Agradecemos a la Alta Comisionada Michelle Bachelet por su informe.
La evidencia demuestra que las autoridades venezolanas no han cumplido en lo más mínimo con las recomendaciones de la ONU:
- La tortura, tratos crueles, desapariciones forzadas y detenciones continúan.
- La oficina reportó altas cifras de ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad como FAES, a pesar de una recomendación expresa que las disolvieran.
- El informe habla de la ejecución de cinco personas en Apure. En abril, Human Rights Watch concluyó que estos hechos siguieron un patrón similar al de los abusos sistemáticos del régimen bajo investigación internacional.
- El informe concluye que se vulneran los derechos a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica. Esto se debe a la absoluta falta de independencia judicial, que permitió el uso de la justicia para perseguir a opositores y la impunidad de los abusos.
- Persisten las restricciones, estigmatización y criminalización de la sociedad civil y periodistas independientes.
Mientras el Consejo de Derechos Humanos se reúne hoy, tres defensores de derechos humanos de Fundaredes, una ONG que documenta abusos en zonas de frontera, se encuentran arbitrariamente detenidos. Fueron detenidos el 2 de julio, les impusieron defensa pública, los mantuvieron incomunicados por horas y les imputaron traición a la patria, terrorismo e instigación al odio.
Instamos a la alta comisionada y a los Estados miembros a que presionen a las autoridades venezolanas para que los liberen a ellos y a todos los presos políticos y a implementar todas las recomendaciones de la oficina, incluyendo garantizar elecciones libres y justas.
