(Washington, DC) – El gobierno del presidente Barack Obama debería poner fin a la revisión de la política en esta materia, que se inició hace cinco años, y anunciar la decisión de sumarse al tratado sobre prohibición de minas terrestres, indicó hoy Human Rights Watch.
En marzo de 2014, Human Rights Watch instó al presidente Obama a anunciar los resultados de la revisión de la política en ocasión de la Tercera Conferencia de Examen del Tratado sobre la Prohibición de Minas de 1997, que comenzará el 23 de junio en Maputo, Mozambique.
“Sería bochornoso para EE. UU. tener que explicar a los altos funcionarios que asistan a la cumbre por qué ha demorado cinco años en revisar sus políticas sobre minas terrestres sin llegar a una decisión”, indicó Steve Goose, director de la división de armas de Human Rights Watch y presidente de la Campaña Estadounidense para la Prohibición de las Minas, una coalición integrada por más de 400 organizaciones no gubernamentales. “Es tiempo de que EE. UU. acepte el Tratado sobre la Prohibición de Minas como el marco más idóneo para alcanzar la meta de un mundo sin minas terrestres”
Estados Unidos no forma parte de los 161 países que han suscripto el tratado, el cual prohíbe de manera contundente el empleo de minas antipersonales y exige la remoción de estas armas y que se brinde asistencia a las víctimas. En 1997, el gobierno de Clinton expresó el objetivo de sumarse al tratado en 2006, pero la administración Bush revirtió este plan en 2004.
Durante la Segunda Conferencia de Examen del Tratado sobre la Prohibición de Minas llevada a cabo en Cartagena, Colombia, en diciembre de 2009, un funcionario estadounidense anunció que EE. UU. había dado inicio a una revisión exhaustiva de la política sobre minas terrestres “a instancias del presidente Obama”. Desde entonces, diversos funcionarios estadounidenses han participado en encuentros relativos al Tratado sobre la Prohibición de Minas en carácter de observadores. En 2012, EE. UU. anunció durante el encuentro anual relativo al tratado que su revisión de la política sobre minas terrestres concluiría “pronto”, e informó asimismo en la reunión anual de 2013 que la revisión “avanzaba hacia una conclusión”.
“Al igual que el resto de los aliados de la OTAN, que se han sumado en su totalidad al Tratado sobre la Prohibición de Minas, EE. UU. no tiene necesidad de contar con minas antipersonales”, aseveró Goose. “EE. UU. no ha utilizado minas en más de dos décadas, y esto es una prueba efectiva de que existen otras armas, tácticas y medios para llevar a cabo misiones necesarias”.
EE. UU. deberían concluir la revisión de su política pronunciándose a favor de sumarse al Tratado sobre la Prohibición de Minas tan pronto como sea posible, prohibir el uso de minas antipersonales inmediatamente y comenzar la destrucción de todas las reservas de minas antipersonales, expresó Human Rights Watch.
EE. UU. y casi la totalidad de los 34 estados no signatarios ya están cumpliendo con las principales disposiciones del Tratado sobre la Prohibición de Minas. La información existente indica que la última vez que Estados Unidos utilizó minas antipersonales fue hace más de 20 años, durante la Guerra del Golfo de 1991. Estados Unidos mantiene vigente una disposición que prohíbe exportar minas antipersonales desde 1992. No se tiene constancia de que el país haya producido minas antipersonales con posterioridad a 1997. Estados Unidos es el país del mundo que más fondos ha contribuido a la limpieza de minas y los programas de asistencia a víctimas a nivel global.
Desde que comenzó la revisión de la política, el gobierno estadounidense ha recibido cartas o declaraciones a favor del Tratado sobre la Prohibición de Minas de 68 senadores, 16 ganadores del Premio Nobel, aliados clave de la OTAN, altos militares retirados, decenas de líderes de organizaciones no gubernamentales, víctimas de minas terrestres estadounidenses y más de 200.000 ciudadanos consternados.
Human Rights Watch es uno de los miembros fundadores de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, que en 1997 fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz, junto con su coordinadora Jody Williams, por sus esfuerzos en pos de la adopción del Tratado sobre la Prohibición de Minas y por su contribución a una nueva diplomacia internacional basada en preceptos humanitarios.
