(Nueva York) – Los retrasos en el establecimiento del fondo de ayuda humanitaria para Venezuela administrado por la ONU están agravando la emergencia humanitaria en el país, señaló hoy Human Rights Watch.
El 26 de noviembre de 2022, tras meses de negociaciones suspendidas, representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición firmaron un acuerdo para aumentar la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Sin embargo, el fondo, que se establecerá con activos del Estado venezolano que han sido congelados en el exterior, aún no se ha creado.
“El gobierno de Maduro, la oposición, la ONU y el gobierno de los Estados Unidos deben actuar con rapidez y transparencia para garantizar que la ayuda llegue a los venezolanos”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Los millones de venezolanos con graves necesidades humanitarias no pueden seguir esperando”.
HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil que monitorea la emergencia humanitaria, estima que, de una población de 28,7 millones de personas en Venezuela, 19 millones (66%) tienen necesidades humanitarias y 18,7 millones (65%) “perdieron o agotaron sus medios de vida de forma irreversible” y están en la pobreza.
En marzo y junio de 2023, Human Rights Watch entrevistó a decenas de venezolanos que cruzaron o pretendían cruzar el Tapón del Darién, una selva en la frontera entre Colombia y Panamá. En la mayoría de los casos tenían la intención de llegar a Estados Unidos. Algunos dijeron que huían de la persecución, incluyendo por parte de las fuerzas de seguridad y las pandillas. Muchos otros dijeron que huían de las arduas condiciones económicas de su país y de la dificultad de conseguir medicinas, alimentos y otros bienes y servicios esenciales, en el contexto de la emergencia humanitaria que afecta al país.
Más de 7,3 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2014, alrededor del 80% hacia otros países latinoamericanos. El número de venezolanos que cruzan el Darién se ha incrementado considerablemente, alcanzando más de 250.000 desde principios de 2022.
Según HumVenezuela, en marzo de 2022, el 92,9% de los hogares en Venezuela tenían miembros de la familia que habían salido del país. La plataforma estima que más del 55% de los hogares gasta todo su presupuesto en alimentos, y el 22,7% de los hogares no tiene ingresos suficientes para comprar alimentos. Venezuela tiene la mayor prevalencia de subalimentación de Sudamérica, según el Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de la ONU.
En marzo de 2022, 8,4 millones de “personas con afecciones de salud graves” enfrentaban a obstáculos para recibir atención médica. La falta de electricidad y agua potable afecta a los servicios hospitalarios, según datos de la Encuesta Nacional de Hospitales, realizada por una organización de trabajadores de la salud. Aunque la escasez de medicamentos ha disminuido desde 2018, estos son inaccesibles para más de 9 millones de personas, concluyó la plataforma.
Según el acuerdo alcanzado en noviembre, las reservas del Estado venezolano en el exterior se invertirán en un “fondo para la protección social del pueblo venezolano” dedicado a apoyar las necesidades de atención en salud, alimentación, educación y electricidad. El fondo será diseñado, establecido y administrado por la ONU, y los miembros del gobierno y de la oposición formarán parte de una comisión de seguimiento y verificación del mismo.
Los retrasos en la ejecución del acuerdo parecen estar relacionados con la falta de acción del gobierno de Maduro para identificar los activos congelados en el exterior, retrasos de los gobiernos y bancos extranjeros para liberar esos activos y a la demora de la ONU para crear el fondo. Solo en mayo, después de seis meses del acuerdo, el gobierno de Biden garantizó a la ONU que protegería el fondo de los acreedores que pudieran intentar embargar el dinero para cobrar deudas pendientes.
El gobierno de Maduro ha paralizado las negociaciones con la oposición alegando que otras partes interesadas no han cumplido su parte del acuerdo. Sin embargo, el acuerdo humanitario indica que el desarrollo de la agenda de negociaciones “no podrá ser condicionado, suspendido o retrasado por cualquier aspecto derivado de la ejecución del […] acuerdo”.
El gobierno de Maduro, la oposición y las Naciones Unidas deben tomar medidas concretas para implementar el acuerdo. Debe asegurarse que los fondos lleguen a todos los que lo necesitan de manera apolítica y cumpliendo el principio humanitario básico de neutralidad, señaló Human Rights Watch. Los gobiernos extranjeros que tienen activos venezolanos en sus bancos deben actuar con prontitud para proteger estos activos y transferirlos lo antes posible al fondo humanitario.
“A menos de que avancen las negociaciones entre el gobierno y la oposición, hay pocas esperanzas de que puedan satisfacerse las urgentes necesidades en materia de derechos humanos de los venezolanos”, dijo Goebertus. “Cumplir el acuerdo humanitario es un primer paso esencial para que esto suceda”.
