(Beirut) – Un tribunal saudí ha condenado a muerte a un hombre basándose exclusivamente en su actividad en Twitter y YouTube, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades saudíes deben anular la condena, que representa una escalada de la represión por parte del gobierno saudí contra la libertad de expresión y la disidencia política pacífica en el país.
El 10 de julio de 2023, el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudita, que entiende en asuntos vinculados con terrorismo, condenó al profesor saudí retirado Muhammad al-Ghamdi, de 54 años de edad, por varios delitos penales relacionados únicamente con su expresión pacífica en internet. El tribunal le impuso la pena de muerte basándose en sus tuits, retuits y su actividad en YouTube como prueba en su contra.
“La represión en Arabia Saudita ha escalado a un nuevo nivel estremecedor si un tribunal puede aplicar la pena de muerte por nada más que tuits pacíficos”, expresó Joey Shea, investigadora sobre Arabia Saudita de Human Rights Watch. “Las autoridades saudíes han intensificado a niveles sobrecogedores su campaña contra todo tipo de disenso y deben repudiar esta parodia de justicia”.
Las fuerzas de seguridad saudíes detuvieron a Al-Ghamdi mientras estaba en compañía de su esposa e hijos el 11 de junio de 2022, frente a su vivienda en el vecindario de Al-Nouriyyah en La Meca, según señalaron a Human Rights Watch personas con conocimiento del caso. Lo trasladaron a la prisión de Al-Dhahban, en el norte de Yidda, donde permaneció en régimen de aislamiento por cuatro meses. Su familia no pudo contactarlo durante este período y Al-Ghamdi no tuvo acceso a un abogado. Posteriormente, las autoridades trasladaron a Al-Ghamdi a la prisión de Al-Ha’ir en Riad.
Quienes lo interrogaron le preguntaban por sus tuits y opiniones políticas e indagaban cuál era su opinión sobre personas encarceladas por ejercer el derecho de libertad de expresión. Al-Ghamdi estuvo casi un año sin abogado y, cuando finalmente obtuvo representación legal, solo pudo hablar con su abogado inmediatamente antes de las audiencias judiciales.
El hermano de Al-Ghamdi, Saeed bin Nasser al-Ghamdi, es un conocido académico islámico saudí que expresa una postura crítica hacia el gobierno y vive en el exilio en el Reino Unido. En un tuit del 24 de agosto, Saeed indicó que “la falsa sentencia pretende fastidiarme personalmente tras los intentos fallidos de investigaciones que buscaban que fuera enviado de regreso al país”. En los últimos años, las autoridades saudíes han intensificado las represalias contra familiares de críticos y disidentes en el extranjero en un intento de forzarlos a regresar al país, explicó Human Rights Watch.
Los documentos judiciales que pudo consultar Human Rights Watch indican que el Tribunal Penal Especializado condenó a muerte a Al-Ghamdi el 10 de julio, invocando el artículo 30 de la ley antiterrorista de Arabia Saudita, por “referirse al Rey o al Príncipe Heredero de un modo que atenta contra la religión o la justicia”, el artículo 34 por “apoyar una ideología terrorista”, el artículo 43 por “comunicarse con una entidad terrorista” y el artículo 44 por publicar noticias falsas “con la finalidad de perpetrar un delito de terrorismo”. La sentencia en primera instancia contra Al-Ghamdi sostiene que utilizó sus cuentas en la plataforma X, conocida formalmente como Twitter, y en YouTube para consumar sus “delitos”.
El fiscal pidió que se impongan las penas máximas para todos los cargos contra Al-Ghamdi. Los documentos indican que el tribunal dictó sentencia alegando que los delitos “apuntaban al estatus del Rey y el Príncipe Heredero”, y que la “magnitud de sus actos se ve amplificada por el hecho de que ocurrieron a través de una plataforma mediática global, lo que exige que se imponga un castigo severo”.
En los documentos se citan dos cuentas de la plataforma X como pertenecientes a Al-Ghamdi. Human Rights Watch verificó que la primera cuenta tenía dos seguidores y la segunda ocho. Ambas cuentas, que suman menos de 1.000 tuits en conjunto, contenían mayormente retuits de críticos consabidos del gobierno saudí.
