por el entonces presidente Lasso durante este periodo.
En septiembre, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un poder independiente del Estado, anunció una veeduría ciudadana sobre el nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional en 2019. La Corte, cuyos miembros fueron elegidos mediante un proceso independiente y transparente, emitió múltiples sentencias en defensa de los derechos humanos. La apertura de la veeduría parecía tener motivaciones políticas y, según abogados ecuatorianos, el Consejo no contaba con el mandato legal para llevar a cabo dicha investigación. El 6 de octubre, la Corte Constitucional destituyó al presidente del Consejo.
Protección del medioambiente y derechos de los pueblos indígenas
Tras décadas de movilización liderada por una coalición de pueblos indígenas, jóvenes y activistas, los ecuatorianos votaron, en una consulta popular celebrada el 20 de agosto, a favor de detener las actuales y futuras explotaciones petrolíferas en la zona de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) del Parque Nacional Yasuní, una reserva mundial de biosfera de las Naciones Unidas. La prohibición ayudaría a proteger la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas Taromenane, Tagaeri y Dugakaeri, que viven en aislamiento voluntario. Sin embargo, el presidente Lasso y su Ministerio de Energía y Minas pusieron en duda el cumplimiento de la decisión popular.
Los ecuatorianos también votaron para prohibir toda explotación minera en la reserva del Chocó Andino, cerca de Quito, la capital del país.
El líder indígena Eduardo Mendúa fue asesinado a tiros el 26 de febrero frente a su casa en la Amazonía ecuatoriana. Al momento de la redacción de este informe, un sospechoso había sido llevado a juicio, mientras que otros dos seguían prófugos. Mendúa se oponía a la extracción de petróleo en una comunidad indígena de la provincia de Sucumbíos.
Migrantes, solicitantes de asilo y refugiados
Una cifra récord de 48.000 ecuatorianos cruzó el Tapón del Darién, una peligrosa selva entre Colombia y Panamá, entre enero y septiembre de 2023. En comparación, aproximadamente 29.000 ecuatorianos cruzaron en todo 2022. El desempleo, los bajos ingresos, la inseguridad generalizada, las amenazas y la violencia de las bandas criminales son algunos de los factores principales que empujan a las personas a salir del país.
Para finales de septiembre de 2023, más de 201.000 extranjeros, incluyendo más de 193.000 venezolanos, se habían inscrito en el proceso de regularización para los venezolanos que han entrado de forma irregular y para otros migrantes que han sobrepasado la duración de sus visados. El proceso de regularización comenzó en 2022, durante el gobierno del entonces presidente Lasso. A septiembre, las autoridades ecuatorianas habían expedido más de 78.000 visados de residencia temporal de excepción (VIRTE), incluyendo más de 77.000 para ciudadanos venezolanos. Para ese mes, unos 477.000 migrantes y refugiados venezolanos vivían en Ecuador.
Ecuador ha reconocido a más de 55.800 refugiados entre 2007 y 2023, la mayoría de ellos colombianos.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes
La violencia sexual sigue siendo un problema en las escuelas públicas y privadas. En casi el 26 % de los más de 20.000 reportes de violencia sexual que el Ministerio de Educación recibió entre enero de 2014 y julio de 2023, los presuntos autores se encontraban dentro del sistema educativo nacional.
En junio de 2023, la Defensoría del Pueblo de Ecuador abrió una investigación defensorial, en colaboración con COCASEN, una coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de la infancia, sobre violencia sexual institucional contra niñas, niños y adolescentes.
En respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán Albarracín, en agosto, el Ministerio de Educación lanzó la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad, un paso hacia la prevención de la violencia sexual en las escuelas.
Organizaciones de derechos humanos ecuatorianas y expertos de las Naciones Unidos advirtieron que, a falta de empleo y educación, un número creciente de niñas, niños y adolescentes están siendo reclutados por bandas criminales, sometidos a explotación sexual y coaccionados a participar en actos violentos.
