- Las restricciones de movimiento, a menudo promovidas por Estados Unidos, han empujado a migrantes y solicitantes de asilo a cruzar el Tapón del Darién, lo cual los expone a abusos y fortalece el crimen organizado en la región.
- Las devastadoras historias de quienes cruzan el Tapón del Darién son el resultado de políticas fallidas que empujan a los migrantes hacia rutas peligrosas.
- Los gobiernos de las Américas deberían tomar medidas para establecer políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos, incluyendo a través de la creación de vías seguras y legales para migrar y garantías para solicitar asilo.
(Washington D.C.) - Las restricciones de movimiento impuestas por los gobiernos de las Américas han llevado a migrantes y solicitantes de asilo a arriesgar sus vidas cruzando el Tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 65 páginas, “‘Este infierno era mi única opción’: Abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién” es el primero de una serie de informes de Human Rights Watch sobre la migración a través del Tapón del Darién. Human Rights Watch obtuvo evidencias de que las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por Estados Unidos, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el Tapón del Darién, lo cual los expone a abusos, incluyendo violencia sexual, y fortalece el crimen organizado.
“Las dolorosas historias que escuchamos en el Tapón del Darién son el resultado de políticas migratorias fallidas que empujan a los migrantes hacia una selva donde están expuestos a todo tipo de peligros”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Los crecientes desafíos migratorios en nuestra región exigen nuevas políticas de alcance regional que garanticen los derechos de las personas en movimiento”.
En el último año, más de medio millón de personas han cruzado el Tapón del Darién en su viaje hacia el norte, generalmente hacia Estados Unidos. Muchos huyen de crisis de derechos humanos en las Américas, incluyendo de violencia, persecución y pobreza. Miles de venezolanos, haitianos y ecuatorianos, pero también personas de otras regiones como Asia y África, arriesgan sus vidas en esta selva.
Más de 440.000 venezolanos han cruzado el Tapón del Darién desde enero de 2022, la cifra más alta entre todas las nacionalidades. Huyen de una grave emergencia humanitaria, que ha limitado el acceso a alimento y medicinas, y de abusos y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad, grupos armados y pandillas.
Human Rights Watch visitó el Tapón del Darién cuatro veces entre abril de 2022 y junio de 2023 y entrevistó a casi 300 personas para documentar las causas y respuestas a esta crisis. Entre los entrevistados se encontraban migrantes y solicitantes de asilo que habían cruzado o estaban por cruzar el Darién, víctimas de graves abusos, trabajadores humanitarios, autoridades colombianas y panameñas y expertos en migración de toda la región. Los investigadores también analizaron datos e informes de los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos; agencias de la ONU; organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales, regionales y locales; y clínicas jurídicas.
Human Rights Watch encontró evidencias de que los requisitos de visado impuestos por los gobiernos de México y Centroamérica contribuyen al aumento de migrantes que cruzan el Darién. Tras la imposición de requisitos de visado por parte de algunos de estos países a venezolanos y ecuatorianos en 2021 y 2022, el número de personas de ambas nacionalidades que cruzan el Darién se ha disparado, lo que sugiere una relación entre el requisito de visado y el aumento de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan esta selva.
A lo largo de varios días de camino por el Darién, migrantes de todas las nacionalidades sufren frecuentemente robos y graves abusos, incluyendo violencia sexual.
Del lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico, regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo, decide quién puede asistirlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta para la población local y los migrantes, que a veces hace cumplir mediante la violencia. El Ministerio de Defensa de Colombia estima que el Clan obtiene en promedio 125 dólares por cada persona que cruza el Darién. Si la estimación es correcta, el grupo armado pudo haber obtenido un total de 57 millones de dólares entre enero y octubre de 2023 debido su control sobre la ruta migratoria.
Criminales y delincuentes abusan de los migrantes y solicitantes de asilo cuando cruzan las numerosas rutas que atraviesan la selva, especialmente en el lado panameño. Cometen de forma rutinaria robos y abusos sexuales y en numerosas ocasiones violaciones sexuales. La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha asistido a 950 personas, la mayoría mujeres, que reportaron violencia sexual al cruzar el Tapón del Darién desde abril de 2021.
En mayo de 2022, varios hombres armados tendieron una emboscada a un grupo de migrantes, entre ellos una mujer haitiana de 22 años que viajaba con su esposo y su hijo de un año. Los hombres la separaron a ella y a otras dos mujeres del grupo, según contó. Un hombre la empujó contra un árbol y la agredió sexualmente. Un segundo hombre se sumó al primero y le preguntó dónde estaba el dinero. Ella apunto a sus botas. Se llevaron todo el dinero que tenía guardado y la dejaron ir.
Sobre la base de la Declaración sobre la Migración y Protección de Los Ángeles, firmada por 21 países de la región en 2022, los gobiernos de América deberían adoptar medidas para garantizar políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos. También deberían aprovechar el Foro Mundial sobre los Refugiados de diciembre de 2023 y el próximo 40° aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984—un histórico instrumento internacional sobre derechos de los refugiados en América Latina—para responder a los crecientes retos migratorios de la región.
Los gobiernos deberían poner en marcha un régimen de protección temporal para toda la región que conceda a los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo razonable y renovable. También deberían garantizar que la imposición de visados no impida en la práctica el acceso al refugio y no fuerce a las personas a recurrir a caminos peligrosos, incluyendo el Tapón del Darién, señaló Human Rights Watch.
Asimismo, los gobiernos de la región deberían tomar medidas para crear un mecanismo regional equitativo y centrado en los derechos humanos para determinar qué Estados son responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados. El mecanismo debería tomar en cuenta, en lo posible, factores individuales, tales como vínculos sociales o familiares y preferencias individuales de los solicitantes. Los Estados deberían distribuir los costos de manera equitativa y ofrecer a los Estados miembros incentivos para compartir dicha responsabilidad, señaló Human Rights Watch.
“Los migrantes y solicitantes de asilo tienen derecho a poder movilizarse de forma segura y digna”, señaló Goebertus. “Todos tienen derecho a condiciones básicas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”.
