Leer la versión en inglés del Daily Brief de Andrew Stroehlein.
Las autoridades de Hong Kong emitieron órdenes de arresto infundadas y han ofrecido recompensas de hasta HK$1 millón (US$128,000) por ocho activistas en favor de la democracia y exlegisladores exiliados.
Esto demuestra claramente cómo China está llevando a cabo una campaña de intimidación política más allá de sus fronteras.
Los cargos presentados son tan absurdos que resultaría ridículo mencionarlos, si no fuera porque ilustran claramente la mentalidad autoritaria y estrecha de Beijing.
Las fuerzas de seguridad nacional de Hong Kong alegan de manera absurda que estas ocho personas "cometieron graves delitos que ponen en peligro la seguridad nacional". Los cargos incluyen acusaciones como "confabulación con fuerzas extranjeras", "incitación a la secesión", "subversión" e "incitación a la insubordinación". Además, -la acusación que personalmente es mi favorita- es que afirman que intimidaron a funcionarios de Hong Kong, pero resulta risible considerando que estos individuos son activistas democráticos y exlegisladores que enfrentan persecución gubernamental. La idea de que ellos "intimiden" a las autoridades, quienes ostentan todo el poder, es simplemente absurda.
Sin embargo, esta paranoia también revela mucho. Tanto Hong Kong como Beijing los consideran amenazas debido a que ven cualquier mención de democracia y derechos humanos como una amenaza a su propio poder. De hecho, están tan inseguros que no se atreven a reconocer que las personas tienen derecho a tener opiniones contrarias y a expresarlas libremente.
Este absolutismo autoritario ha devastado a Hong Kong en los últimos tres años. Han llevado a cabo procesos injustos contra líderes partidarios de la democracia, han desmantelado organizaciones de la sociedad civil y sindicatos independientes, han cerrado el periódico prodemocracia más popular y han censurado películas, libros y canciones, además de imponer "educación patriótica".
Y ahora están intentando extender su poder dictatorial más allá de sus fronteras. Beijing ha estado acosando a críticos en el extranjero, socavando la libertad académica a nivel internacional y tratando de debilitar las instituciones globales de derechos humanos durante años.
Mientras se preparan para perseguir a estos ocho exiliados en el extranjero, las autoridades han mencionado que podrían solicitar la ayuda de Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal. No sería la primera vez que China intenta abusar del sistema de "avisos rojos" de Interpol con fines políticos.
Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, donde residen o han buscado refugio los ocho exiliados, han condenado justificadamente las órdenes de arresto infundadas y las recompensas. Esperemos que también protejan activamente a estas personas y a otros individuos que viven en sus territorios del alcance represivo de China.
Sin embargo, eso no es suficiente. Todos los gobiernos extranjeros deben enfrentar los intentos de Beijing de ampliar su autoritarismo. Deben decir "basta" y aplicar sanciones dirigidas contra los funcionarios gubernamentales implicados en abusos graves, incluyendo estos ocho casos.
Ningún gobierno debería aceptar el intento de China de exportar la persecución.
