(Bogotá) – La reanudación de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela provee una esperanza de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro, señaló hoy Human Rights Watch.
El 27 de junio de 2023, los jueces de la CPI anunciaron que la investigación de la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país puede seguir adelante. La decisión se produce tras la petición del fiscal de la CPI de continuar la investigación después de que, en abril de 2022, el gobierno solicitara al tribunal remitirse a las investigaciones del propio Estado venezolano. Esta petición puso automáticamente en suspenso la investigación de la CPI, abierta por primera vez en noviembre de 2021.
“Con esta decisión, los jueces de la CPI dieron luz verde al principal, sino único, camino creíble para lograr justicia para las víctimas de los abusos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Esta decisión confirma que Venezuela no está investigando el rol de autoridades de alto rango en violaciones sistemáticas de derechos humanos”.
La investigación de la CPI se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al menos desde 2017, incluyendo privación de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como persecución por motivos políticos.
Los jueces de la CPI concluyeron que “[s]i bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procedimientos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”. En concreto, los jueces consideraron que los procedimientos nacionales se han centrado únicamente en los responsables directos y de bajo nivel y que las autoridades venezolanas no han investigado ni tienen intención de investigar las acusaciones fácticas sobre crímenes de lesa humanidad.
Para llegar a la decisión de autorizar la reanudación de la investigación, los jueces de la CPI examinaron los materiales presentados al tribunal por el gobierno venezolano y el fiscal de la CPI, así como las observaciones de las víctimas y sus familiares.
En noviembre de 2022, al solicitar la autorización de los jueces para reanudar la investigación de su oficina, el fiscal de la CPI declaró que los procedimientos llevados a cabo por las autoridades venezolanas “no están suficientemente fundamentados [...], no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía [y] no se han llevado a cabo de forma genuina”.
Human Rights Watch ha documentado que el sistema judicial de Venezuela no ha investigado de forma adecuada abusos generalizados, a pesar de la existencia de pruebas convincentes. Desde que el entonces presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional cooptaron el Tribunal Supremo de Venezuela en 2004, el poder judicial dejó de funcionar como un poder independiente del Estado. Los jueces han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han respaldado sistemáticamente políticas y prácticas abusivas.
El fiscal de la CPI anunció la apertura de la investigación durante una visita a Caracas en noviembre de 2021, después de que seis países de la región remitieron la situación de Venezuela a la CPI en septiembre de 2018 y se llevó a cabo un examen preliminar de tres años por parte de la Fiscalía.
Ese mismo día, el fiscal firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Fiscalía y el presidente Maduro “para facilitar [...] la cooperación y la asistencia mutua”. El Memorándum señala que el gobierno de Maduro considera que las denuncias deben ser investigadas en Venezuela por las instituciones nacionales existentes. Al mismo tiempo, también hace hincapié en que “a pesar de las diferencias de puntos de vista sobre este tema, [la Fiscalía y el gobierno venezolano] siguen comprometidos en colaborar activamente entre sí y apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad”.
Recientemente, en junio de 2023, el fiscal firmó un Memorándum de Entendimiento con el gobierno de Maduro para establecer una oficina de la Fiscalía de la CPI en el país, como parte del enfoque del fiscal de aumentar la presencia de su oficina en los países en los que la CPI tiene investigaciones abiertas.
La CPI actúa como un tribunal de última instancia, por lo cual interviene sólo cuando los tribunales nacionales no investigan o enjuician de forma genuina los crímenes de competencia de la CPI. Este principio, conocido como “complementariedad”, establece que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primaria de garantizar justicia para los crímenes en los que tiene competencia la CPI.
Aun con la reanudación de la investigación, la CPI puede tener un rol significativo apoyando los esfuerzos nacionales de justicia, incluso si estos son paralelos a las propias investigaciones de la Corte. Esto debería ser una parte esencial de la contribución que el tribunal pretende hacer al Estado de derecho, señaló Human Rights Watch.
Queda por ver qué pasos positivos, si es que hay alguno, dará el Estado venezolano para garantizar justicia a nivel nacional.
Las recientes reformas adoptadas por las autoridades venezolanas no reflejan un esfuerzo genuino por revertir el grave daño a la independencia judicial en el país ni por investigar violaciones de derechos humanos. En 2022, la Asamblea Nacional, controlada por aliados de Nicolás Maduro, nombró nuevos magistrados del Tribunal Supremo. El proceso de selección no fue independiente y se volvió a nombrar a magistrados que no habían actuado como freno al poder ejecutivo. De conformidad con la legislación venezolana, el Tribunal Supremo juega un papel fundamental en el nombramiento y la remoción de jueces de tribunales inferiores.
Al avanzar en su propia investigación, el fiscal de la CPI debe estar alerta frente a los esfuerzos de las autoridades venezolanas por retrasar y socavar el trabajo de su oficina, paralizando sus propios procedimientos u obstruyendo la investigación, señaló Human Rights Watch.
La CPI carece de fuerza policial, por lo que debe confiar en que sus Estados miembros cooperen con el tribunal en las investigaciones, detenciones y enjuiciamientos. La cooperación con la Fiscalía será fundamental para el éxito de la investigación de la CPI, señaló Human Rights Watch.
“Las autoridades venezolanas tienen la obligación legal de cooperar con la CPI”, dijo Goebertus. “Otros países miembros de la CPI, en particular en América Latina, deben hacer todo lo posible a través de la diplomacia para garantizar que el gobierno de Maduro cumpla con esta obligación”.