Derechos de mujeres y niñas
El aborto está penalizado en Ecuador, excepto cuando el embarazo pone en peligro la salud o la vida de una persona embarazada o es consecuencia de una violación.
En una ley de 2022, la Asamblea incluyó medidas que restringen el acceso al aborto, incluyendo un amplio margen para la objeción de conciencia para personas e instituciones, el requisito previo de denunciar las violaciones a las autoridades y el consentimiento de padres o tutores en el caso de niñas. En 2023, la Corte Constitucional suspendió temporalmente estas medidas. En el momento de la redacción de este informe estaba pendiente una decisión definitiva de la Corte.
La estigmatización, los malos tratos, el temor a la posibilidad de enfrentar un proceso penal y la interpretación restrictiva de la excepción de salud siguen representando obstáculos al acceso al aborto.
La Fiscalía General del Estado reportó 77 femicidios—asesinatos que se consideran perpetrados por motivos de género—entre enero y septiembre, una cifra superior al mismo periodo de 2022. Las organizaciones de la sociedad civil reportaron 238 muertes violentas de mujeres por razones de género hasta el mes de septiembre.
Derechos de las personas con discapacidad
La discriminación institucional y social continúa restringiendo el acceso de las personas con discapacidad a trabajo, educación y atención sanitaria.
En 2022, Ecuador adoptó procedimientos específicos para responder a emergencias relacionadas con las personas con discapacidad.
Orientación sexual e identidad de género
La Asamblea Nacional aún no ha cumplido las sentencias de la Corte Constitucional de revisar las disposiciones sobre matrimonio civil para incluir a las parejas del mismo sexo; permitir la autodeterminación en los procedimientos de reconocimiento de género; regular los métodos de reproducción asistida; y permitir a las parejas del mismo sexo registrar a sus hijos con sus apellidos.
La Constitución discrimina a las parejas del mismo sexo al excluirlas del acceso a la adopción.
Libertad de expresión
El aumento de la violencia y la inestabilidad política han obstaculizado el trabajo de periodistas y medios de comunicación.
Los ataques contra trabajadores de medios de comunicación aumentaron, según informó la organización de defensa de la libertad de expresión Fundamedios. Las amenazas de muerte y el envío de artefactos explosivos a varios periodistas y medios de comunicación obligaron a cinco periodistas a huir de Ecuador entre enero y septiembre de 2023.
Actores internacionales clave
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó Ecuador en enero e identificó retos como la desigualdad socioeconómica, las malas condiciones de las prisiones y los problemas de seguridad relacionados con la delincuencia transnacional. Posteriormente, expresó su preocupación por el aumento de la violencia y por el asesinato de Fernando Villavicencio. Varios expertos de la ONU hicieron eco de sus preocupaciones, resaltaron los ataques a funcionarios de justicia y vincularon la pobreza con el aumento de la violencia y la inseguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los “graves hechos de violencia” durante la campaña electoral y otorgó medidas cautelares para proteger a Christian Zurita, quien se convirtió en el candidato presidencial de Construye tras el asesinato de Villavicencio, y a su equipo.
El 8 de agosto, durante el primer día de la Cumbre Amazónica, Ecuador, junto con otros siete países, firmó la Declaración de Belém para establecer una agenda colectiva para proteger la Amazonía.
Ecuador se convirtió en miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en enero de 2023 y asumió su presidencia en diciembre. El proyecto de resolución de Ecuador para reforzar el mandato de la Oficina Integrada de la ONU en Haití fue aprobado por unanimidad. Ecuador ha hecho uso de su puesto en el Consejo de Seguridad para pronunciarse enérgicamente sobre cuestiones como los abusos por parte de Rusia en Ucrania y la importancia de la ayuda humanitaria transfronteriza para el noroeste de Siria. Ecuador también ha ayudado a liderar la labor del Consejo de Seguridad sobre la situación humanitaria en Ucrania.