(Washington, D.C.) - El Congreso del Perú debería rechazar el intento de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y defender la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. El ataque contra la JNJ forma parte de un patrón de acciones del Congreso para controlar las instituciones democráticas independientes.
La Junta Nacional de Justicia nombra y sanciona a jueces y fiscales, así como a los jefes de las entidades que organizan las elecciones y tienen a su cargo el registro electoral. Una junta dominada por intereses políticos pondría en peligro el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho de acceder a un tribunal de justicia imparcial e independiente, y el derecho al voto. El Congreso tiene previsto debatir y votar sobre la remoción de los miembros de la junta el 8 de noviembre.
“La Junta Nacional de Justicia es una institución clave para la imparcialidad e independencia de jueces, fiscales y autoridades electorales”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Remover a sus miembros por medio de un proceso motivado por intereses políticos amenazaría los pilares del sistema democrático peruano y la protección de los derechos humanos. El Congreso debería votar en contra de remover a los miembros de la junta”.
Algunos sectores del Congreso han tomado una serie de acciones en un aparente esfuerzo por socavar los controles a su poder y apoderarse de los organismos electorales, incluyendo ataques contra la JNJ. El 7 de septiembre de 2023, el Congreso aprobó una moción para encargar una “investigación sumaria” a la comisión de justicia y derechos humanos del Congreso con el objetivo expreso de remover a los miembros de la junta. La base eran denuncias que ya estaban siendo tenidas en cuenta en procesos ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso.
Ante ello, la JNJ indicó que las acusaciones carecían de fundamento y que la remoción sin pruebas constituiría “un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”.
Aunque la Constitución permite al Congreso remover a los miembros de la junta por “causa grave”, la ley no define cuáles son esas causas y tampoco define un proceso de remoción que garantice el derecho al debido proceso de los miembros de la JNJ.
El 18 de octubre, el informe final de la comisión de justicia y derechos humanos, redactado por su secretaría técnica, concluyó que los miembros de la junta no habían incurrido en causa grave alguna que mereciera su remoción. Ese mismo día, la comisión desechó el informe y aprobó uno nuevo “con cargo a redacción”, es decir, que ni siquiera había sido redactado al momento de su aprobación, concluyendo que los miembros de la junta habían incurrido en tres causas graves.
La primera causa alegada fue una declaración emitida por la JNJ en defensa de la independencia judicial mientras el Congreso intentaba inhabilitar a la fiscal suprema y exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos porque ella interpretó que la Constitución le impedía acusar a un presidente en ejercicio—en ese entonces, Pedro Castillo—en un caso de corrupción. El Congreso finalmente la inhabilitó durante cinco años porque no estaba de acuerdo con su análisis jurídico del caso.
La segunda causa alegada también se relaciona con una interpretación diferente de la ley. La junta entendió que, si bien la Constitución exige ser menor de 75 años como requisito para ser nombrado miembro de la junta, ello no implica que un miembro en funciones deba cesar en su cargo al cumplir esa edad. El organismo gubernamental a cargo del servicio civil del Estado peruano respaldó la interpretación de la junta. Aun así, el informe de la comisión legislativa considera como “causa grave” que un miembro continúe en el cargo al cumplir los 75 años de edad.
Por último, los legisladores alegaron que la junta no había presentado sus informes anuales de 2021 y 2022 ante el pleno del Congreso, como exige la Constitución, a pesar de que el propio Congreso no convocó a las sesiones para recibir dichos informes.
La junta ha abierto varias investigaciones disciplinarias sobre la conducta de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incluyendo sobre supuestas acciones para proteger a su hermana, una jueza investigada por corrupción. Benavides ha alegado que la junta no tiene competencia sobre sus decisiones.
Varios miembros del Congreso también están siendo investigados por corrupción. Esos casos, de acuerdo con la ley que establece las atribuciones del Ministerio Público, están bajo la jurisdicción última de la oficina de Benavides.
El intento de remover a los miembros de la junta es parte de un patrón de acciones de algunos sectores del Congreso para socavar la independencia de otras instituciones democráticas.
En 2022, el Congreso nombró a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional del Perú en un proceso que careció de transparencia y de criterios claros para la selección de los candidatos.
En febrero de 2023, ese tribunal emitió un fallo de gran alcance que parece otorgar al Congreso una amplia autoridad con una supervisión mínima por parte de la judicatura. En mayo, el Tribunal Constitucional permitió al Congreso avanzar en el nombramiento como defensor del pueblo—una figura crucial para que el gobierno rinda cuentas en materia de derechos humanos. Los parlamentarios eligieron a un excongresista sin experiencia ni conocimientos en derechos humanos, quien no ha criticado los esfuerzos recientes del Congreso por socavar la independencia judicial.
Algunos congresistas buscan remover al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien defendió la integridad del proceso electoral peruano en 2021 ante las falsas denuncias de fraude por parte de miembros del Congreso. También están buscando que el Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los fiscales anticorrupción también han sido objeto de investigaciones disciplinarias que amenazan con descarrilar la lucha contra la corrupción en el Perú. En octubre, la autoridad encargada de los asuntos disciplinarios del Ministerio Público suspendió durante ocho meses a Rafael Vela Barba, uno de los principales fiscales anticorrupción, por unas declaraciones que había dado a la prensa en 2020.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ha defendido las instituciones democráticas. Al contrario, en septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Perú para expresarle su “extrañeza” por un comunicado de prensa de la ONU en el que se sostenía que “la separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena”.
La independencia judicial es crucial para la defensa de los derechos humanos y es parte integral de un Estado de derecho y del sistema democrático. Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la ONU establecen que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”. La Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirma que un elemento esencial de la democracia representativa es “la separación e independencia de los poderes públicos”.
La comunidad internacional debería condenar el proceso altamente cuestionable de remoción de los miembros de la JNJ y pronunciarse en defensa del sistema democrático peruano. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, debería visitar el Perú para reunirse con los actores involucrados.
En 2013, después de que el Congreso de Ecuador destituyera a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a otros jueces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que esa medida “constituyó un atentado contra la independencia judicial” y “alteró el orden democrático”, indicando que “la separación de poderes guarda una estrecha relación, no sólo con la consolidación del régimen democrático, sino además busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos”.
En otro caso de 2021 la Corte Interamericana estableció que la garantía de la independencia judicial prohíbe la destitución de funcionarios judiciales en razón de los fundamentos o el contenido de sus decisiones, salvo en casos de infracciones intencionales de la ley o comprobada incompetencia.
“Al atacar, deslegitimar y, en última instancia, apoderarse de las instituciones que pueden ejercer un control sobre sus acciones, el Congreso del Perú está destruyendo la democracia del país desde dentro”, dijo Goebertus. “La comunidad internacional, en particular la Organización de los Estados Americanos, debe dar un paso al frente y reaccionar ante las amenazas al sistema democrático en el Perú”.
