Hace diez años, el 15 de junio de 2012, el ex presidente estadounidense Barack Obama emitió una orden ejecutiva que establecía la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa para dar a los jóvenes inmigrantes como yo autorización temporal de trabajo y para protegernos de la deportación.
Yo tenía 10 años cuando mi familia emigró a Estados Unidos desde los Emiratos Árabes Unidos, en busca de atención médica para mi hermana mayor, que nació con una afección cerebral potencialmente mortal. Mientras mi hermana recibía atención médica, mi familia perdió su estatus migratorio. Mis padres tomaron la valiente decisión de incumplir los plazos de sus visados para luchar por la vida de mi hermana. Como resultado, hoy ella sigue viva.
Las protecciones del programa DACA hicieron posible que me hiciera enfermera, que fuera voluntaria con el Cuerpo de Reserva Médica de la ciudad de Nueva York en primera línea de la pandemia de Covid-19, que me convirtiera en abogada y que trabajara como becaria Aryeh Neier en Human Rights Watch.
Aunque DACA ha sido un salvavidas para mí y para cientos de miles de otros jóvenes trabajadores, ha sido un reto planificar mi vida en plazos de dos años. DACA requiere que solicite autorización de trabajo y protección contra la deportación cada dos años. A principios de este año, estuve en riesgo de perder mi beca porque mi estatus estaba a punto de expirar. La terminación del programa por parte del ex presidente Donald Trump y el posterior litigio han amenazado con quitarme esta protección, poniendo en peligro mi futuro. Desde julio de 2021, las nuevas solicitudes de inmigrantes elegibles para DACA vulnerables a la deportación también siguen en un limbo.
El DACA siempre estuvo destinado a ser una “medida provisional”, según el presidente Obama, que dijo: “...Esto no es una amnistía, esto no es inmunidad, esto no es un camino a la ciudadanía, esto no es una solución permanente”. Sin embargo, a pesar del apoyo generalizado para mejorar las protecciones, el Congreso no ha tomado medidas en la última década, dejando en el limbo a 800.000 de nosotros con protecciones DACA y a decenas de miles más vulnerables a la deportación. Después de que un juez de Texas dictaminara que el programa DACA era ilegal el pasado mes de julio, el gobierno federal dejó de procesar las nuevas solicitudes de los inmigrantes que cumplían los requisitos de DACA y de aquellos para los que el programa había expirado hace más de un año.
Esto no debe continuar.
Yo y muchos otros nos reunimos hoy en concentraciones en todo el país para pedir al Congreso que apruebe una legislación que transforme el sistema de inmigración anticuado e inhumano del país y proporcione a los inmigrantes profundamente arraigados en el país una vía hacia la ciudadanía. Nuestras vidas, y mi futuro, dependen de ello.
