Valoramos las recomendaciones realizadas durante el Examen Periódico Universal del Perú, que incluyen numerosas recomendaciones para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad e investigar los abusos contra manifestantes.
Acogemos con satisfacción la aceptación por parte del Perú de estas recomendaciones; sin embargo, su aceptación contrasta con la declaración realizada durante la sesión de revisión de enero de 2023 por parte del director de la delegación del Perú, quien dijo que las fuerzas de seguridad respetaron al derecho internacional y peruano, y evitaron el uso desproporcionado de la fuerza.
Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medios de comunicación y otros han presentado pruebas sólidas y creíbles de lo contrario.
Coincidimos con el gobierno de Perú en que el intento del expresidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso, intervenir el poder judicial y gobernar por decreto en 2022 constituyó un fallido golpe de Estado. Esas acciones desencadenaron la actual crisis política. Miles de personas salieron a las calles, en su mayoría trabajadores rurales e indígenas que sufren marginación y un acceso desigual a los servicios gubernamentales. Los manifestantes pedían elecciones anticipadas, entre otras reivindicaciones.
Algunos manifestantes llevaron a cabo graves actos de violencia, que deben ser investigados, pero la respuesta de las fuerzas armadas y la policía fue indiscriminada, desproporcionada y brutal. Las fuerzas de seguridad dispararon fusiles de asalto y pistolas contra manifestantes desarmados y contra transeúntes. Cuarenta y nueve personas, entre ellas 8 niños, murieron, la gran mayoría por heridas de bala.
Más de 1.300 personas resultaron heridas durante las protestas, incluidos agentes de policía. Human Rights Watch también documentó violaciones de las garantías procesales y abusos contra detenidos.
El gobierno del Perú parece haber mirado hacia otro lado mientras se producían los abusos. Menospreció y estigmatizó a los manifestantes y no ha reconocido que las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de los derechos humanos. Human Rights Watch también documentó graves deficiencias en las investigaciones de los abusos, incluidos fallos en la recopilación de pruebas iniciales clave.
Es crucial que las investigaciones sean rápidas, exhaustivas e independientes, y que el gobierno tome medidas urgentes para garantizar que las fuerzas de seguridad cumplan la ley en el futuro. Para ello, instamos al gobierno a que invite a un grupo interdisciplinar de expertos internacionales para que apoyen las investigaciones criminales en curso y elaboren un informe sobre las causas de la crisis y las posteriores violaciones de los derechos humanos.
Human Rights Watch hizo esta declaración el 7 de julio de 2023, durante la 53rd sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