En la acusación formal se citan como evidencia varios tuits con críticas a la familia real saudí, y al menos uno en el que se reclama la liberación de Salman Al-Awda, un clérigo prominente que enfrenta una posible pena de muerte por varios cargos imprecisos relacionados con sus declaraciones, relaciones y posturas políticas, y de otros conocidos académicos islámicos que están encarcelados.
Al-Ghamdi no se considera a sí mismo un activista político ni de derechos humanos, según dijeron personas con conocimiento de la causa. Afirma ser un ciudadano particular que simplemente expresó algunas inquietudes con respecto al gobierno saudí en la plataforma X, según indicaron.
Al-Ghamdi sufre diversos problemas de salud mental graves, indicaron las fuentes, y las autoridades saudíes se negaron a proporcionarle algunos de los medicamentos recetados que toma y que son necesarios para tratar y controlar sus condiciones. La salud mental y física de Al-Ghamdi se ha deteriorado considerablemente desde la detención, dijeron esas fuentes.
La pena de muerte contra Al-Ghamdi es el caso más reciente y más grave de varias instancias en que las autoridades saudíes han actuado contra usuarios de redes sociales por expresarse pacíficamente en línea. Durante el último año, los tribunales saudíes condenaron e impusieron penas de décadas a cárcel a usuarios de redes sociales que vertieron críticas contra el gobierno.
En agosto de 2022, un tribunal de apelaciones saudí incrementó exponencialmente, de 6 a 34 años, la pena de prisión impuesta a la estudiante de doctorado saudí Salma al Shehab, basándose únicamente en su actividad en la plataforma X. La condena se redujo posteriormente en instancia de apelación a 27 años. Ese mismo día, un tribunal condenó a otra mujer, Nourah bin Saeed al-Qahtani, a 45 años de prisión por “usar Internet para desarmar el tejido social [del país]”.
El 12 de marzo de 2022, las autoridades saudíes ejecutaron a 81 hombres en lo que constituyó la mayor ejecución masiva realizada por el país en años, pese a las promesas expresadas por las autoridades de que reducirían el uso de la pena de muerte. Activistas saudíes dijeron a Human Rights Watch que 41 de los hombres pertenecían a la minoría musulmana chiita del país, que por mucho tiempo ha sido objeto de discriminación sistémica por parte del gobierno. Human Rights Watch ha documentado abusos generalizados y sistemáticos en el sistema de justicia penal de Arabia Saudita que hacen que sea prácticamente imposible que las personas acusadas, incluido Al-Ghamdi, obtengan un juicio justo.
Human Rights Watch ha criticado repetidamente los abusos extendidos en el sistema de justicia penal de Arabia Saudita, que incluyen largos períodos de detención sin que se presenten cargos y sin enjuiciamiento, la denegación de asistencia legal y la aceptación por los tribunales de confesiones obtenidas mediante tortura como único fundamento para imponer una condena. Las violaciones de los derechos de los acusados son tan fundamentales y sistémicas que resulta difícil conciliar el sistema de justicia penal de Arabia Saudita con un sistema que se sustente en los principios básicos del Estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
Las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Carta Árabe de Derechos Humanos, que fue ratificada por Arabia Saudita, obligan a los países que aplican la pena de muerte a emplearla únicamente para los “delitos más graves” y en circunstancias excepcionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración, en noviembre de 2022, sobre el número alarmante de ejecuciones en Arabia Saudita después de que terminara una moratoria extraoficial de 21 meses al uso de la pena de muerte para delitos vinculados con drogas.
Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todos los países y en todas las circunstancias. La pena capital es única por su crueldad y su carácter irreversible, y está marcada de manera ineludible y universal por la arbitrariedad, el prejuicio y el error.
“Las autoridades saudíes ahora responden a las críticas en línea no solo con simulacros injustos de procesos judiciales, sino además con la amenaza de la pena capital”, apuntó Shea. “Es difícil creer que las promesas de los líderes saudíes de convertirse en una sociedad más respetuosa con los derechos puedan ser genuinas si tan solo un tuit de contenido crítico puede dar lugar a que se imponga la pena de muerte”.
