(São Paulo, 10 de mayo de 2023) - Las fuerzas de seguridad del Perú hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza en Juliaca el 9 de enero de 2023, el día de represión más brutal de las protestas recientes, señaló Human Rights Watch en un informe multimedia publicado hoy. Dieciocho manifestantes y transeúntes murieron.
El informe multimedia, “Ellos, los policías, mataron a mi hermano”, reconstruye los hechos de ese día y refuta las versiones oficiales proporcionadas por autoridades peruanas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en declaraciones públicas.
Algunos manifestantes lanzaron piedras y dispararon fuegos artificiales caseros contra las fuerzas de seguridad y entraron en la pista del aeropuerto de Juliaca, acciones que deben ser investigadas y pueden estar sujetas a procesos penales. No obstante, hay pruebas fehacientes que muestran que la respuesta de las fuerzas de seguridad a estos actos violentos fue desproporcionada, en violación de la legislación peruana y de estándares internacionales de derechos humanos.
“El gobierno peruano insiste en contar una versión oficial de los hechos en Juliaca que las pruebas contradicen”, señaló César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de tratar de minimizar o desacreditar la creciente evidencia de abusos, la presidenta Dina Boluarte debería reconocer las graves violaciones de derechos humanos en Juliaca y en otros lugares del Perú, comprometerse a garantizar la rendición de cuentas y la reparación y la atención médica a las víctimas, y tomar medidas inmediatas para evitar que estos abusos se repitan”.
Human Rights Watch entrevistó a 26 testigos, abogados, fiscales y familiares de víctimas en Juliaca, y analizó más de 500 fotografías y 10 horas de grabaciones de video publicadas en las redes sociales, así como las autopsias, informes de balística y el expediente penal abierto por el Ministerio Público en relación con las muertes y lesiones en Juliaca. El informe multimedia aporta pruebas y detalles adicionales sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en Juliaca, complementando las conclusiones de un informe publicado por Human Rights Watch el 26 de abril de 2023.
Human Rights Watch confirmó que 15 de las 18 víctimas murieron por heridas causadas por balas. Las otras tres murieron por heridas causadas por perdigones disparados por escopetas del tipo utilizado por la policía.
Un total de 49 manifestantes y transeúntes murieron en el contexto de la respuesta de la policía y las fuerzas armadas a las manifestaciones que tuvieron lugar en el Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, según la Defensoría del Pueblo. La mayoría de los manifestantes eran trabajadores rurales e indígenas del sur del país, que exigían elecciones anticipadas tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, entre otras reivindicaciones. La frustración derivada de la desigualdad y la marginación también les motivaron a salir a las calles.
Más de 1.200 personas resultaron heridas en todo el país, entre ellas cientos de policías. El 9 de enero murió un agente de policía en circunstancias poco claras a más de tres kilómetros del lugar de las principales protestas en Juliaca. La fiscalía ha acusado a un exagente de policía y a otro hombre por el asesinato.
El 3 de mayo, la CIDH publicó un informe en el que concluye que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas y que algunas de las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
En cuanto a los hechos en Juliaca, agentes del Estado peruano dijeron a la CIDH que las fuerzas de seguridad permanecieron dentro del perímetro del aeropuerto “todo el tiempo” y que nadie murió dentro del aeropuerto “o alrededor del perímetro externo”. Los agentes también dijeron que la causa de las muertes no fue el uso excesivo de la fuerza porque las muertes ocurrieron “fuera de ese perímetro, incluso en lugares o calles alejadas del aeropuerto a donde no habrían hecho presentes integrantes de fuerzas de seguridad ese día”.
Sin embargo, las pruebas obtenidas por Human Rights Watch demuestran que esas afirmaciones son falsas. Nelson Huber Pilco, de 22 años, recibió un disparo a unos 12 metros dentro de la valla oriental del aeropuerto en torno a las 4 p.m. En un video se le ve en el suelo dentro del perímetro delimitado por la valla del aeropuerto mientras otro manifestante pide ayuda con la mano.
Un video y una fotografía que Human Rights Watch verificó muestran a policías armados con escopetas saliendo por el costado este del aeropuerto a alrededor de las 12:30 p.m. Diecisiete fotografías muestran a decenas de policías en una intersección al sur de las vallas del aeropuerto, cerca de donde varias personas sufrieron disparos y murieron. Entre ellas estaba Marco Antonio Samillán, de 30 años, un estudiante de medicina que fue alcanzado en torno a las 4:10 p.m. mientras prestaba primeros auxilios a un joven.
Un video muestra también a agentes de policía empuñando fusiles de asalto de tipo Kalashnikov y disparando escopetas en una zona situada a unos 1,8 kilómetros del aeropuerto pasadas las 8:00 p.m.
En sus declaraciones públicas sobre Juliaca, el gobierno ha intentado desviar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. El día de los hechos, el primer ministro, Alberto Otárola, dijo que las muertes eran “responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado” y el ministro de Defensa Jorge Chávez dijo que los manifestantes utilizaron armas de fuego. El 24 de enero, dos semanas después de los hechos, la presidenta Boluarte dijo que “no es la policía la que está disparando”, que las muertes ocurrieron en el aeropuerto donde estaba desplegada la policía y que la “mayoría” de esas muertes fue causada por impactos de armas artesanales. Sugirió que armas de fuego y las municiones entraron en Perú procedentes de Bolivia y fueron usadas para causar la muerte de los manifestantes.
El gobierno no ha aportado ninguna prueba que respalde estas afirmaciones.
Human Rights Watch no encontró ninguna imagen de manifestantes portando armas de fuego en Juliaca ni en ningún otro lugar del Perú. A principios de febrero, el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú dijo a Human Rights Watch que la policía no había incautado armas de fuego a manifestantes ni en Juliaca ni otros lugares del país.
Las autopsias y los informes de balística muestran que las balas y perdigones recuperados de los cuerpos de las víctimas en Juliaca corresponden a la munición usada por los fusiles de asalto, pistolas y escopetas que se vio que portaban los policías y militares ese día.
El gobierno debería invitar a una comisión independiente de expertos internacionales para que respalde las investigaciones en curso y elabore un informe sobre los factores estructurales que condujeron a la actual crisis política y social, y a las violaciones de derechos humanos, dijo Human Rights Watch. También debe adoptar medidas concretas para recuperar la confianza pública y allanar el camino para un diálogo con los manifestantes y las comunidades afectadas, y trabajar con el Congreso para llevar a cabo una reforma policial que es necesaria desde hace tiempo para dotar a la policía de mayor eficiencia y asegurar que respeta la ley. La fiscalía debe realizar investigaciones exhaustivas, independientes y sin demoras sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en Juliaca, determinando la responsabilidad de la cadena de mando y de las autoridades civiles, para garantizar que los responsables se sometan a la justicia.
“Los peruanos necesitan respuestas sobre lo ocurrido en Juliaca que vayan más allá de la responsabilidad penal”, dijo Muñoz. “El gobierno debería invitar a un grupo de expertos internacionales independientes que analicen las causas de la actual crisis y presenten recomendaciones para fortalecer el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en el Perú”.
